A la izquierda de la imagen el fiscal jefe de Área de Marbella, Julio Martínez Carazo, frente al juez instructor del ‘caso PGOU”, Gonzalo Dívar. FOTOS/MARBELLA CONFIDENCIAL
La Fiscalía ha recurrido ante la Audiencia Provincial de Málaga el sobreseimiento provisional del llamado ‘caso PGOU’ decretado el pasado mes de agosto por el titular del Juzgado de Instrucción 3 de Marbella, Gonzalo Dívar, frente al criterio del Ministerio Público, que proponía continuar con esta causa penal en la que se investiga la presunta falsificación del acta del pleno celebrado el 29 de julio de 2009, en relación con la aprobación provisional de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Fuentes jurídicas consultadas por Marbella Confidencial han confirmado la interposición del recurso por parte del fiscal jefe de Área de Marbella, Julio Martínez Carazo, representante de la acusación pública que formuló en su día denuncia contra la ahora alcaldesa marbellí y senadora del PP, Ángeles Muñoz (aforada ante el Supremo), así como contra el vicesecretario municipal, Javier de las Cuevas, después de recibir un escrito de la plataforma ‘antideslinde’ sobre la supuesta alteración de 22 planos de la cartografía que se llevó a la sesión plenaria. Entre los suelos afectados estaban terrenos ubicados en la linde entre Marbella y Benahavís, donde se sitúa la mansión residencia de Ángeles Muñoz, así como fincas propiedad de sociedades participadas por su marido, el promotor Lars Broberg y un hermano de éste.
En el recurso de apelación del fiscal, de 19 folios de extensión y al que ha tenido acceso Marbella Confidencial se refleja que “no podemos compartir los argumentos expuestos por el instructor sobre los que fundamenta el sobreseimiento de la presente causa”.
Martínez Carazo se pronuncia sobre el acta del pleno en relación con los informes aportados por el equipo redactor del PGOU en la misma mañana de la sesión plenaria en estos términos: “Consideramos que lo expuesto tiene relevancia falsaria respecto de la función encomendada al documento que contiene el acta de lo acontecido, no siendo esta en ningún caso una falsedad inocua, al ser falsos los hechos que se contienen en el documento”.
Extracto del folio 17 del recurso del fiscal Martínez Carazo, notificado este miércoles a las partes y firmado el 18 de agosto.
El Ministerio Público considera, sobre la actuación del vicesecretario municipal imputado, que “se produjo una narración mendaz, ya que lo expresado no se correspondía con la realidad, se produjo en un documento de naturaleza pública, los narradores eran funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y el desvío de lo que se narró en el acta respecto a la realidad de lo acontecido es relevante por afectar a las funciones propias del documento; elementos todos ellos que inducen a pensar, en sentido contrario a lo que mantiene el Magistrado Instructor en su resolución, la existencia de un elemento subjetivo, o dolo falsario en la conducta denunciada, que en todo caso debiera tener encaje en la falsedad cometida por imprudencia grave”.
Martínez Carazo va a más al añadir que “la falsedad imprudente se comete cuando el funcionario emite un documento que acredita algo que no se corresponde con la realidad, obrando con una ligereza inexcusable en relación con la función que tiene encomendada”, reprocha al alto funcionario investigado, Javier de las Cuevas, que sustituyó ese día al secretario municipal, Antonio Rueda, por vacaciones de éste.
El representante de la acusación pública recalca que la falsedad se cometió “al transcribir y recoger” el acta de la sesión plenaria, “algo que nadie vio, no se informó al Pleno y no se sometió a votación de éste”, sobre la modificación de 22 de los 71 planos que componían el PGOU, independientemente de que el documento que contenía los cambios fuera del equipo redactor del plan.
El fiscal: “nada se debatió ni se acordó y por tanto NO se aprobó el contenido del escrito presentado por el equipo redactor del PGOU”
“Por tanto, nada se debatió ni se acordó y por tanto NO (sic) se aprobó el contenido del escrito presentado por el Equipo redactor del Plan General, Territorio y Ciudad, en fecha 28 de julio de 2009 aunque consta como fecha de entrada 29 de julio de 2009, número REG 063630”, reza el documento firmado por el fiscal el 18 de agosto y notificado este miércoles a las partes.
Martínez Carazo considera una “cuestión trascendental” la sustitución de 22 de los 71 planos que componían el PGOU de Marbella “y a tan importante cuestión tan sólo se hizo referencia por los denunciados [la alcaldesa y el vicesecretario], durante el pleno del 29 de julio de 2009 en la que forma que a inicio del presente recurso ha sido expuesta”, en alusión a la escueta dación de información que se llevó a cabo desde la mesa presidencial de la sesión.
Asimismo, el Ministerio Público considera que la declaración que prestó el vicesecretario ante el juez Dívar, en calidad de investigado, “no puede justificar lo acontecido”. El fiscal hace constar que el funcionario declaró que la documentación objeto de investigación le fue entregada, por parte del equipo redactor del PGOU, en la misma mañana del pleno del 29 de julio: “hay que tener en cuenta que el pleno se inicia a las 11 horas y cinco minutos del citado día 29”, recuerda el fiscal para confrontar el argumento del imputado sobre que la documentación “estuvo siempre a disposición de los concejales”.
El fiscal, que solicita que se practiquen una serie de declaraciones testificales que quedaron por realizarse, al achicar la causa el juez, deja claro que con la investigación efectuada cabe constatar que “no se había producido una falsificación del PGOU de Marbella, sino que se había ocultado al Pleno del Ayuntamiento, celebrado el 29 de julio de 2009, la modificación de 22 de los 71 planos que componían el PGOU de Marbella”.
LEA AQUÍ EL RECURSO DE APELACIÓN DEL FISCAL:
Así pues, el escrito del Ministerio Público contiene duros reproches contra el funcionario codenunciado en su día junto a la actual alcaldesa y senadora, Ángeles Muñoz.
El auto de Dívar otorgaba dos vías para los recursos: de reforma, ante el propio juez, así como de apelación ante la Audiencia de Málaga, opción por la que se ha inclinado el fiscal Martínez Carazo.
Como era de esperar el Grupo Municipal Socialista de Marbella, personado como acusación en esta causa, también ha recurrido el auto de Dívar, que ya en su momento causó asombró en el seno de la Fiscalía. Se da la circunstancia de que la decisión del magistrado, que ya archivó otra denuncia contra Ángeles Muñoz relacionada con el deslinde de Benahavís, se notificó el mismo día que se firmó la moción de censura entre PP y OSP ante el secretario municipal del Consistorio, Antonio Rueda Carmona, investigado en otra causa judicial, según hizo público meses atrás la arquitecta Carola Herrero en el programa semanal de Marbella Confidencial emitido cada jueves en Onda Luz TV.
