El titular del Juzgado de Instrucción 3 de Marbella, Gonzalo Dívar, en imagen de archivo saliendo de los Juzgados. FOTO/ J.C. VILLANUEVA
El titular del Juzgado de Instrucción 3 de Marbella, Gonzalo Dívar, aprecia un supuesto delito de malversación de fondos públicos y prevaricación en las contrataciones de 12 cargos de confianza o de alta dirección en el Ayuntamiento durante el mandato de Ángeles Muñoz como alcaldesa, entre 2007 y 2015, según recoge en un auto que ha remitido al Consistorio y del que ha informado este jueves el portavoz municipal, Javier Porcuna.
El juez señala en la parte dispositiva del escrito que abre diligencias previas para tratar de esclarecer las circunstancias que rodearon las incorporaciones de los empleados por parte del PP y de las que ha dado cuenta a la Fiscalía y ha pedido al equipo de gobierno que le remita los expedientes de las contrataciones y copias de las sentencias judiciales en las que se acordaban la readmisión de los trabajadores que fueron despedidos y de los informes jurídicos que la asesoría municipal elaboró sobre las contrataciones de Francisco Ramos y Carlos Augusto Puertas.
Dívar abre las diligencias previas contra “quienes resulten responsables en el transcurso de la instrucción de la causa”. Porcuna ha destacado en este punto que el equipo de gobierno “sabe y ya adelantó” que fue Muñoz la que, en calidad de alcaldesa o de consejera delegada de algunas sociedades, firmó las contrataciones.
Antes de la entrada del auto de Dívar, el Consistorio recibió un escrito del fiscal jefe del Área de Marbella en el que solicitaba al equipo de gobierno la misma documentación que la requerida por el titular del Juzgado de Instrucción 3, además de un informe del Consejo Consultivo de Andalucía emitido el 21 de diciembre de 2015. El equipo de gobierno preparó la información en formato papel y digital. Sin embargo, antes de convocar la Junta de Gobierno para que el tripartito aprobara el envió de la documentación, llegó el escrito de Dívar.
“Hay una diferencia enorme entre los escritos del Fiscal y del juez y es que éste último ya abre diligencias previas y define los delitos, prevaricación y malversación de caudales públicos”, ha señalado Porcuna.
Cargos de alta dirección sin poderes
Fue el actual Ejecutivo que preside José Bernal el que envío una denuncia a la Fiscalía, que a su vez ha dirigido la acusación al Decanato de los Juzgados de Marbella, donde ha recaído por reparto en el citado magistrado, que ya instruye otra causa sobre la presunta falsificación del PGOU de 2010 en la que se investiga a la exedil de Urbanismo Alba Echeverría (PP) tras ser denunciada la exregidora Muñoz, actualmente aforada por ser senadora. Además también está encausado el vicesecretario municipal Javier de las Cuevas.
Parte de los empleados contratados como cargos de confianza o de alta dirección lograron ser readmitidos en el Ayuntamiento tras conseguir en los tribunales sentencias en las que se señalaban que sus despidos se realizaron en fraude de ley. Otros trabajadores optaron por percibir una indemnización y renunciar a sus puestos.
El equipo de gobierno consideró que estas contrataciones conllevaron un “daño” al Ayuntamiento del que se podría derivar “algún tipo de responsabilidad penal”, por lo que, tras solicitar informes a la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento, puso los hechos en conocimiento de Fiscalía.
A juicio de Porcuna, Dívar investiga en la misma línea que había planteado la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento sobre la tramitación de las contrataciones y en qué circunstancias se firmaron. “Se había contratado a personas en alta dirección que no habían recibido poderes para actuar en nombre de la empresa en las que se les contrataba. En otros casos había deficiencias académicas porque algunas personas no tenían la cualificación suficiente para ocupar algunos puestos. Ahora el juzgado va en esa línea”, ha apuntado Porcuna.
