Se trataba de un pleno extraordinario para que la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ofreciera algún tipo de explicación sobre los numerosos escándalos que acorralan desde hace meses a la también senadora del PP. Lejos de hacerlo, este miércoles, la regidora se ha parapetado detrás de varios ediles de su equipo de gobierno, que han tomado la palabra. Ella no ha abierto la boca, salvo para dirigir como presidenta la sesión, cuya celebración fue forzada por PSOE y OSP.
Los populares han contado, a modo de peón de brega, por establecer un símil taurino, con la todavía edil de Ciudadanos (Cs), María García. Una aliada convertida en la concejala número 15 del Partido Popular, dada su beligerancia hacia el resto de la oposición y defensa a ultranza de Muñoz.
De hecho, García ha votado todos los puntos en sintonía con los populares, en contra de todas las propuestas para arrojar luz que planteaban socialistas y sampedreñistas.
Fuentes oficiales de la formación liberal desautorizan el discurso de su edil aseguran a Marbella Confidencial que García actúa “por libre”, al margen del partido, y que no se sienten ya representados por sus actuaciones, porque “se representa a sí misma”, inciden, una vez que no irá en la lista electoral que encabeza Ángel Mora.
Dos de los cuatro puntos de esta sesión plenaria extraordinaria llevaban en su enunciado la “comparecencia” de la alcaldesa. El primero para que explicara las contrataciones del Ayuntamiento de Marbella, por más de 640.000 euros, con la empresa Construcciones Codecosol S.L. Una mercantil en manos de un “testaferro” de Joakim Broberg, hijastro de Muñoz, calificativo que le atribuye la Audiencia Nacional en la trama de blanqueo del narcotráfico que investiga, pendiente de juicio oral.
La segunda “comparecencia” de la primera edil que se solicitaba era para que aclarara “todo lo concerniente a su declaración de bienes en el Ayuntamiento de Marbella”, rezaba el orden del día.
El portavoz de OSP, Manuel Osorio, ha leído extractos del auto de procesamiento contra el hijastro de la alcaldesa y recordado sus influencias en el Consistorio marbellí: “Trata al Ayuntamiento como si fuera propio”, aseguró la UDEF en uno de sus informes policiales con los que esta unidad policial intentó, hasta en tres ocasiones, que el juez abriera una pieza separada para investigar presuntos delitos relacionados con supuesta corrupción municipal. El magistrado Alejandro Abascal se negó.
“Los contratos de Codecosol son legales, pero moralmente no”, ha afirmado Osorio. A continuación ha dicho que “se ha cerrado un círculo de más de 600.000 euros con organización criminal dentro del Ayuntamiento”, en alusión a la condición de “tapadera” –palabra empleada por el juez– para el blanqueo de capitales atribuida a la empresa controlada por Nils Fisher, como hombre de paja de Joakim Broberg.
La defensa de este asunto, dentro del reparto de papeles que ha orquestado la alcaldesa para no intervenir, y así no desgastarse, ha corrido a cargo del teniente alcalde de San Pedro, Javier García, edil delegado de Obras entre 2011 y 2015 (periodo de los contratos con Codecosol). El concejal popular ha recordado la denuncia “en 2017” del PSOE ante la Fiscalía de Marbella “por las obras de la calle Manolete”.
El fiscal jefe local, Julio Martínez Carazo, archivó las diligencias de investigación al no apreciar delito alguno, tal y como ha recordado García. No obstante, por las manos del Ministerio Público no ha pasado ninguno de los otros cuatro contratos del Ayuntamiento con Codecosol: El PSOE los reclama desde hace meses, sin éxito, ante el equipo de gobierno municipal, incluso ante un juez de lo contencioso.
“Si no tienen nada que esconder enseñen los contratos”, le ha pedido el cabeza de lista socialista al equipo de gobierno del PP. Bernal ha hablado de “cinco contratos a dedo, mayores y menores”.
Javier García le ha respondido a Bernal que “el fiscal ha pedido desestimar su demanda el 23 de marzo”, en supuesta alusión a la vía de lo contencioso-administrativo, sin dar más detalles.
