Carlos Fernández custodiado por dos agentes de la Policía Federal Argentina tras su detención. FOTO/ Policía Federal Argentina
El Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella ha declarado prescritos los delitos por los que se investigaba al exedil del Partido Andalucista Carlos Fernández, que ha estado fugado once años y que hace unos días fue detenido en Argentina, en una causa, para la que decreta el sobreseimiento libre y archivo definitivo respecto al exconcejal.
Este procedimiento penal afectaba a extenientes de alcalde del equipo de gobierno tripartito que presidió la exalcaldesa Marisol Yagüe, quien fue condenada en un juicio oral, al igual que otros exconcejales como la tránsfuga del PSOE Isabel García Marcos y el exlugarteniente de Fernández en el PA, Pedro Pérez ‘Chotis’, también exsecretario provincial del citado partido político y actualmente cumpliendo prisión por ‘Malaya’.
Así consta en un auto, dictado por el juzgado el pasado 15 de septiembre y al que ha tenido acceso Europa Press. Esta causa se refería a los delitos de malversación de caudales, fraude, falsedad, prevaricación y uso de información privilegiada, según se indica en la resolución.
La jueza precisa que en mayo de 2007, fecha en la que Fernández ya se encontraba huido, fue llamado para tomarle declaración como investigado por los delitos de fraude y prevaricación administrativa. Posteriormente, esta causa fue remitida para su enjuiciamiento este año “no habiendo sido puesto a disposición en todo ese tiempo” el exedil.
Asimismo, se indica que la pena máxima con la que el Código Penal castiga esos delitos es de tres años de prisión e inhabilitación no superior a diez años, apuntando que según dicha norma la responsabilidad penal se extingue por la prescripción del delito al haber pasado un determinado plazo de tiempo desde su comisión o desde la paralización del procedimiento.
En este sentido, el auto precisa que desde que fueron cursadas las requisitorias no se le ha podido tomar declaración, habiendo transcurrido desde entonces el plazo de diez años que señala el Código Penal para los delitos investigados, “por lo que procede decretar la extinción de la responsabilidad criminal por prescripción de los delitos”.
Por eso, se decreta el sobreseimiento libre y el archivo definitivo de la causa respecto a él, según consta en la resolución, en la que se insta a que se expidan los escritos procedentes para el cese de las requisitorias en su día pedidas, tal y como ha adelantado el diario ‘La Opinión de Málaga’, y a que se comunique a la Sección Segunda de la Audiencia esta decisión.
