El fiscal jefe de Área de Marbella, Julio Martínez Carazo, en imagen de archivo, tras saludar a la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz. FOTO/ JAVIER MARTÍN
Una vez que Ángeles Muñoz ya no es aforada sus actuaciones quedan supeditadas a los jueces y fiscales de Marbella. El fiscal jefe de área, Julio Martínez Carazo, ha incoado diligencias de investigación penal contra la alcaldesa por un delito de desobediencia, en relación con la no demolición de una edificación ilegal en la zona de Artola (la parte más oriental del término municipal).
Según la documentación a la que ha tenido acceso Marbella Confidencial el representante del Ministerio Público firmó un escrito, fechado el pasado 3 de octubre, en el que resuelve “incoar en la Fiscalía de Área de Marbella las Diligencias de Investigación Preprocesal 1026/2023, encontrándose actualmente en tramitación” las mismas.
Martínez Carazo hace constar que el pasado 24 de septiembre recibió un oficio, “procedente de la Fiscalía Provincial de Málaga”, con un escrito presentado por la letrada Inmaculada Gálvez.
La conocida abogada penalista marbellí, especializada en delitos urbanísticos y contra la corrupción, quiso conocer en qué estado se encontraban las actuaciones contra Muñoz que se habían emprendido, inicialmente, desde “el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en Málaga”.
Muñoz llevaba desde el año 2020 sin ejecutar la orden de demolición sobre la construcción objeto de esta causa judicial.
Gálvez solicitó la información a la Fiscalía de Málaga “al haber perdido la condición de aforada la investigada, refiriéndose a la alcaldesa presidenta del Ayuntamiento de Marbella, María Ángeles Muñoz Uriol”, detalla el fiscal jefe local en su escrito del 3 de octubre.
La acusación pública deberá decidir, al término de sus diligencias de investigación penal contra la alcaldesa si, finalmente, las envía a un juzgado de instrucción de Marbella o las archiva. Todo en función de los indicios racionales delito que pueda hallar Martínez Carazo.
Tal y como adelantó elDiario.es el pasado 23 de abril era la Fiscalía del Tribunal Supremo la que hasta ahora investigaba a Muñoz, al ser entonces senadora del PP por Málaga y, consiguientemente, aforada ante el alto tribunal. Las diligencias se iniciaron después de que la alcaldesa no ejecutara una orden de demolición, sobre un inmueble edificado durante los gobiernos del GIL, y le fuera impuesta a la regidora marbellí una multa de 1.000 euros.
Otro frente judicial abierto en Marbella por el ‘caso Opium’
La alcaldesa de Marbella se enfrenta también a una querella por delitos de prevaricación, contra el medio ambiente y lesiones, en el marco del llamado ‘caso Opium’ que instruye el titular del Juzgado de Instrucción 3 de la ciudad, Gonzalo Dívar.
Dicho magistrado dio traslado de la querella y citó como investigados a tres de los cuatro querellados. La única a la que aún no se ha dirigido el juez instructor es Ángeles Muñoz. Tal actuación del instructor ha causado sorpresa en el seno de la acusación emprendida por Santiago Montero, un vecino afectado por la polémica discoteca Opium.
El pasado 17 de octubre prestó declaración como imputado el primer teniente de alcalde de Marbella, Félix Romero. Ya ese día el abogado del querellante, Salvador Campos, llamó la atención –ante los periodistas– sobre el hecho de que no hubiera ningún representante de la Fiscalía durante la declaración del edil del PP: “ni hoy, ni en comparecencias anteriores, ha estado presente el ministerio fiscal”, dijo este letrado con cierto asombro.
La acusación vecinal considera también, en referencia a la Fiscalía, que “ante una denuncia de delitos de estas características, es su obligación asistir y garantizar que los hechos se investigan en toda su amplitud”, ha reprochado Campos.
