El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, este martes durante su comparecencia junto a miembros de su gobierno PP-Cs. FOTO/ Diputación
El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha anunciado este martes la próxima puesta en marcha del denominado Plan Málaga, por valor de 233 millones de euros, para lo que resta de año 2020 para la reactivación económica provincial ante la grave crisis derivada de la pandemia del COVID-19.
Tras un “intenso trabajo” del equipo de gobierno de PP y Ciudadanos, en coordinación con los funcionarios y todo el personal de la institución provincial, se ha elaborado este Plan Málaga, que incluye “gran parte” de las propuestas de la oposición, “un 90 por ciento de las del PSOE y un 75 por ciento de las de Adelante Málaga”.
Los 233 millones de euros de los que se dota este plan proceden de modificaciones presupuestarias (28,12 millones); del presupuesto de este ejercicio 2020, con 145,4 millones enfocados ahora a nuevas prioridades; del remanente de tesorería de la Diputación (30 millones), del Patronato de Recaudación Provincial (18 millones) y de los tres consorcios de la institución: Residuos Sólidos Urbanos; Bomberos y Aguas, entre otros.
“Las prioridades son el empleo, las políticas sociales, las ayudas a las familias, la obra pública y la construcción”, ha dicho Salado, quien ha subrayado que se trata de una “apuesta sin precedentes por la autonomía local”, con una inyección de 70 millones a los ayuntamientos.
“Las necesidades apremian y no estamos para pugnas políticas”, ha sostenido en rueda de prensa Francisco Salado, quien ha estado acompañado, entre otros, por los vicepresidentes primero, Juan Carlos Maldonado; segunda, Margarita del Cid, también consejera delegada de Turismo Costa del Sol; tercera, María Francisca Caracuel, y cuarta, Natacha Rivas.
La modificación presupuestaria se prevé llevar a pleno el 20 de mayo por vía de urgencia, aunque ha puntualizado el presidente provincial que si “faltara un empujón” intentarían trasladarlo unos días. Además, habrá que ir aprobando las bases y las transferencias para cada uno de los planes, con sus correspondientes acuerdos plenarios. El objetivo, no obstante, es que “este mes salgan los expedientes administrativos y que el plan sea una realidad” cuanto antes.
“Hemos revisado de arriba a abajo el presupuesto y cambiado el uso de partidas por valor de 28 millones de euros, en su mayoría iniciativas, subvenciones, ayudas y actividades que no se han podido ni podrán realizar por la pandemia o que hemos considerado no prioritarias en esta situación de emergencia”, ha sostenido Salado.
Respecto al planteamiento realizado al Ministerio de Hacienda para poder utilizar el superávit, Salado ha admitido que “no ha contestado absolutamente nada”. “Da la callada por respuesta y no da un buen pálpito pero espero que no metan la mano en la caja de los ayuntamientos. Sería una inmoralidad y una ilegalidad”, ha enfatizado.
“Apuesta sin precedentes por la autonomía local”
Las prioridades son, ha agregado, el empleo, las políticas sociales, las ayudas a las familias, reactivar la obra pública y la construcción, y ha subrayado que se trata de una “apuesta sin precedentes por la autonomía local”, con una inyección de 70 millones a los ayuntamientos hasta final de año, dinero de libre disposición .
“No hay un equipo de gobierno tan municipalista, creemos en la autonomía local, en los alcaldes, ellos conocen de primera mano los problemas de su pueblos y las soluciones, quien puede afrontarlas con más rapidez y eficacia, son los alcaldes”, ha añadido durante su comparecencia, mostrándose de acuerdo con el portavoz socialista, José Bernal, quien en su carta con la propuestas indicó que los alcaldes eran “la punta de lanza de la lucha contra la crisis”.
Otra de las medidas trasladadas por Salado es la adaptación del Plan de Asistencia y Cooperación, más conocido como Concertación, dirigido a los 87 municipios menores de 20.000 habitantes y que este año está dotado con 33,8 millones de euros, para atender las necesidades más urgentes de los pueblos.
