El exalcalde de Marbella Julián Muñoz ha asegurado este lunes que “nunca” negoció convenios urbanísticos y no tenía “ni idea” de cómo se gestionaba el urbanismo en la localidad, apuntando que “siempre me fie de que Jesús Gil –que fue regidor durante muchos años– no me engañaba y parece ser que me engañó bastante”.
Muñoz ha declarado en el juicio por el caso ‘Goldfinger’, que versa sobre la operación urbanística y financiera vinculada con la parcela en la que estaba el chalé del actor Sean Connery y su mujer, que no son juzgados, para la construcción de la promoción Malibú. Hay 18 acusados, junto al exalcalde, entre ellos, el exasesor de Urbanismo Juan Antonio Roca.
El exregidor ha sufrido un desvanecimiento en la Sala, cuando declaraba Roca, pero no ha llegado a perder el conocimiento ni a caerse de la silla porque los demás acusados han acudido a sostenerlo. El Tribunal ha pedido al Instituto de Medicina Legal, ubicado en la misma Ciudad de la Justicia, que subieran médicos para atenderlo y lo han hecho.
El abogado de Muñoz ha indicado que éste iba a ser examinado en el Instituto de Medicina Legal y se vería si era necesario su traslado al hospital. Tras el desvanecimiento, la sesión ha continuado durante unos minutos y luego se ha suspendido hasta este martes, pero Muñoz no tendrá que acudir porque ya había sido eximido previamente por el Tribunal.
Su declaración
Muñoz ha reconocido los hechos en cuanto al delito urbanístico y que firmó muchísimos convenios, “como ya he dicho otras veces y aunque puede sonar a chiste, no lo es, incluso en el capó de los coches”, pero ha insistido en que él no se sentó con los promotores para ver los parámetros, sino que “quien mandaba en todo era Gil”, que “daba órdenes cada cinco minutos desde el Club Financiero”.
“Y no estoy echando la culpa al muerto, estoy diciendo la verdad”, ha incidido el exregidor, quien ha apuntado que firmaba de forma “mecánica” los convenios, pero no preguntaba, lo que “me dará alguna responsabilidad”. No obstante, no ha admitido el delito de fraude del que está acusado porque dice desconocer si hubo “porque desconozco cómo se gestionaba el urbanismo y un convenio”.
Se ha preguntado “cómo voy a cuestionar algo que venía directamente del señor Gil y avalado por los técnicos”, al tiempo que ha señalado que “nunca” pensó que estaba haciendo algo ilegal “si lo hubiera pensado no estaría aquí sentado”. Respecto a Roca, ha dicho que han tenido “tiempos malos, malísimos y ahora simplemente nos sentamos juntos”.
Ha asegurado que se arrepiente “no se imagina usted cuánto” de todo por “el daño hecho a Marbella, a mi familia y a mí”, insistiendo en que “el señor Jesús Gil me engañó como engañó a la mayoría de mis compañeros, no a todos”.
Roca explica cómo se elaboraban los convenios
Por su parte el exgerente de la empresa Planeamiento 2000, encargada entonces del urbanismo marbellí, Juan Antonio Roca, también acusado en esta causa, ha empezado su declaración y ha explicado cómo se llevaron a cabo los convenios urbanísticos de 2002 y 2003 investigados en esta causa, que le llegaron por los representantes legales de los intereses en Marbella del matrimonio Connery.
Ha explicado que supo por esos representantes legales, que están acusados, y por la prensa en entonces que Connery, que tenía desde 1979 una casa en la localidad marbellí sin problemas, ahora se veía afectado por unas construcciones colindantes con más altura y “que decía que esos señores no iban a verle en calzoncillos y había decidido irse de Marbella”, por lo que pedía las mismas características urbanísticas.
Ha indicado que en Planeamiento se recibían las propuestas y el convenio se remitía a Gil al Club Financiero, desde donde su secretaria, que era su hija, “mandaba una nota y decía que su padre había dado el visto bueno y quién firmaba el documento”. Ha señalado que no hubo trato de favor “al contrario, se le perjudicó” a una empresa investigada, By the Sea, en cuanto a las compensaciones.
Respecto al supuesto cohecho del que es acusado, materializado en la promesa de dos apartamentos en la promoción Malibú, ha declarado que se mostró interesado por ellos aún estando sin terminar la construcción, porque le habían dicho que “eran los mejores por posición dentro del conjunto” y que llegó a pedir una rebaja en el precio.
Asimismo, este lunes han declarado los otros seis exediles acusados por delito urbanísticos, los cuales se han ratificado en lo dicho en la primera sesión del juicio, mostrándose conformes con los hechos tal y como están expresados en el escrito del ministerio fiscal y aludiendo a un acuerdo con la Fiscalía hace varios años sobre las licencias de obras irregulares.
Además, la Sala ha adelantado su rechazo a varias de las alegaciones de nulidad planteadas la pasada semana por las defensas, como la relacionada con el parentesco entre el primer juez instructor y el abogado del Estado personado en esta causa. El Tribunal ha considerado que es una cuestión que “no tiene trascendencia”, además de que los abogados que lo plantearon “no concretaron qué actuación judicial se vio comprometida ni la indefensión producida”