Imagen del Puerto de La Bajadilla de Marbella. Foto/ Europa Press
La alcaldesa del municipio malagueño de Marbella, Ángeles Muñoz, ha pedido este jueves a la Junta de Andalucía que licite la concesión del proyecto de ampliación del Puerto de La Bajadilla “de manera inmediata”.
A preguntas de los periodistas, la regidora ha destacado que el Tribunal Supremo (TS) “ha ratificado” la sentencia en la que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anula la mesa de contratación en la que la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por la empresa Nas Marbella, del jeque catarí Abdullah Al-Thani, y el Ayuntamiento obtuvieron el proyecto para transformar el muelle.
Tras la decisión del TS, “no hay otro paso más que, en el menor plazo posible, la Junta dé una salida a un nuevo proyecto” que permita transformar el puerto, ha señalado la regidora sobre el hecho de que el alto tribunal no haya admitido un recurso de Nas Marbella contra la decisión del TSJA de inadmitir a trámite el recurso de la sentencia que anuló la concesión para ampliar La Bajadilla, información que publica el diario Sur.
Asimismo, la alcaldesa de Marbella ha subrayado que la ampliación del Puerto de La Bajadilla supondría una “reactivación económica” de la zona.
La sentencia del TSJA sobre La Bajadilla, un varapalo a la alianza que trazó Muñoz con el jeque
El TSJA anuló en noviembre de 2017 la licitación, realizada en 2011, del contrato para la ampliación del puerto a la UTE formada por Nas Marbella y el Ayuntamiento. La sentencia anuló la decisión de la mesa de contratación con respecto a la admisión de los licitadores y todos los actos posteriores.
La sentencia señalaba que la sociedad encabezada por Al Thani no cumplía con los requisitos establecidos en el concurso para acreditar solvencia técnica y económica puesto que no tenía un mínimo de facturación los tres años anteriores, al ser una entidad nueva; y tampoco tenía experiencia en gestión de puertos deportivos.
El TSJA consideró en el fallo que el Ayuntamiento de Marbella, que contaba con una participación del tres por ciento en la UTE, no tenía intención de tomar parte en la ejecución del contrato, sino dar un apoyo institucional.
