El juez Gonzalo Dívar, sale de los Juzgados de Marbella, en una foto de archivo.
Será la Audiencia de Málaga el tribunal que tenga la última palabra a la hora de decidir sobre la reapertura del llamado ‘caso PGOU’, después de que el juez instructor, Gonzalo Dívar, haya dictado un auto, notificado el pasado 20 de octubre, en el que rechaza el recurso de reforma presentado por el PSOE de Marbella frente al auto de sobreseimiento provisional de dicho magistrado fechado el pasado mes de agosto. Se da la circunstancia de que el fiscal de Área, Julio Martínez Carazo, se adhirió al recurso de los socialistas, al margen del consiguiente recurso de apelación ante el citado tribunal provincial, aún pendiente de resolución.
En la resolución judicial de Dívar, de cuatro folios de extensión y a la que ha tenido acceso Marbella Confidencial, el titular del Juzgado de Instrucción 3 de la ciudad confirma su auto anterior del 9 de agosto y sostiene que la parte recurrente, el PSOE, “sin aportar alegaciones nuevas, viene a reproducir textos anteriores presentados”.
Dívar corrobora que no existió ningún delito de falsedad en el acta plenaria del 29 de julio de 2009. Cabe recordar que la denuncia de Fiscalía se dirigió por estos hechos contra la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, y el vicesecretario municipal, Javier de las Cuevas. La primera es aforada, por su condición de senadora, y sólo puede ser investigada por el Tribunal Supremo.
El instructor sostiene, en relación con el escrito del equipo redactor, introducido en la misma mañana del pleno del 29 de julio de 2009 para la aprobación del PGOU que “no hubo ninguna intención por el equipo de Gobierno, de que dicho escrito,donde se contenían las modificaciones introducidas a última hora, pasaran desapercibidas, pues el escrito ni fue presentado por dicho equipo de Gobierno, ni fue redactado por este, ni fue quién introdujo los cambios mencionados,además de quedar acreditado a través de la grabación del Pleno,que la existencia de los escritos y las modificaciones introducidas fueron trasladadas a los concejales por el Sr. Cuevas y la Sra. Muñoz”.
Sobre la grabación de vídeo del pleno, aportada al procedimiento penal, Divar argumenta que “se puede concluir que sí se hizo referencia en el Pleno,en mayor o menor medida, al escrito/s presentado/s por Registro con no 063630,relativo a la suspensión de licencias y modificaciones de los planos del PGOU realizado por el Equipo Redactor a instancia de la Junta”.
En base a lo anterior, el magistrado recalca que “se puede afirmar que se puso en conocimiento de los asistentes dichas modificaciones, quizás, no con la amplitud y precisión que era exigible y deseable, pero por ello no puede afirmarse que constituya el delito que se investiga,en virtud del principio de intervención mínima”, reza la resolución judicial dictada el 17 de octubre.
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La Audiencia de Málaga rechazó en otro auto las pruebas solicitadas por el abogado del PSOE, Jaime Olcina, en relación a otras declaraciones testificales, así como a que se ampliara la investigación judicial del Juzgado de Instrucción a otros hechos que tenían que ver con la denuncia, archivada también por Dívar en 2010, sobre el deslinde entre Benahavís y Marbella. El entonces edil socialista Javier de Luis denunció a la alcaldesa, Ángeles Muñoz, en relación con los intereses personalesde ésta y su familia en los suelos objeto del deslinde, pero Dívar no apreció indicios de delito.