En marzo, se transfirieron a los ayuntamientos 15 millones de euros como fondos incondicionados y quedaban 18,8 millones por repartir en diferentes programas de obras, suministros y servicios que habían sido seleccionados por los consistorios antes de que comenzara la crisis.
De esa cantidad pendiente, para facilitar que los municipios dediquen los fondos a los proyectos y actuaciones que les permitan atender las prioridades ocasionadas por la crisis sanitaria, 17 millones se utilizarán en lo que cada ayuntamiento estime más urgente y los 1,8 millones restantes se destinarán a obras que ya estaban programadas y comprometidas, ha explicado.
Otra medida que afecta a la tesorería municipal es que la Diputación, además de sufragar las cuotas de los pueblos de menos de 5.000 habitantes correspondientes a Bomberos, Residuos y Agua, también financiará íntegra o parcialmente las cuotas del resto de municipios adheridos, lo cual supondrá un ahorro cuantificado en más de seis millones.
Asimismo se prevén planes de inversión en obras, por valor de 65 millones, lo que reactivará el sector de la construcción y permitirá la mejora o la construcción de nuevas infraestructuras y equipamientos, el arreglo de carreteras de la red provincial y la ejecución de proyectos de la Senda Litoral y del Programa de Fomento de Empleo Agrario. Trabajos que estarán condicionados a la creación de empleo, por lo que se podrán hacer incluso a través de planes de empleo de los ayuntamientos, ha especificado Salado.
Estancias hoteleras bonificadas y ayudas a familias
Este Plan Málaga incluye medidas para el sector turístico, “uno de los más golpeados por esta crisis y que resulta fundamental para la economía malagueña y para los más de 140.000 trabajadores que dependen de él”. Así, de los 10,8 millones con los que cuenta Turismo y Planificación Costa del Sol este año para promoción, la Diputación destinará 2,5 millones para la bonificación de estancias hoteleras.
“Vamos a estar al lado del sector turístico, escuchando sus propuestas y necesidades, y desde luego rechazamos cualquier intento de discriminar a la Costa del Sol frente a otros destinos como Canarias en la aplicación de ayudas y medidas por parte del Gobierno”, ha reiterado Salado.
Sobre el hecho de que Málaga no haya pasado de fase esta semana por decisión del Gobierno central y que no comparte Salado, ha incidido en que la recuperación va a ser “mucho más lenta”, con especial afectación al sector turístico. “Ha creado un gran daño a la economía y la imagen. Es fundamental para promocionar el destino y se ha dado una imagen de inseguridad y no es bueno para nosotros”.
Las familias con más necesidades también contarán con la Diputación: “No vamos a dejar a nadie atrás”, ha subrayado Salado, quien ha incidido en el refuerzo de las políticas sociales para las ayudas a las familias y a colectivos y personas en situación de vulnerabilidad.
Así, se van a destinar 20,6 millones a políticas sociales, de los que 17,7 millones irán a reforzar los servicios sociales de la Diputación, sus centros de dependientes y la ayuda a domicilio. También se incluyen casi 1,2 millones para medidas de apoyo a la industria cultural.
Pómez y autónomos
Juan Carlos Maldonado, responsable de Desarrollo Económico, ha incidido en la “grave repercusión laboral” que está provocando esta crisis sanitaria, recordando que Málaga ha sido la provincia en la que más subió el paro en abril y las más de 17.000 solicitudes de ERTE.
El Plan Málaga, ha recalcado, irá también a recuperar el empleo y paliar las “consecuencias negativas que esta pandemia ha tenido en el tejido productivo”, para lo cual se inyectará liquidez a autónomos y empresas, a través de subvenciones.
El presupuesto que gestiona Cs pasará de 7,98 millones previstos este año a 19,5 millones. En concreto, 17,6 millones (el 90,5% del total) se dedicarán a programas de fomento del empleo, de formación y promoción profesional para adaptar las empresas a la nueva realidad.
