El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha pedido este miércoles al tripartito más premura para adoptar las medidas con las que devolver la estabilidad al urbanismo del municipio tras la crisis abierta después de que el Tribunal Supremo anulara a finales de 2015 el PGOU de 2010. “Marbella no puede permitirse dilatar más los plazos y los tiempos en un desarrollo económico que cada vez es más pujante y más cierto tras una dilatada crisis de ocho años”, ha señalado.
La recuperación que, ha indicado, experimenta el urbanismo y el interés de los inversores hacen que “estemos ante un momento importante para actuar, tomar decisiones y dar pasos que generen seguridad, tranquilidad, estabilidad y noticias positivas para el entorno empresarial, nacional e internacional”. “La mejor función que podríamos hacer los representantes políticos, empresariales y sociales es transmitir la confianza de que Marbella no se paraliza y avanza, independientemente de que esté en paralelo el proceso de adjudicación de los estudios necesarios para un PGOU nuevo”, ha agregado el presidente de la patronal andaluza.
“Andalucía tiene 800 municipios. Hemos vivido una crisis de ocho años. No más de un tercio de los ayuntamientos andaluces tienen PGOU aprobados. Hemos tenido tiempo suficiente para adecuar la situación urbanística de los ayuntamientos en general a las normativas y circunstancias. Cuando se produzca una consolidación del crecimiento económico, nos acordaremos de que no estamos acordes a esa situación. No desearía que ocurriera con Marbella. Cualquier paso sensato que se dé para consolidar el urbanismo de Marbella y que genere seguridad y certidumbre es bueno y positivo”, ha explicado.
González de Lara ha calificado de “razonable y sensato” que el equipo de gobierno pretenda consolidar el texto refundido del PGOU de 1986 y adaptar dicho Plan a la Ley de Ordenación Autonómica de Andalucía, ya que, ha señalado, aportará estabilidad y seguridad económica. “Es una hoja de ruta y un camino que compartimos y que habíamos sugerido” ha apuntado. Sin embargo, ha advertido de que ambas medidas son una “solución transitoria con unas herramientas lo suficientemente creíbles para otorgar licencias o calificar los suelos” y ha pedido que la tramitación para contar con un nuevo PGOU, que reemplace al de 1986, actualmente en vigor, y sustituya al de 2010, sea la “más breve posible”.
El tripartito intentó aprobar el texto refundido del PGOU de 1986 en el Pleno de febrero, pero tuvo que retirar la propuesta, al no encontrar el respaldo de la oposición para aprobar una iniciativa que requiere de mayoría absoluta.
“Como empresarios, queremos que Marbella lidere las inversiones en Andalucía en materia turística, inmobiliaria, equipamientos y grandes proyectos. Para ello, Marbella tiene que estar preparada y tener las herramientas técnicas, jurídicas y administrativas que permitan que esas inversiones no se pierdan o se vayan a otros destinos. Son razones más que de peso para animar al equipo de gobierno a dar estos pasos y que tengan el respaldo de los empresarios locales, malagueños y andaluces para que sea satisfactorio el recorrido para tener un marco jurídico suficientemente estable que permita aprobar licencias, proyectos y programas de muchísimas inversiones que Marbella tiene en cartera”, ha apuntado González de Lara.
El presidente de la patronal andaluza ha asegurado que los empresarios “hemos tenido que llevar la iniciativa” en la recuperación de la estabilidad urbanística del municipio ante la “enorme preocupación de que no exista una solución planificada ante un tema del máximo interés”.
El tren del crecimiento económico
Bernal ha asegurado que la “fórmula transitoria” del PGOU de 1986 es ofrecer seguridad a los inversores interesados en el municipio pero que el desarrollo de la ciudad “va mucho más allá de lo urbanístico” y para ello, ha añadido, se requiere un Plan que se adapte a las “necesidades futuras” del municipio. “Si elaboramos un PGOU rápidamente para sacarlo lo antes posible sin fortificar el futuro del diseño de la ciudad podemos volver a encontrarnos con una sentencia similar del Tribunal Supremo. El que mucho corre, atrás se halla”, ha indicado.
La intención del equipo de gobierno es hacer “bien un PGOU que sea muy seguro y una garantía de futuro; que cuente con todos los actores sociales de la ciudad para no incurrir otra vez en los hechos pasados”, ha indicado el alcalde.
El vicepresidente del Centro de Iniciativas Turísticas, José Luque, ha abogado por “aprovechar el buen momento económico y el interés de bancos e inversores” para renovar la planta hotelera del municipio. “Este tren está pasando ahora y no estará aquí en los próximos años. El momento es ahora. La seguridad jurídica y el arreglo del urbanismo de Marbella también son importantes para los hoteleros”, ha explicado.
La mejora de los hoteles, ha señalado Luque, es necesaria para garantizar que Marbella sea un destino turístico competitivo ante otros enclaves que “tienen problemas, pero que son coyunturales y mañana pueden volver a aparecer”. “Necesitamos ponernos al mismo nivel o superior que nuestros competidores y necesitamos una seguridad jurídica que es un bien común para Marbella. La ciudad ha sufrido una inseguridad económica y jurídica y ahora hay una oportunidad para solventarla”, ha agregado.
Mejora del litoral
González de Lara ha calificado de “muy interesante” que los grupos políticos de la Corporación municipal hayan acordado ofrecer al Gobierno central un convenio para que sea el Ayuntamiento el que adelante los fondos para pagar la instalación de los espigones y ha confiado en la “buena coordinación” entre ambas Administraciones Públicas para tratar de salvar “la inmediatez” de la llegada del verano.
“Debemos tener la tranquilidad de que Marbella gozará de un verano tranquilo desde el punto de vista de las playas, del ocio y del turismo de destino como es el de sol y playa”, ha añadido.
Bernal y los concejales de Proyectos Estratégicos y de Urbanismo, Javier Porcuna e Isabel Pérez, se han reunido este miércoles con los representantes de los empresarios andaluces y locales en el marco del convenio que ambas partes pactaron en marzo de 2016 para abordar la situación económica, turística y urbanística de Marbella.