A la izquierda de la imagen el fiscal jefe de Área de Marbella, Julio Martínez Carazo, frente al juez instructor del ‘caso PGOU”, Gonzalo Dívar. FOTOS/MARBELLA CONFIDENCIAL
La Sección Segunda de la Audiencia de Málaga, compuesta por las magistradas Carmen Soriano Parrado, María Luisa de la Hera (exdecana de los Juzgados de Marbella) y Javier Soler Céspedes, ha ordenado al titular del Juzgado de Instrucción 3 de Marbella, Gonzalo Dívar, reabrir el llamado ‘caso PGOU’, para investigar un posible delito de falsedad en documento por imprudencia grave, en la persona de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, después de que lo archivara meses atrás sin haber tomado declaración a una serie de testigos propuestos tanto por la Fiscalía como por el PSOE, personado como acusación particular.
Esta resolución ha sido adelantada este miércoles por el diario La Opinión de Málaga, si bien Marbella Confidencial ha tenido acceso en su integridad al auto de la Sala, notificado este 27 de marzo, y que consta de nueve folios de extensión.
Lo más relevante de esta resolución, en la que se investiga la presunta falsedad del acta del pleno dejulio de 2009 en el que se llevó a cabo la aprobación provisional del PGOU, documentos el que había una serie de cambios en los planos, entre ellos los relacionados con el deslinde de Benahavís, radica en que la Sala Segunda malagueña, además de considerar “precipitada” la decisión del juez en cuanto a archivar, aprecia que pudo cometerse un “delito de falsedad en documento público en su modalidad de imprudente, previsto y penado en el articulo 391 del Codigo Penal”.
El juez instructor, Gonzalo Dívar, mantuvo a la hora de archivar este caso, en el que fueron denunciados por la Fiscalía tanto la alcaldesa, Ángeles Muñoz (aforada como senadora) como el vicesecretario municipal, Javier de las Cuevas, ya fallecido, que la actuación de ambos no resultaba “dolosa”, a pesar de que “la narración contenida en el documento público no se corresponde indiciariamente con la realidad de lo acontecido”.
La Audiencia recuerda que la “redacción y custodia del acta del pleno” corresponden “al secretario del mismo, en este caso el vicesecretario, Sr. don Javier Alberto De las Cuevas, así como la supervisión y autorización de las misma, y el visto bueno al Alcalde, la Sra. Doña María Angeles Muñoz Uriol”, reza la resolución judicial al atribuirle tales competencias a los dos denunciados.
Auto judicial de la Audiencia Provincial de Málaga
El grupo municipal socialista hizo hincapié en que entre los 22 planos que se cambiaron, antes del pleno, estaban los relativos al deslinde entre Marbella y Benahavís, donde se encuentra la mansión de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, por lo que interpretaron que había beneficio para la regidora y empresas de su familia, propietarias de los terrenos en litigio, que pasaban de rústicos a urbanizables.
La Sala entiende que “resulta precipitado el archivo de la querella / denuncia en cuanto al delito de falsedad en documento público cometida por funcionario publico a título de imprudencia grave, respecto de don Javier Alberto De las Cuevas Torres y la Sra. Alcaldesa Doña María Angeles Muñoz Uriol, debiendo practicarse diligencias solicitadas por el Ministerio Fiscal, en orden a perfilar si concurren los elementos del precitado tipo delictivo”.
Así pues, el tribunal de tres magistrados solicita que se tome declaración a los siguientes testigos:
Inmaculada Chaves Pozo y Yolanda López Romero, “personas que según don Javier Alberto de las Cuevas fueron las que procedieron a la trascripción del video que contenía el Pleno del Ayuntamiento de fecha 29 de julio de 2009”.
Diego Juan Luis Eizaguirre Carlson, exconcejal del PP, “por las razones expuestas por la representación del Grupo municipal socialista del Excmo. Ayto. de Marbella en escrito de 14 de julio de 2017, folio 1422 de las actuaciones”.
Susana Radio Postigo, exportavoz municipal del PSOE, “pues consta en el acta del pleno de 29 de julio de 2009 que al debatir la segunda aprobación provisional del PGOU de Marbella esta hizo alusión a “la pretensión de modificar las lindes del municipio, saltándose todos los procedimientos establecidos para ello…” (Folio 28 de las actuaciones), algo que, recuerda la Sala, “fue contestado por la señora Alcaldesa (folio93 de las actuaciones)”.
Tras la práctica de las diligencias que la Audiencia ordena al juez Dívar “podrá adoptar despues el instructor, con absoluta libertad de criterio, la decision que estime conveniente”.
Por otro lado, la Sala Segunda confirma el sobreseimiento provisional acordado por el Instructor sobre la exconcejala de Urbanismo del PP Alba Echeverría, “dado que de lo actuado en ningún momento ha quedado acreditado que tuviera participación alguna en el delito de falsificación de documento público investigado en la presentes diligencias”.
