El titular del Juzgado Federal Número 2 de San Juan (Argentina), Leopoldo Rago Gallo, ha rechazado la petición de excarcelación temporal que había solicitado la defensa del exconcejal de Marbella Carlos Fernández, hasta ahora prófugo del ‘caso Malaya’, que intentaba conseguir que éste pudiera quedar en libertad a la espera de la decisión que se adopte en el plazo de menos de 30 días sobre la posible extradición del expolítico del Partido Andalucista (PA), en caso de que finalmente sea reclamado por España a las autoridades argentinas, en caso de apreciar que sus causas judiciales no están prescritas en su totalidad.
La información sobre esta resolución judicial ha sido adelantada por el diario digital argentino Tiempo de San Juan. No obstante, Marbella Confidencial ha podido confirmar en fuentes judiciales que el fiscal federal que lleva este complejo procedimiento, Francisco Maldonado, se ha opuesto mediante un informe a las pretensiones de la defensa. El principal argumento del acusador público, que ahora mismo “vela por asegurar el eventual pedido de extradición que haga el Reino de España”, según estas fuentes, radica en el evidente riesgo de fuga que, a su juicio, se produciría en caso de excarcelar a Fernández. Se ha tenido en cuenta, sobremanera, la orden internacional de busca y captura dictada contra Fernández en 2010.
La petición del Ministerio Fiscal se enmarca en lo que califican como “una medida cautelar para que el juez deje detenido a Fernández” en la prisión provincial de Chimbas. Concretamente, se encuentra en un módulo con otros presos federales, distintos a los delincuentes comunes. De hecho, comparte pabellón con exmilitares de la dictadura de Videla condenado por delitos de lesa humanidad, así como con traficantes de personas, armas y drogas, entre otros.
Este medio digital también ha podido confirmar que el citado juez federal se ha dirigido al Ministerio de Exteriores de España, cuyo titular es Alfonso Dastis, para que se pronuncie formalmente sobre si nuestro país está interesado en reclamar la extradición de Fernández y aún no se ha producido la respuesta, de ahí el plazo de 30 días que se estableció desde la detención del fugitivo durante once años, ocurrida el pasado 15 de septiembre en la localidad de Rivadavia, provincia de San Juan, a unos 1.200 kilómetros al oeste de Buenos Aires.
Ahora la defensa tiene la posibilidad de recurrir en apelación la negativa a excarcelar de forma temporal al recluso ante la Cámara Federal de Apelaciones, situada en la provincia de Mendoza, limítrofe con San Juan, según las fuentes citadas. Por lo que respecta al proceso en sí de extradición entre Argentina y España, en caso de que el juez federal pudiera denegar la reclamación de España cabría un recurso ante la Corte Suprema argentina, también el resto de partes pueden dirigirse al citado tribunal superior.