Isabel Pantoja, junto a su hermano Agustín, saliendo de prisión en uno de sus permisos penitenciarios de 2015 Foto/ Telecinco.es
La Fiscalía de Marbella solicita una petición de tres años de prisión para la tonadillera Isabel Pantoja como cooperadora necesaria en un presunto delito de insolvencia punible. Los hechos objeto de esta causa penal se investigan en el Juzgado de Instrucción Número 3 de la ciudad, cuyo titular es Gonzalo Dívar, y tienen su origen en una querella interpuesta por la constructora Hormofer S.L. en la que también se denunciaban los delitos de estafa, alzamiento de bienes y apropiación indebida.
La noticia sobre este proceso judicial, abierto en 2017, fue adelantada este lunes por El programa de Ana Rosa y guarda relación con el cargo de administradora única que ocupó Isabel Pantoja en la sociedad de su propiedad Panriver 56 S.L., mercantil que contrajo una deuda con la empresa constructora Codabe S.L.
Según el escrito de calificación provisional –previo al juicio oral– de la fiscal encargada del caso, al que ha tenido acceso la agencia Efe este martes, sólo se imputa un único delito de insolvencia punible a la cantante, como “cooperadora necesaria” del mismo.
La acusación pública se dirige por el mismo delito, pero en concepto de autor, contra el empresario Antonio Pérez Porras, por su condición de administrador único de la mercantil Codabe S.L., contratada por Pantoja para hacer unas obras en su antiguo chalé de Marbella ‘Mi Gitana’, propiedad del millonario escocés Karl Robb desde 2015, tal y como desveló Marbella Confidencial tras una investigación periodística.
Panriver 56 S.L., propiedad de la cantante, contrajo una deuda con Codabe S.L. y esta, a su vez, contrajo otra deuda por un montante mayor con la sociedad querellante en este procedimiento penal: Hormofer S.L.
Una resolución judicial ya estimó que la deuda que tenía Panriver con Codabe S.L. debía pagarse a Hormofer S.L.
Dado que Codabe tenía embargado su crédito y que Panriver estaba interesada en la venta de unos inmuebles (para lo que resultaba necesario cancelar el embargo sobre los mismos) “los acusados se concertaron para beneficiarse mutuamente, en perjuicio de los derechos de créditos de Hormofer S.L., de los que tenían pleno conocimiento”, apunta la fiscal.
Así, mediante escritura pública de 25 de marzo de 2015, la sociedad de Pantoja y Codabe S.L. elevaron a público un acuerdo consistente en el pago por parte de Panriver 56 S.L. de 62.759,10 euros mediante cheque entregado en ese acto, renunciando la constructora a cualquier reclamación frente a la empresa de la tonadillera.
A continuación Codabe y Panriver, conjuntamente, solicitaron del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Madrid el archivo del procedimiento de ejecución y cancelación del embargo, impidiendo así que Hormofer cobrara la cantidad por la que se había “despachado” ejecución de 114.108 euros, así como la “realización de las fincas embargadas”, recoge el escrito de la fiscal.
Durante el año 2015, cuando ocurrieron estos hechos por los que la Fiscalía dirige su acusación, Isabel Pantoja estaba en prisión, cumpliendo condena firme de dos años por el llamado ‘caso blanqueo’. Debido a tal circunstancia otorgó una serie de poderes a su hermano Agustín, para proceder a la venta del chalé ‘Mi Gitana’, como está ya acreditado de forma pública y notoria.
Así pues, aunque no lo menciona la fiscal, es de suponer que las operaciones que realizó Panriver 56 S.L. en marzo de 2015, objeto de acusación en el caso que podría sentar de nuevo a Isabel Pantoja en el banquillo, se llevaron a cabo también mediante poderes otorgados por la cantante, tanto a su hermano como a terceros.
