El exedil del GIL Javier Lendínez en una imagen de archivo junto a Julián Muñoz en un juicio urbanístico
El exconcejal del Grupo Independiente Liberal (GIL), que estuvo cinco años fugado de la justicia, fue capturado un día antes de que se conociera el fallo del caso Malaya. En su primera declaración ante la Audiencia Provincial de Málaga, ha negado haber recibido dinero de Roca.
Javier Lendínez finalmente se ha sentado en el banquillo de los acusados tras estar huido de la justicia desde diciembre de 2008 hasta octubre de 2013, cuando fue capturado en el aeropuerto de Barajas. El Tribunal que ahora lo juzga está formado por los mismos magistrados que dictaron sentencia sobre el resto de procesados en la misma causa. La vista oral ha comenzado este lunes y se prevé que dure hasta el miércoles.
Están citados para declarar algunos de los policías y funcionaros de la Agencia Tributaria que participaron en la investigación y que ya comparecieron en el juicio contra los otros 95 procesados en este asunto. También han sido citados a declarar, como testigos, Juan Antonio Roca y el exalcalde Julián Muñoz.
Durante la vista del lunes, Lendínez ha afirmado que sólo cobraba su sueldo, primero como teniente alcalde y luego como concejal en la oposición, además de la asignación del Grupo Mixto en el que estaba tras la moción de censura, pero que “jamás” recibió cantidad alguna de dinero del exasesor de Urbanismo, Juan Antonio Roca. Asimismo, ha justificado aquellos ingresos y los que le daba su hermana por ayudarle en un negocio, mediante las transferencias que constan en sus cuentas bancarias.
Respecto al convenio urbanístico Vente Vacío ha asegurado que desconocía el contenido de los expedientes y que el sentido del voto en estos temas llegaba a las comisiones de gobierno con la indicación de si era favorable o no por lo que los miembros se limitaban a aprobar las licencias.
Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción solicita para Lendínez una pena de 10 años de prisión y 18 de inhabilitación por los delitos de cohecho pasivo con carácter continuado para fin delictivo y acto injusto y por prevaricación administrativa y malversación. Además, está imputado en varias causas relacionadas con supuestas irregularidades urbanísticas en Marbella.
