La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, junto al concejal de Urbanismo, Pablo Moro, en imagen de archivo
Era un secreto muy bien guardado por la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, hasta que el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) lo ha puesto al descubierto. La regidora apartó, vía decreto, el 20 de noviembre al teniente de alcalde delegado de Urbanismo, Pablo Moro, de conocer cualquier actuación, o tomar decisión alguna, en relación con el expediente sancionar abierto al polémico club de playa Funky Buddha Beach, por el que el edil está imputado por presuntos delitos de prevaricación, cohecho y contra la ordenación del territorio.
Concretamente, fue el pasado 30 de enero cuando el BOP de Málaga publicó el edicto del Ayuntamiento de Marbella que contiene el decreto de Ángeles Muñoz en el que resuelve “delegar en la Junta de Gobierno Local la competencia para las resoluciones que se adopten en los procedimientos de protección de la legalidad y sancionador, instruidos a Adventure Beach Sociedad Limitada, por infracción urbanística”. Todo ello en alusión a la empresa que explota el establecimiento y cuyo representante legal se mantiene imputado, al igual que Moro.
El edil de Urbanismo tampoco podrá conocer de los recursos que se interpongan en el expediente administrativo sancionador abierto por su delegación. En el BOP se recoge que la asunción de competencias del equipo de gobierno de Marbella, tras serle retiradas a Moro, viene reglada por el artículo 195 de la Ley 7/2002, de Ordenación Urbanística de Andalucía.
“La presente delegación [de competencias] surtirá efectos desde el mismo momento del dictado del presente decreto”, expuso la alcaldesa, cuya decisión se formalizó finalmente el 27 de noviembre de 2014.
En declaraciones a Onda Cero Marbella el portavoz del equipo de gobierno local, Félix Romero, ha asegurado que la medida de la alcaldesa se adopta “porque el delegado de Urbanismo no debe decidir” sobre el citado expediente sancionador, así como “porque es una obligación legal hacerlo de esa forma”. Ha señalado, además, que no les cabe “ninguna duda” de que el edil imputado “jamás se sentiría afectado por una circunstancia de ese tipo”, en alusión a que su independencia al decidir sobre la sanción pudiera peligrar por estar acusado de no paralizar las obras. Al fin y al cabo se trata, según Romero, de evitar cualquier tipo de elucubración sobre un posible ínterés directo del delegado de Urbanismo.
La alcaldesa ocultó la retirada de competencias a Moro en sendas entrevistas
Se da la circunstancia de que la primera edil marbellí ocultó en sendas entrevistas a la cadena Ser y Onda Cero –concedidas el 10 y el 31 de diciembre de 2014 respectivamente– haber retirado competencia urbanística alguna a Pablo Moro. De hecho, mostró su total confianza en el edil imputado. También hizo lo propio cada vez que en alguna rueda de prensa fue preguntada al respecto. En el marco de su defensa hacia Moro, la alcaldesa llegó a invocar “el interés general” como la causa de que el teniente de alcalde no hubiera paralizado las obras ilegales.
El delegado de Urbanismo ya fue apartado de conocer sobre otro expediente sancionador
No es la primera vez que Moro se ha visto apartado de conocer expedientes urbanísticos en los últimos tiempos. Meses atrás, tal y como publicó también el BOP, la alcaldesa firmó un decreto por el que le apartaba de conocer cualquier actuación o adoptar decisión alguna sobre el expediente sancionador abierto al arquitecto Jesús Flores. La decisión de la regidora se produjo después de que Moro difundiera en su cuenta personal de Twitter la sanción de 500.000 euros que pretendía imponer a Flores, luego sensiblemente reducida de forma testimonial y actualmente pendiente prácticamente de archivarse.
Es precisamente el arquitecto Jesús Flores quien ha interpuesto una nueva querella por prevaricación contra Moro y una letrada de Urbanismo. Tal y como adelantó marbellaconfidencial semanas atrás se denuncia un presunto delito de prevaricación administrativa en la retirada de una licencia de primera ocupación a un particular en una vivienda unifamiliar.
Suponemos que Disciplina Urbanística resolverá “dejar sobre la mesa” el expediente sancionador al arquitecto de la obra, que dará olvidado; o quizá no y sea el tsunami de transparencia que tan desesperadamente requiere este departamento el que fuerce las cosas.