Juristas afirman que el Ayuntamiento no puede ser juez y parte en el nuevo PGOU El bufete Martínez Echevarría ha organizado una conferencia para analizar las sentencias del Supremo que anulan el Plan General de Marbella de 2010El bufete Martínez Echevarría ha organizado una conferencia para analizar las sentencias del Supremo que anulan el Plan General de Marbella de 2010

Mesa de juristas participantes en la jornada sobre el PGOU de Marbella organizada este jueves por Martínez Echeverría

Mesa de juristas participantes en la jornada sobre el PGOU de Marbella organizada este jueves por Martínez Echeverría

Destacados juristas, expertos en urbanismo, han participado este jueves en una conferencia organizada por el bufete Martínez Echevarría para analizar las consecuencias de la reciente anulación, por parte del Tribunal Supremo (TS) del Plan General de Ordenación Urbana de Marbella de 2010. Una de las conclusiones más destacadas es que “el Ayuntamiento no puede ser juez y parte, a la hora de determinar las pautas de regularización”. Se trata de algo que, a juicio de Jorge Muñoz, magistrado en excedencia del TSJA, debe quedar en manos de los tribunales “pertinentes”, en los casos judicializados.

La regularización de las anteriores situaciones declaradas ilegales “tiene que hacerse a través del oportuno órgano judicial que resuelva las medidas necesarias para mantener las edificaciones y regularizarlas, pero no exclusivamente a través de un plan cuya finalidad es regularizar situaciones”, ha expuesto Muñoz.

La ponencia ha levantado una gran expectación en el Hotel El Fuerte y la sala se ha llenado de personas interesadas en esta polémica judicial que afecta desde hace una semana al futuro de la ciudad. Junto a Muñoz han participado como ponentes Carlos García-Manrique, abogado del Estado en excedencia, y Agustín Azparren, magistrado en excedencia y exvocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Sin mirar al pasado

Una vez se ha dado por sentado que el paso más adecuado es elaborar un nuevo documento de planeamiento urbanístico, que garantice la seguridad jurídica, los expertos coinciden en que el nuevo PGOU debe hacerse “sin mirar al pasado, sin mirar a las infracciones urbanísticas que se hubieran cometido, sino a las necesidades futuras de la ciudad”, señalan los expertos al acogerse por completo a lo que ha dictaminado el Supremo.

El abogado del Estado en excedencia Carlos García Manrique ha argumentado que el TS señala en sus resoluciones que “lo que tenemos que hacer es mirar al futuro”. “El plan no es para corregir lo que se ha hecho en el pasado, sino para mirar al futuro partiendo de un principio básico que establece el vigente derecho urbanístico de la Unión Europea”.

Según este criterio jurídico “no se trata de crear ciudad, sino de regenerar la que tenemos. Dentro de esa regeneración tenemos que encajar todas estas situaciones”, ha recalcado García- Manríque.

En opinión del magistrado en excedencia del alto tribunal andaluz, Jorge Muñoz, las  dotaciones e infraestructuras públicas que sean exigibles en el próximo PGOU serán aquellas que hagan falta para el futuro desarrollo del municipio.

“Circunstancias materiales”

El jurista ha destacado que una de las “circunstancias materiales” que ha llevado al TS a suspender el PGOU ha sido el hecho de que el Consistorio “se excedió en una visión demasiado recuperadora respecto a lo que ocurrió en los años anteriores a 2010”, ha señalado, en alusión a la época de gobierno del exalcalde Jesús Gil, según informa Europa Press.

“Se ha tratado de utilizar el PGOU para recuperar las dotaciones públicas que, presuntamente en unos casos y realmente en otros, no se exigieron en su momento”, ha agregado.

El fallo del TS también emplaza a la Junta de Andalucía, como al Ayuntamiento, sobre la necesidad de respetar los derechos ya adquiridos de los propietarios, ya que “no se pueden imponer nuevas cargas a los propietarios cuando éstos ya tenían una situación de suelo urbano consolidado”, ha manifestado Muñoz.

Mercado inmobiliario

“Si hay que apreciar la necesidad de nuevas dotaciones, no deberá ser a cargo de ellos”, ha indicado Muñoz, que ha añadido que esta circunstancia “sembrará tranquilidad en el mercado inmobiliario”.”En ningún caso, situaciones consolidadas podrán ser revisadas degradando derechos ya adquiridos por los propietarios”, ha agregado.

También ha asegurado que es “lógica” la preocupación que, a su juicio, sienten los operadores jurídicos y económicos del municipio ya que la anulación de “un instrumento fundamental para la vida pública y privada de un municipio tiene una trascendencia enorme”.”Debemos tener en cuenta el currículum de la ciudad y cómo se asocia el urbanismo a patologías que se tenían por superadas en virtud del plan del 2010″, ha agregado.

 

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