El titular del Juzgado de Instrucción 5 de Marbella, Sergio Ruiz Martín, a su salida de la sede judicial en el barrio de Miraflores. FOTO/ MARBELLA CONFIDENCIAL
El titular del Juzgado de Instrucción 5 de Marbella, Sergio Ruiz Martín, ha cursado una nueva petición de extradición al Gobierno central en relación con el prófugo Carlos Fernández, actualmente encarcelado en Argentina.
Según han confirmado a Marbella Confidencial fuentes jurídicas se trata de una causa por delitos urbanísticos que se dirigía no sólo contra Fernández, sino contra otros miembros del equipo de gobierno tripartito que presidió la exalcaldesa Marisol Yagüe.
A juicio de este magistrado, que ya solicitó al Ejecutivo de Mariano Rajoy la extradición de Fernández por el ‘caso Malaya’, la causa urbanística que afecta al exedil del PA no habría prescrito.
Así pues se acumulan las peticiones de extradición contra Fernández en la mesa del Consejo de Ministros, que tiene hasta el 25 de octubre para tomar una decisión.
La Fiscalía ha remitido otras cuatro peticiones a órgano judiciales de Marbella, que están pendientes de resolver, según han asegurado fuentes judiciales que cita Europa Press.
En esta nueva causa, el magistrado de Instrucción 5 ha dictado auto de prisión incondicional contra el exedil y ha solicitado a las autoridades argentinas, a través de Interpol, que mantenga la prisión preventiva del fugado, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
Esta solicitud de extradición se refiere a un proceso abierto por la presunta concesión ilegal de licencias urbanísticas. Se trata de una voluminosa causa que acumuló cerca de cinco tomos y que, en el momento de la fuga del exconcejal, se encontraba ya en fase de procedimiento abreviado.
El tiempo de prescripción fijado para este tipo de delitos es de diez años y, de hecho, el auto de apertura de juicio oral fue dictado en 2009, lo que suponía interrumpir el transcurso del tiempo de prescripción, según han manifestado las fuentes.
Esta es la segunda causa por la que el mismo juzgado solicita al Ministerio de Justicia la extradición de Fernández, después de pedirla por el caso ‘Malaya’, contra la corrupción en dicha localidad. Además, la Audiencia Nacional también propuso al Gobierno español que tramitara esta solicitud por el caso ‘Saqueo II’.
En el caso de ‘Malaya’, el juez denegó la prescripción del delito de cohecho por el que estaba siendo investigado, ya que tiene un periodo de vigencia de 15 años. Así, consideró que este tiempo sigue vigente no sólo porque no ha transcurrido ese plazo desde el inicio de la instrucción del caso, sino también debido a los posteriores trámites y resoluciones judiciales que se fueron adoptando.
En total, la Fiscalía malagueña ha remitido a los órganos judiciales marbellíes escritos para que se solicite la extradición de Fernández por seis procedimientos, de los que dos ya se han acordado; mientras que quedan cuatro pendientes de resolver en los juzgados de Instrucción número 1 y 3.
En todos los casos se trata de delitos contra la ordenación de territorio y en esas causas el fiscal considera que no han prescrito, al no haber transcurrido el plazo de diez años, ya que existen resoluciones que han paralizado ese tiempo; solicitando que se decrete la prisión de Fernández, así como su detención en relación con esos procedimientos.
Uno de estos casos, según han indicado a Europa Press fuentes judiciales, se refiere a una causa iniciada por la documentación remitida por el que era jefe adjunto del Servicio Municipal de Obras del Ayuntamiento y que dio lugar a una denuncia que afectaba a Fernández y otros exconcejales, por delitos de malversación, fraude en contratación, prevaricación y otros.
La orden de busca y captura y rebeldía se acordó en 2014 y en febrero de 2016 se reiteró, acordando, además, el archivo de la causa respecto a él hasta que fuera encontrado y la apertura de juicio oral para el resto de investigados, contra los que se realizó acusación. Los delitos imputados “afectan también” a Fernández, considera la Fiscalía.
Condena prescrita en el ‘caso jugadores’
Por otro lado, la Sección Tercera de la Audiencia de Málaga ha declarado prescrita otra causa en la que Carlos Fernández fue condenado en sentencia firme. Se trata de una causa en la que un jurado popular le consideró culpable de un delito de malversación y el magistrado le impuso dos años de prisión y tres de inhabilitación absoluta.
En este caso, la Fiscalía entendió que la condena estaba prescrita, ya que el Código Penal establece un plazo de cinco años para penas menos graves de menos de tres años de prisión, como es este caso. La Sala ha acogido esta tesis y ha declarado la prescripción, declarando la extinción de la responsabilidad criminal y acordando el cese de la busca y captura.
Esta condena se produjo después de que un jurado popular lo considerara culpable de malversar 82.639 euros de subvenciones del Consistorio marbellí para el pago de los jugadores de la Unión Deportiva San Pedro en la temporada 1997-1998. En este procedimiento, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) confirmó la sentencia en abril de 2006 y el Supremo no admitió a trámite el recurso en junio de 2007.
