La exalcaldesa de Marbella Ángeles Muñoz, junto al exconcejal de Urbanismo Pablo Moro, en imagen de archivo. Foto/ Marbella Confidencial
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La Fiscalía de Área de Marbella solicita una pena de ocho años de inhabilitación especial relativa a empleo, o cargo público, para el que fuera concejal delegado de Urbanismo bajo el mandato de Ángeles Muñoz, Pablo Moro, por un delito de prevaricación al no paralizar una serie de obras irregulares acometidas en la construcción del club de playa ‘Funky Buddha Beach’, ni tampoco imponer multas coercitivas que reclamaba el departamento de Disciplina Urbanística. Se trata de unos hechos ocurridos entre marzo y agosto de 2014 que fueron denunciados por el PSOE de Marbella, formación que ejerce la acusación particular.
En el escrito de conclusiones provisionales del ministerio público, previo al juicio oral, al que ha tenido acceso Marbella Confidencial, se pone de manifiesto que Moro, tras recibir delegación de competencias de la entonces alcaldesa, quedaba “obligado a la firma de los decretos de restablecimiento de la legalidad y paralización de las obras, así como de imposición de multas coercitivas”, en base a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), entre otra legislación citada.
“Con conocimiento de sus obligaciones legales y a sabiendas de su injusticia”
La fiscal del caso, Esther Moreno, relata que el acusado, a pesar de lo anteriormente expuesto, “con conocimiento de sus obligaciones legales y a sabiendas de su injusticia, en el seno del Expediente de Disciplina Urbanística de Restablecimiento de la Legalidad número 156/2014, incoado frente a la mercantil Adventure Beach S.L. devolvió sin firmar” un total de seis decretos, que le fueron remitidos para firmar desde el servicio de Disciplina Urbanística del Ayuntamiento de Marbella.
El primero de los decretos que Moro devolvió sin su firma, tal y como afirma la fiscal, es del 24 de febrero de 2014. En el documento se alertaba, mediante un informe de inspección, de la ejecución de obras sin licencia en “zona de ocio Funny Beach Club”, consistentes en demolición de pérgolas y muretes existentes.
Los técnicos situaron como “responsable” de los trabajos a la mercantil Adventure Beach. Se resolvió ordenar, como medida cautelar, la inmediata suspensión de las obras, así como iniciar el procedimiento de “restablecimiento del orden jurídico perturbado y reposición de la realidad física alterada”, reza el escrito fiscal elaborado por Moreno el 15 de octubre de 2015 y que tuvo entrada en el Juzgado de Marbella en noviembre, tal y como consta en el sello de entrada.
Segundo decreto sin firmar con multa incluida
El segundo decreto es del 28 de mayo y en él se acordaba imponer a Adventure Beach la primera multa coercitiva por importe de 4.599 euros. Moro también hizo caso omiso. Ya el 6 de junio los técnicos envían al entonces delegado de Urbanismo otro decreto Se acordaba imponer otra multa coercitiva a la misma empresa por importe de 11.321 euros.
Es el 3 de julio cuando está fechado el cuarto decreto. Se disponía reiterar la orden de paralización decretada, “haciéndose extensiva a las obras de reforma de la edificación existentes, sin licencia, en la zona de ocio Funny Beach, así como ampliar el expediente de protección de la legalidad urbanística”, reza el escrito de tres folios de la fiscal que relata los reiterados incumplimientos del exconcejal de Urbanismo.
También el 3 de julio se le envió a Moro otro decreto –el quinto que no firmó hasta ese momento– mediante el que se acordaba imponer a Adventure Beach otra multa coercitiva por importe de 18.184 euros. La lista de decretos sin firmar que pasaron por las manos del exteniente de alcalde culmina el 13 de agosto de 2014. Se trababa de otra multa coercitiva a la empresa propietaria del club de playa por valor de 21.990 euros.
Moro es funcionario público del Estado
Se da la circunstancia de que Pablo Moro es funcionario público, en calidad de personal administrativo del Hotel Escuela Bellamar, dependiente del Estado. Así pues, si el tribunal sentenciador estimara la petición de la Fiscalía su inhabilitación podría hacer peligrar su puesto de trabajo. Se trata de “inhabilitación especial para empleo, o cargo público”. La fiscal encargada del caso también reclama para el exedil del PP el pago de las costas del juicio.
Ya de por sí, el hecho de estar imputado y luego procesado truncó la prometedora carrera política de Moro en el PP de Marbella. Al ‘caso Funky Buddha’ se sumaron otras denuncias contra él en los tribunales. El exdelegado de Urbanismo era una de las personas de máxima confianza de Ángeles Muñoz. La cercanía de las elecciones municipales precipitó su caída, al no repetir en las listas.
En el contexto actual nadie hubiera entendido que la ahora senadora llevara a un imputado en su candidatura. En 2003 la líder local del PP sí se atrevió a incluir en su lista a un imputado. Era el exedil del GIL y arquitecto José Luis Troyano, ahora ya condenado en sentencias firmes por delitos urbanísticos.
