La edil delegada de Urbanismo, Isabel Pérez, este miércoles en rueda de prensa. FOTO/ MARBELLA CONFIDENCIAL
La concesión de licencias de obra mayor descendió en 2016 un 10 por ciento en comparación con el año anterior, según ha señalado este miércoles la concejal de Urbanismo, Isabel Pérez. La edil ha atribuido la caída al “golpe” que supuso la anulación del PGOU de 2010, que el Tribunal Supremo (TS) dictó a finales de 2015 y que obligó a recuperar el planeamiento de 1986. “Tal vez los números de licencias habrían sido mayores si no se hubiera declarado nulo el PGOU. Pero la declaración de nulidad la decide el TS y nosotros tenemos que acatarlo y trabajar con el PGOU de 1986”, ha indicado.
Otro motivo que, a juicio de la edil, explica el descenso del número de licencias es el traspaso de competencias a la Tenencia de Alcaldía de San Pedro, desde la cual, ha señalado, se pueden tramitar los permisos de obra mayor. Esta apreciación de Pérez se produce días después de que el concejal de OSP Rafael Piña se manifestara a favor de aumentar la autonomía de San Pedro.
La concejala, que ha ofrecido un balance de 2016, ha asegurado que la caída “no es alarmante” ya que, ha indicado, otras variables la compensan, como el número de obras mayores iniciadas, que subió un dos por ciento, o el incremento del 50 por ciento de las peticiones de cambios de titularidad, que, ha explicado Pérez, se refieren a autorizaciones otorgadas en años anteriores y que no se contabilizaron en 2016.
Otros datos que invitan al optimismo, según la concejal, es la mejoría en el ritmo de concesión de las licencias de obra mayor en el transcurso de 2016, que pasó de la “austeridad” de los primeros meses del año, reciente aún el impacto de la sentencia del TS, hasta la “normalidad” en la recta final del ejercicio, o el incremento del 32 por ciento de las licencias de parcelación, trámite previo a los permisos de obra.
“Con todas las complicaciones y pese a la lentitud de la maquinaría administrativa, los datos no reflejan el panorama que algún grupo de la oposición quiere ofrecer. Los datos no son malos”, ha agregado la concejal en alusión al PP.
La edil ha destacado también la “gran cantidad” de expedientes del área de planeamiento que se tramitaban en base al PGOU de 2010 y que se tuvieron que desechar tras la sentencia del TS. “Es un gran trabajo que ha llevado a nada”, ha lamentado.
“El trabajo en la Delegación no ha sido fácil. Hemos tenido que resolver complicaciones, algunas de las cuales las hemos podido prever aunque otras las hemos tenido que ir resolviendo a medida que aparecían. Tenemos una Delegación que trabaja a pleno rendimiento y que seguirá trabajando día a día para mejorar”, ha señalado Pérez.
Suben las inspecciones
Desde el área de infracciones y sanciones se elaboraron 5.574 informes, lo que evidencia, según Pérez, el “elevado volumen de expedientes sin resolver que dejó el PP”, mientras que la actividad en el área de inspección aumentó en un dos por ciento. Además, se emitió un 83 por ciento más de certificados de no infracciones que en 2015 y un 146 por ciento más que en 2014 y el número de inspecciones técnicas de edificios aumentó un 55 por ciento.
Pérez ha destacado también las labores que Urbanismo desarrolla para lograr una “base sólida” para revisar el PGOU de 1986. Para ello, ha explicado, se contrató en 2016 la elaboración de la adaptación a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y de la refundición del texto del PGOU. Recientemente, ha añadido, se ha iniciado el procedimiento para solicitar un dictamen jurídico sobre los problemas urbanísticos más acuciantes del municipio, como las viviendas construidas de forma irregular durante la época del GIL o el cambio de ordenación de algunos suelos. Respecto al futuro PGOU, la concejal ha señalado que su elaboración comenzará, como muy tarde, en los primeros meses de 2018. Después, ha indicado, vendrá “un par de años de trabajo”.
Por otra parte, la concejal ha destacado el cambio de tendencia en las construcciones del municipio, que conlleva, ha señalado, que, cada vez más, se apueste por viviendas de lujo y materiales de mejor acabado en detrimento de viviendas de menor calidad y más numerosas.
El PP pide contratar ya al equipo redactor
El concejal del PP José Eduardo Díaz ha lamentado que el Equipo de Gobierno haya tardado más de un año en iniciar la tramitación para solicitar el dictamen jurídico sobre el impacto de la anulación del PGOU de 2010. “Si era necesario debería haberse hecho al principio”, ha indicado el edil, que ha manifestado su temor de que el informe contradiga las labores que han realizado los servicios jurídicos de Urbanismo del Ayuntamiento.
Díaz ha asegurado que el primer paso que tendría que haber dado el Ejecutivo local para devolver la estabilidad al urbanismo era contratar al equipo redactor del PGOU, “como han hecho municipios cuyos planeamientos también se han anulado”.
“Con la excusa de no alarmar, se han creído sus propias mentiras y están llegando tarde a todo. Marbella empieza ya a ver el daño económico. Uno mira a Mijas y ve grúas y si mira a Marbella no ve nada. Cualquier proyecto a medio y largo plazo se desaconseja hacerlo en el municipio”, ha apuntado.