El exalcalde socialista ha lamentado que “otras empresas no se pudieron presentar”, al margen del adjudicatario (Codecosol), que presumía de ser uno de los mayores contratistas de obras con el Consistorio marbellí, tal y como desveló Marbella Confidencial en 2018.
Bernal pide la dimisión de Muñoz por primera vez
Si algo ha destacado de la intervención de Bernal, por lo novedoso, es que el candidato socialista ha llegado a pedir la dimisión de Muñoz como alcaldesa, algo que hasta ahora sólo había hecho el candidato de OSP, Manuel Osorio, que hoy lo ha vuelto a reiterar en el pleno.
Hasta ahora el dirigente socialista había mantenido que lo de pedir la dimisión de Muñoz era “una cuestión interna de ética, dentro del PP”, como afirmó el pasado mes de diciembre a la emisora Onda Cero durante una entrevista.
“Esto va de honradez, de honestidad, de ética, de moral, de dignidad, y si le queda algo de dignidad, señora Muñoz, debería dimitir e irse”, le ha pedido Bernal a la alcaldesa durante una de sus intervenciones.
En la hoja de ruta seguida por los ediles del PP intervinientes se han empleado argumentos repetidos hasta la saciedad en los últimos meses para salir al paso de las polémicas que protagoniza Muñoz: “operación diseñada desde Moncloa”, “persecución política” y “malas personas”, entre otras críticas, en alusión a ediles del PSOE especialmente. La concejala de Cs ha llegado a hablar de “ataques por ser mujer” la alcaldesa.
Patrimonio de la alcaldesa
El millonario patrimonio de Ángeles Muñoz ha protagonizado otro de los puntos en en los que ella debía intervenir para aclararlo. En su lugar, el primer teniente de alcalde, Félix Romero, ha esgrimido que es “fruto de su trabajo y del de su marido”.
La también senadora aseguró a La Sexta, meses atrás, que era producto de sus ahorros como médico de familia, profesión previa a su entrada en política que “ejerció cuatro años”, ha recordado Bernal para, posteriormente, afearle a Muñoz que, al guardar silencio y no dar explicaciones, “cualquier persona puede pensar que el origen de su patrimonio no es lícito”.
Tal afirmación del exalcalde se ha producido tras hacer alusión a los “turbios negocios de su familia que se investigan en la Audiencia Nacional”, por presuntos delitos de narcotráfico y blanqueo de capitales, además de organización criminal.
Cabe recordar que Muñoz estuvo casada con Lars Broberg –recientemente fallecido– en régimen de separación de bienes, no en gananciales, como alguno podría pensar tras escuchar o leer a Félix Romero.
PSOE y OSP trataban de aclarar por qué la alcaldesa ocultó determinados bienes ante el Ayuntamiento de Marbella. Romero ha dicho que “todo estaba declarado”, algo que no se ajusta a la realidad y que es reiterado en el tiempo, porque ya se detectó en 2014 con algunos inmuebles que no constaban ante el Consistorio. Tal y como ocurrió en el Senado, cuando Muñoz sólo acudió a ampliar su declaración de bienes –en noviembre de 2022– tras varias investigaciones periodísticas publicadas, entre ellas las de Vozpópuli.
“Hay muchísimas incongruencias entre sus declaraciones de patrimonio y sus propiedades”, le ha reprochado Osorio a Muñoz. De nuevo una petición de dimisión: “usted se tiene que marchar, se debería haber marchado”, ha reiterado el edil de OSP a la alcaldesa.
Obras irregulares en una vivienda de la alcaldesa
La petición de explicaciones en este punto, propuesto por OSP, también se ha encontrado con el silencio de la alcaldesa. Los firmantes del pleno pretendían conocer todos los expedientes relativos a las “obras ilegales” que se llevaron a cabo en la famosa vivienda de la calle Tucán, en Nueva Andalucía.
La Sexta desveló que el inmueble era realmente de Muñoz, tras un traspaso de acciones por parte de su marido en la empresa sueca LGSB Holding. De hecho, la munícipe fue grabada una mañana saliendo de la casa.
