El exedil del GIL y del PA Carlos Fernández en imagen del año 2000, cuando declaró como testigo en el ‘caso camisetas’ por el que la Audiencia de Málaga condenó a Jesús Gil. FOTO/ ANTONIO PASTOR
Malas noticias para el hasta hace pocos días prófugo del ‘caso Malaya’, entre otra decena de causas, Carlos Fernández, actualmente encarcelado en Argentina. Según han confirmado a Marbella Confidencial fuentes de la Fiscalía Anticorrupción la fiscal Belén Suárez ha solicitado, ante la Audiencia Nacional, la petición de extradición para el exedil marbellí en el conocido como ‘caso saqueo 2’, al considerar que hay delitos no prescritos en este sumario, ya juzgado por el citado tribunal y con sentencia firme para otros exediles.
La fiscal Belén Suárez reclama a Fernández 7,8 millones de euros de indemnización para el Ayuntamiento de Marbella en ‘caso saqueo 2’, en concepto de responsabilidad civil, así como una petición de prisión de nueve años por los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento público.
Fernández, que fue declarado en rebeldía en ‘saqueo 2’, cuando arrancó la vista oral en abril de 2013, estaba acusado principalmente de delitos de malversación de caudales públicos por su etapa como delegado de Deportes del partido GIL entre 1991-1998. Concretamente se juzgaba su gestión en la sociedad municipal Actividades Deportivas 2000 S.L.
Anticorrupción sostuvo en la querella por el ‘caso saqueo 2’, que interpuso el entonces fiscal jefe Carlos Jiménez Villarejo, en marzo de 2003, que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Marbella, del que formaba parte Carlos Fernández como edil del GIL en Deportes, “mantuvo sociedades mercantiles municipales ocultas a la labor fiscalizadora o de las que no se remitió contabilidad, habiendo comunicado tan sólo la existencia de 25 de las mismas pese a tener constituidas 31”.
Carlos Fernández prestó declaración, como imputado, ante el Juzgado Central 2 de la Audiencia Nacional el 20 de noviembre de 2003, en plena instrucción de este largo procedimiento que tutelaba el juez Ismael Moreno.
Según la Fiscalía Anticorrupción, el ahora recluso en el penal de Chimbas (Argentina) recibió del Consistorio– cuando era concejal ‘gilista’ de Deportes– un total de 80.397 euros como subvención a la Unión Deportiva San Pedro, sin que, «pese al requerimiento del interventor de fecha 3 de noviembre de 1997, el querellado haya justificado el empleo de tales fondos públicos», sostenían los fiscales José Grinda y Belén Suárez en aquel entonces.
También fue favorecido con 9.916 euros, en un pago que escuetamente se describió como «a justificar gastos escuelas deportivas», así como con 30.050 euros que tenían la consideración de «subvenciones deportivas temporada 96/97». Ninguna de estas cantidades fue justificada, siempre según la versión de Fiscalía.
Fernández era, además, gerente de Actividades Deportivas 2000 SL, una sociedad a la que no le cuadraban las cuentas. Igualmente, habría protagonizado con Julián Muñoz y otro querellado, el entonces concejal Enrique Osuna, una operación por la que, entre 1993 y 1999, se apropiaron de fondos de la sociedad Eventos 2000 SL, por valor de 312.000 euros, presentando facturas por servicios profesionales que pretendían justificar por integrar una comisión gestora.
La rebaja de penas para los que hubieran sido compañeros de banquillo de Fernández
En febrero de 2016 el Tribunal Supremo rebajó de 6 a 3 años de cárcel la pena de prisión que le fue impuesta por la Audiencia Nacional en octubre de 2013 al que fuera asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca por un delito continuado de malversación de caudales públicos en relación con el caso “saqueo 2”.
No obstante, el Supremo mantuvo la responsabilidad civil de 37 millones de euros que Roca tendrá que abonar de forma solidaria junto a otros condenados. El caso tuvo su origen en un informe del Tribunal de Cuentas sobre la gestión municipal del Grupo Independiente Liberal (GIL), de Jesús Gil, entre los años 1991 y 1999.
La resolución del alto tribunal, que se extiende a lo largo de 240 páginas y cuenta con un voto particular, estima parcialmente los recursos de casación presentados por Roca y otros catorce condenados inicialmente, entre ellos el ex alcalde Julián Muñoz, que ve reducida en un año su condena de seis por los mismos delitos.
