El juez del ‘caso PGOU’ cita como testigo a un jefe de servicio urbanístico de la Junta Antonio Becerra está citado a declarar el próximo 14 de junio, como autor de un informe, enviado al juez Dívar el 7 de febrero, en el que se aseguraba que desde la administración autonómica se le comunicó al Ayuntamiento, dos días antes de la aprobación inicial del PGOU, en julio de 2009, que no se autorizaban cambios de última hora ;También se ponía de manifiesto que nunca se autorizaron modificaciones de las lindes entre Marbella y BenahavísAntonio Becerra está citado a declarar el próximo 14 de junio, como autor de un informe, enviado al juez Dívar el 7 de febrero, en el que se aseguraba que desde la administración autonómica se le comunicó al Ayuntamiento, dos días antes de la aprobación inicial del PGOU, en julio de 2009, que no se autorizaban cambios de última hora ;También se ponía de manifiesto que nunca se autorizaron modificaciones de las lindes entre Marbella y Benahavís

El juez Gonzalo Dívar, el pasado 23 de mayo, tras tomar declaración a dos imputados en el ‘caso PGOU’. FOTO/ MARBELLA CONFIDENCIAL

El titular del Juzgado de Instrucción 3 de Marbella, Gonzalo Dívar, ha citado a declarar como testigo al jefe de servicio de Planeamiento Urbanístico de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Antonio Becerra, en el marco del llamado ‘caso PGOU’, en el que se investiga la presunta falsedad y alteración de documentos relacionados con el Plan General de 2010.

Según han precisado a Marbella Confidencial fuentes jurídicas Becerra está citado para el 14 de junio. Cabe recordar que este cargo técnico del Ejecutivo autonómico es el autor de un informe, enviado al juez instructor el pasado 7 de febrero, en el que se daba cuenta de una reunión, celebrada el 27 de julio de 2009 (dos días antes del famoso pleno municipal del 29 de julio) entre técnicos de la Junta y el entonces director general de Urbanismo del Ayuntamiento, Juan Carlos Fernández Rañada, cargo de confianza nombrado por la entonces alcaldesa marbellí, Ángeles Muñoz (PP).

Fue el director general de Urbanismo de la Junta, Alejandro Márquez, quien se dirigió por escrito, a petición de Dívar, el pasado 7 de febrero para hacerle llegar el informe de Becerra en el que hacía constar que no se acordaron cambios de última hora con el equipo redactor del PGOU que dirigía el arquitecto Fustegueras, también testigo en esta causa penal.

El ahora testigo Antonio Becerra sostenía en el escrito enviado al magistrado de Marbella que a la citada reunión asistió Rañada, a quien se le entregaron “unas notas técnicas”por parte de la Consejería. “De esta forma se trasladaba al Ayuntamiento que no procedían dichos cambios; bien por la necesidad de una nueva información pública, bien por alterar el esquema general que sirve de sustento al PGOU, o bien porque algunos de ellos podían ser corregidos en simple subsanación, tras la aprobación definitiva [del PGOU] y con el correspondiente procedimiento que se señalaría en la resolución sobre la aprobación definitiva”, reza el escrito remitido al Juzgado de Instrucción 3 marbellí.

Por su parte, el director general de Urbanismo explicó al magistrado, por escrito, que en dichas reuniones “no se elaboraban, ni se elaboran actualmente actas de las mismas”. Las partes reunidas “analizaron unas propuestas municipales de posibles modificaciones a introducir, o no, en el citado documento sobre algunos cambios”.

De hecho, la Junta aclaró que “parte de estas propuestas municipales se incluyeron posteriormente por el Ayuntamiento de Marbella en el expediente administrativo de la tramitación del PGOU y que consta en este Servicio”.

Entre la modificaciones que nunca fueron consensuadas con el Consistorio marbellí y, por tanto, no autorizadas por la Junta estaba “el reflejo en el Plan de los límites municipales de Marbella”, en alusión a la polémica modificación de planos relativos a la segregación de terrenos a Benahavís.

Esta versión, que deberá ser corroborada en sede judicial el próximo 14 de junio, difiere por completo de la que han manifestado hasta ahora tanto la exedil de Urbanismo imputada, Alba Echeverría (PP), como el propio Rañada, así como Fustegueras. Todos ellos mantienen que se hicieron cambios en los planos a instancia de la Junta, incluso la noche antes del pleno del 29 de julio de 2009, y siempre bajo el criterio, supuestamente invocado por la Junta, para acatar un dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, que dio a conocer la entonces alcaldesa Muñoz el 15 de julio de aquel año.