A pesar de los documentos que demostraron lo contrario la edil de Urbanismo, Kika Caracuel, ha afirmado que “las obras se comenzaron con licencia”. La también parlamentaria del PP por Málaga ha afirmado que el PSOE tenía “el expediente de esta obra desde mayo de 2019”.
Asegura la edil de Urbanismo que los concejales socialistas no necesitaban convocar un pleno para “pedir un expediente” porque, según ha dicho, “lo han consultado ya tres veces.
Caracuel afirma que “no hay resolución de demolición”, que el expediente de las obras “no ha prescrito, no va a caducar”, y “si hay legalizarlo las obras se hará , como con cualquier otro expediente”, ha zanjado.
Osorio a Caracuel: “Ustedes no tienen autoridad moral”
Manuel Osorio, con soltura en el manejo de los números, como exdelegado de Hacienda que fue con PSOE y PP, le ha reprochado a Caracuel que, a día de hoy, “no tienen autoridad moral para presupuestar dos millones de euros en infracciones urbanísticas”, así como 865.000 euros en “otras tasas”, cuando el propietario de la vivienda que “no da la cara”, en alusión a la alcaldesa, “le va a pasar a la ciudadanía más de diez millones y medio en multas y sanciones”.
Para el edil socialista Javier Porcuna resulta “difícil de asumir que la máxima responsable del Ayuntamiento hace obras ilegales en su casa, como demuestra el expediente”, ha expuesto el exprimer teniente de alcalde (2015-2017).
Muñoz sigue sin explicar por qué no ha declarado ante el Senado el traspaso de acciones de la sociedad sueca que recibió de su marido, tal y como le ha recordado Bernal.
Comisión de investigación fallida
Como era de esperar, dada la mayoría absoluta necesaria para que prospere una comisión de investigación, condición recordada por el secretario municipal en funciones, el intento por aclarar el pago de presuntas facturas falsas, a cargo de terceros, para saldar deudas de una campaña electoral del PP, ha caído en saco roto.
En este punto el edil de OSP Rafael Piña ha tenido un relevante papel, al relatar la secuencia de correos electrónicos, publicados en su día por elDiario.es, remitidos por el que fuera director del desaparecido Marbella Express, Martín Hidalgo, a la alcaldesa Ángeles Muñoz.
Hidalgo reclamaba al PP 30.000 euros, de los cuales se pagaron 20.000 con “dos facturas falsas” (por servicios no prestados) que abonó El Corte Inglés, según aseguraba el que fuera brazo derecho mediático de Jesús Gil en los medios municipales antes de emprender su aventura con el citado rotativo impreso.
“Les pagaban las campañas los amiguetes, ustedes hacían fullerías”, les ha recriminado Piña a los populares, de quienes fue socio de gobierno, junto a Osorio entre 2017 y 2019, tras desbancar a Bernal de la Alcaldía mediante una moción de censura.
Después del 28 de mayo, cita con las urnas, se verá si PP y OSP pueden volver a entenderse para gobernar –si Muñoz pierde la mayoría absoluta– más allá de que Piña no vaya en puestos de salida en la lista electoral sampedreñista.
Piña ha reprobado al PP lo afirmado por Hidalgo sobre que culpaban al diario que éste dirigía de “no haber desprestigiado más a Bernal” durante “un comité ejecutivo” de dicha formación: “¿Qué es esto de intentar desprestigiar a un ciudadano?”, ha preguntado el edil de OSP a los populares dirigiéndose a su bancada.
Hidalgo mencionaba en su escrito, como partícipes de esta operación del pago de la campaña electoral, a los concejales del PP José Eduardo Díaz, actual delegado de Seguridad Ciudadana, y Chela Figueira. Ninguno ha tomado la palabra para defenderse. En su lugar ha hablado el edil Enrique Rodríguez, a su vez portavoz de campaña del PP. Su estrategia ha consistido en poner en duda la veracidad de los correos enviados a la alcaldesa por el director del citado medio de comunicación.