La alcaldesa de Marbella , Ángeles Muñoz, ha asegurado este jueves que “está convencida” de que el caso ‘PGOU’, en el que se investiga una presunta falsedad en el acta del pleno municipal del 29 de julio de 2009 en el que se aprobó provisionalmente el plan urbanístico de 2010, “se volverá a archivar, como se archivó hace unos meses”.
La alcaldesa ha indicado a los periodistas que “esta cuestión ha tenido mucho componente político” y, según ha señalado, “los hechos y las testificales han dejado absolutamente claro y meridiano cuál fue el procedimiento que se llevó –para aprobar el PGOU–“.
“Fue absolutamente legal y acorde con las instrucciones de la propia Junta de Andalucía e impulsado por el equipo redactor. A partir de ahí, veremos qué toma en consideración el ámbito judicial”, ha señalado la alcaldesa, al tiempo que ha apuntado que “el acta es competencia del habilitado”. “No estamos hablando de ningún otro tema, sino del acta. A partir de ahí, veremos cuál es el recorrido”, ha indicado.
La regidora ha recordado que, antes de la sesión plenaria, los concejales acudieron a una comisión informativa para abordar el PGOU, algo “que ha quedado absolutamente acreditado”. Ha agregado también que el “acta y la documentación del pleno están absolutamente a disposición de todos los concejales”.
“Esto tiene el recorrido que tiene. No hay más. Tenemos un PGOU aprobado de forma definitiva por la Junta y un PGOU hecho a instancias del equipo redactor contratado a instancias de la Junta con un informe del Consejo Consultivo que apuntaba cuál era la tramitación que se tenía que hacer”, ha señalado Muñoz, al tiempo que ha añadido que “siempre hemos actuado, al igual que todos los concejales y habilitados, acorde con lo que nos marcaba y dentro de la absoluta legalidad”.
“Cuando hay una verdad, hay una verdad. No hay otra. Por lo tanto, absoluta tranquilidad porque la verdad está ahí y los hechos son los que son. Tengo tranquilidad absoluta sobre cuál tendrá que ser el recorrido” del caso, ha concluido.
La Fiscalía considera que se debe remitir el caso al Tribunal Supremo al estimar que existen “fundados indicios” o “dotados de mínima verosimilitud” sobre la supuesta participación de Muñoz, que tiene la condición de aforada al ser senadora.