La exedil de Urbanismo del PP, Alba Echeverría, junto a la exalcaldesa de Marbella Ángeles Muñoz, consultando plano del PGOU en 2009. FOTO/ MARBELLA IMAGEN
El jefe del servicio de Planeamiento Urbanístico de la Junta de Andalucía, Antonio Becerra, ha declarado este miércoles ante el juez del ‘caso PGOU’, Gonzalo Dívar, que el Ejecutivo autonómico no autorizó ni pactó cambios en el Plan General de Ordenación Urbana de Marbella en la reunión que representantes de dicha administración mantuvieron con una delegación del Ayuntamiento el 27 de julio de 2009. El encuentro se produjo dos días antes de la celebración del pleno del Consistorio en el que se llevó a cabo la aprobación inicial del documento que investiga el magistrado, a raíz de la denuncia de Fiscalía sobre un presunto delito de falsedad en torno a 22 planos, así como sobre el acta plenaria.
La declaración de Becerra como testigo resulta de lo mas relevante, al ser contraria a las tesis que mantiene desde el comienzo de la instrucción la principal denunciada, Angéles Muñoz como alcaldesa (aforada como senadora), al asegurar que se pactaron una serie de modificaciones con la Junta en aquella reunión del 27 de julio. La versión de Muñoz es la misma que mantienen el resto de encausados: la exedil de Urbanismo del PP, Alba Echeverría, así como el vicesecretario general del Consistorio marbellí, Javier de las Cuevas.
Según distintas fuentes jurídicas consultadas por Marbella Confidencial el funcionario de la Junta que ha testificado este miércoles aseguró desconocer cualquier cambio o modificación de “última hora” que hubiera introducido el equipo redactor del Plan, dirigido por el arquitecto Manuel González Fustegueras, o que se estuvieran preparando futuras modificaciones urbanísticas.
Otro aspecto que no es baladí, a resultas de esta declaración testifical de Becerra, apunta a que el funcionario sostiene que la Dirección General de Urbanismo desconocía, aquel 27 de julio de 2009, el informe del Consejo Consultivo al que se aferran las defensas para mantener sus tesis sobre que los cambios los había ordenado la Junta en base a tal documento, en el que se recogía la modificación de la polémica linde entre Marbella y Benahavís. La gran mayoría de los planos supuestamente alterados afecta a terrenos del municipio vecino, en manos de familiares directos de la ahora senadora conservadora. Hay también unos 70.000 metros que afectan a La Cañada, propiedad de Tomás Olivo, así como suelos vinculados al complejo de restaurante a pie de playa ‘El Ancla’, situado en San Pedro Alcántara.
De hecho, Becerra declaró ante el juez, en presencia del fiscal Julio Martínez Carazo, que en su departamento no tuvieron acceso al expediente del Consultivo hasta febrero de 2010, siete meses después de producirse los hechos denunciados por el Ministerio Público.
Este alto funcionario también aclaró ante la autoridad judicial que las competencias para la redacción del Plan General correspondían al Ayuntamiento. En este punto, el testigo indicó que el papel que desempeñó la Junta fue sólo de “asesoramiento”, pero no para imponer cambios o modificaciones, que estaban en manos de la administración local que gobernaba el PP.
Becerra corrobora el informe remitido al juez desde la Junta el 7 de febrero pasado
Fue el director general de Urbanismo de la Junta, Alejandro Márquez, quien se dirigió por escrito, a petición de Dívar, el pasado 7 de febrero para hacerle llegar el informe de Becerra en el que hacía constar que no se acordaron cambios de última hora con el equipo redactor del PGOU que dirigía el arquitecto Fustegueras, también testigo en esta causa penal.
El ahora testigo Antonio Becerra, que corrobora con su testimonio judicial el informe enviado por Márquez, sostenía en el escrito remitido al magistrado de Marbella que a la citada reunión del 27 de julio de 2009 asistió Rañada, a quien se le entregaron “unas notas técnicas”por parte de la Consejería. “De esta forma se trasladaba al Ayuntamiento que no procedían dichos cambios; bien por la necesidad de una nueva información pública, bien por alterar el esquema general que sirve de sustento al PGOU, o bien porque algunos de ellos podían ser corregidos en simple subsanación, tras la aprobación definitiva [del PGOU] y con el correspondiente procedimiento que se señalaría en la resolución sobre la aprobación definitiva”, reza el escrito remitido al Juzgado de Instrucción 3 marbellí.
Desde el entorno de las defensas personadas en esta causa judicial se afirma que Becerra no conocía el contenido del dictamen del Consultivo pero, aseguran, en sus normas técnicas tenia consignado que “en todo caso, tenía que ser seguido”. Añaden estas fuentes que “aun cuando era técnicamente un dictamen facultativo para el consejero de la Junta [Juan Espadas], era necesario seguirlo”.
Otro aspecto que destacan las fuentes de las defensas citadas es que Becerra estudió el Plan General de Marbella “después del pleno del 29 de julio de 2009”, cuando el documento se envío a la Junta desde el Ayuntamiento. Añaden también que este testigo emitió un informe en 2010 en el que afirmaba estar conforme con el dictamen del Consejo Consultivo.
