La exedil de Urbanismo del PP de Marbella Alba Echeverría, investigada (antes imputada) en el llamado ‘caso PGOU’, ha declarado tras comparecer ante el juez instructor, Gonzalo Dívar, que los cambios y modificaciones en 22 planos del Plan General que se investigan fueron hechos “por el equipo redactor” del Plan, dirigido por el testigo Manuel González Fustegueras, “a instancia de la Junta de Andalucía”.
“La verdad, por mi parte, sólo tiene un camino y el camino es que todo estaba muy legal, estoy segura que se va a crepitar que los cambios los hizo quien los hizo, que fue la Junta de Andalucía, por supuesto”, ha recalcado.
Echeverría, que ha permanecido ante el magistrado por espacio de una media hora, ha aclarado ante los periodistas que las medidas adoptadas se llevaron a cabo “para dar cumplimiento al dictamen del Consejo Consultivo”, que a consulta previa decía cómo tenían que hacerse las cosas”. De hecho, tal informe es al que se aferran las defensas en sus argumentos para rebatir las acusaciones, concretamente un delito de falsedad documental del que se acusa también al vicesecretario municipal, Javier de las Cuevas, que ha prestado declaración tras la exedil. Las declaraciones de Echeverría ante los periodistas han sido muy escuetas y han durado escasamente dos minutos.
La que fuera responsable del Urbanismo de Ángeles Muñoz –principal denunciada en este causa por la Fiscalía– ha sostenido ante los medios de comunicación que el dictamen del Consultivo “formaba parte del expediente del Plan General y en todo momento era conocido por todos”.
Echeverría ha acudido a declarar acompañada del asesor jurídico de cabecera del PP de Málaga, Fernando Huelin. De hecho, tal y como han confirmado fuentes ‘populares’ a Marbella Confidencial, es el partido quien sufraga la defensa de la exedil marbellí, actualmente responsable de un departamento de atención al cliente en Acosol, empresa dependiente de la Mancomunidad Occidental, donde recaló tras su salida del Consistorio marbellí. Ella misma ha confirmado que se mantiene afilada a la formación conservadora a nivel local.
El abogado defensor del vicesecretario municipal, Diego Martín Reyes, expresidente de la Comisión Gestora de Marbella entre 2006 y 2007, ha defendido la legalidad de todas las actuaciones llevadas a cabo por su representado, a la hora de elaborar el acta del pleno del 29 de julio de 2009, cuya presunta falsedad es objeto de investigación.
Martín Reyes ha asegurado ante los periodistas que el vídeo grabado por una televisión local, de aquella sesión plenaria, ha podido visionarse durante la comparecencia del alto funcionario municipal, y a su juicio se dio cuenta a los concejales que integraban el Pleno de las modificaciones que se llevaban cabo.
Diego Martín Reyes, ha asegurado que “todos los concejales sabían desde el 27 de julio –de 2009, dos días antes del pleno en el que se aprobó el PGOU de forma provisional– que se iban a modificar las lindes –entre Marbella y Benahavís– porque así lo había dicho el Consejo Consultivo y tenían conocimiento pleno del Consejo Consultivo”, informa Europa Press.
El abogado ha añadido que el vicesecretario hizo mención a un escrito de suspensión de licencias y al de modificación de las lindes y así quedó incorporado a la documentación del expediente.
“Hay un pleno urgente porque los concejales deciden por unanimidad que sea urgente. Y cuando el edil Enrique Monterroso pide que el asunto quede sobre la mesa, no lo secunda nadie. Se le ofreció a los concejales que preguntaran alguna aclaración y ninguno preguntó nada”, ha agregado.
El vicesecretario “ha aclarado perfectamente cómo se desarrolló el pleno. Se ha visionario el pleno en cada minuto de su intervención y lo que iba sucediendo”, ha indicado Martín Reyes.
El testigo del equipo redactor que ha declarado
Por lo que respecta al testigo que ha comparecido también este martes, Sebastián Olmedo, miembro del equipo redactor del PGOU liderado por Fustegueras, Martín Reyes ha asegurado que “a preguntas mías sobre si era una posición férrea de la Junta de Andalucía que [el PGOU] se aprobaba conforme a lo que decía el Consejo Consultivo, o no se aprobaba, él ha contestado que sí”. Así pues, esta testifical refuerza para las defensas sus tesis ante la acusación.
El abogado que representa al PSOE como acusación particular, Jaime Olcina, ha declinado hacer declaraciones a los periodista a su salida de la sede judicial y ha remitido al propio partido para cualquier comentario. Tampoco ha querido manifestarse el conocido letrado penalista Salvador Guerrero Palomares, que representa a la exalcaldesa Muñoz, aforada pero con derecho a estar personada, para no generarle indefensión, ante una hipotética imputación futura ante el Supremo, único tribunal competente para encausarla, por ser senadora.