De izqda a drcha elel director general de Infraestructuras Judiciales y Sistemas, Miguel Ángel Reyes; la secretaria general de Justicia, María José Torres; la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz y la edil de Urbanismo, Kika Caracuel
La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, baraja ya un escenario adverso en lo que se refiere a la proyectada Ciudad de la Justicia. Así lo ha dejado entrever la regidora del PP en un comunicado, emitido este jueves, en el que apunta a que el Ministerio de Fomento podría rechazar la ubicación hasta ahora elegida: el edificio propiedad del cerebro del ‘caso Malaya, Juan Antonio Roca, anexo al Hospital Costa del Sol.
Estas declaraciones de la también candidata por Málaga al Senado han generado la lógica alarma e incertidumbre sobre una infraestructura que se presuponía lograda para el municipio.
La forma en que Muñoz ha comunicado estas novedades ha sido del todo anómala. Se ha reunido con la secretaria general de Justicia de la Junta, María José Torres (Ciudadanos) en la delegación municipal de Urbanismo en un encuentro al que sólo han asistido periodistas del medio público Radio Televisión Marbella, así como el fotógrafo municipal. El resto de medios de comunicación locales no han sido convocados a este encuentro.
“Ayuntamiento y Junta trabajan ya en la búsqueda de alternativas para acoger el Palacio de la Justicia por si finalmente el Gobierno central descarta la utilización del edificio anexo al Hospital Costa del Sol”. Este ha sido el mensaje central de las palabras de la primera edil marbellí.
Tanto la alcaldesa, como la secretaria general del ramo del gobierno autonómico dicen haber mostrado el compromiso de ambas administraciones para impulsar “esta infraestructura necesaria para la ciudad”.
A la citad reunión también han asistido el director general de Infraestructuras Judiciales y Sistemas, Miguel Ángel Reyes, así como la edil delegada de Urbanismo, Kika Caracuel.
Muñoz ha recordado que “estamos trabajando para darle uso en este sentido a esta edificación, pero ante las objeciones que estamos encontrando por parte del Ministerio de Fomento en relación con este proyecto, desde el Ayuntamiento nos hemos comprometido en hacer todo lo posible por poner un suelo disponible para que la ciudad tenga unas instalaciones dignas”, recalca la alcaldesa en el comunicado difundido.
No parece que esta situación vaya a desbloquearse a corto plazo, con un Gobierno central en funciones. Más bien habrá que esperar a que las Cortes Generales estén formadas de nuevo y haya un nuevo Ejecutivo.
Cabe recordar que el Consistorio marbellí está a la espera de recibir luz verde de Fomento para realizar una modificación urbanística de elementos de la parcela, sobre la que recae una afección al encontrarse a escasa distancia de la autovía A-7. Una vez que reciba el permiso, el Ayuntamiento podrá lleva a cabo la tramitación urbanística y ceder la parcela a la Junta de Andalucía.
El portavoz del equipo de gobierno marbellí, Félix Romero, ya apuntó semanas atrás “la existencia de edificaciones a lo largo de la zona de afección” que discurre por la antigua N-340, algo que “cualquiera puede ver cuando discurre con su vehículo”, en alusión a otros numerosos casos en los que tiene competencias Fomento y no ha habido ningún obstáculo, por lo que no cree que haya “mucha complejidad y espera poder encontrar pronto una solución”.
Por su parte, la secretaria general para la Justicia ha asegurado este jueves que “vamos a estudiar la viabilidad del proyecto contemplado en el edificio anexo al hospital Comarcal, pero debido a las objeciones que estamos encontrando, la reunión de hoy nos ha servido, de cara a acelerar el proceso, para buscar otras opciones y fórmulas de cara a que Marbella cuente con el Palacio de Justicia que merece”.
Llama poderosamente la atención que la alto cargo de la Junta anuncie que estudiarán la viabilidad, cuando existe un compromiso firmado con el anterior gobierno de Susana Díaz, concretamente con la exconsejera de Justicia Rosa Aguilar, donde el siguiente paso era que Marbella cediera el suelo.
Torres ha señalado que el pasado 29 de mayo “visitamos las sedes judiciales marbellíes y constatamos los problemas de dispersión y la situación de unas instalaciones antiguas y obsoletas, de ahí que una de nuestras líneas estratégicas vaya dirigida a acabar con estas situaciones endémicas que nos estamos encontrando en toda la Costa del Sol”, concluye la nota de prensa.
