Imagen de la fachada del Ayuntamiento de Marbella FOTO/ JAVIER MARTÍN
La funcionaria municipal de Marbella expedientada, hasta hace poco adscrita al departamento de Personal, logró desviar a sus cuentas privadas, entre 2016 y 2019, casi 29.000 euros de fondos públicos que estaban destinados a sus propios compañeros de la plantilla municipal, en el marco de lo que contempla para ellos el convenio colectivo sobre créditos a los que tienen derecho, relacionados con los llamados “anticipos reintegrables”.
Marbella Confidencial ha tenido acceso a un informe fechado el pasado 4 de febrero, de cuatro folios de extensión, firmado por la directora general de Recursos Humanos, Carmen Pallarés, en el que se describe la conducta irregular de la citada persona. Se trata de un caso desvelado en exclusiva por este medio digital el pasado viernes 8 de febrero y que no se detectó en el Ayuntamiento hasta el 23 de enero del presente año, tras una auditoría rutinaria de gestión.
El montante defraudado por esta funcionaria, sobre la que recae un expediente que tramita como instructor el tesorero municipal, Francisco Javier Moreno Alcántara, se eleva hasta los 25.975 euros, sobre un total desviado de 27.975 euros desde enero de 2016 hasta enero de 2019. Así pues, logró justificar 2.000 euros. El resto lo ha devuelto recientemente a las arcas municipales en dos entregas. Una por 500 euros y otra de 25.475 euros.
Este desvío irregular de fondos públicos arrancó en enero de 2016, bajo gobierno del socialista José Bernal, y con el también socialista Daniel Pérez como responsable de Personal, con una partida de 3.000 euros. Justo un año después, en enero de 2017 se produce otro desvío por el mismo importe de 3.000 euros. Pasan tres meses y es en abril de 2017 cuando la partida defraudada baja hasta los 275 euros, pero en ese mismo mes se autoadjudica como anticipo de nómina otros 2.000 euros.
Ya en mayo de 2017 el importe vuelve a subir hasta los 3.000 euros. Dos meses después, en julio de dicho año, la cantidad desviada asciende a los 3.200 euros, según el desglose que puede verse en el informe íntegro que reproducimos en esta información para nuestros lectores.
Octubre de 2017, ya con el gobierno PP-OSP, cierra el año con 1.500 euros que van a la cuenta de esta funcionaria. No es hasta julio de 2018 cuando se adjudica 4.000 euros, la misma cantidad que en septiembre, hasta llegar al mes de enero de 2019 con otros 4.000 euros.
Documentos oficiales del Ayuntamiento
Cabe recordar que el artículo 33 del Convenio Colectivo del Ayuntamiento de Marbella regula lo siguiente:
“Se concederán a los trabajadores/as anticipos reintegrables equivalentes a tres mensualidades completas de los haberes brutos, a reintegrar hasta en 18 mensualidades sin intereses, con un máximo de 3.000 con cargo a la bolsa de 150.000 que el Ayuntamiento constituirá al efecto. Se podrán conceder anticipos especiales, para casos extraordinarios de extrema necesidad, valorándose esta y los plazos de amortización por la comisión de vigilancia. Se concederán igualmente, a petición del trabajador/a, anticipos de caja hasta el importe total de los haberes líquidos mensuales del mismo.”
Para quienes no lo sepan (la mayoría de los contribuyentes de Marbella) el Ayuntamiento tiene una bolsa para este tipo de anticipos que ronda los 200.000 euros en el presupuesto municipal.
Fuentes sindicales consultadas a la hora de elaborar esta información explican que en el momento que se amortiza un anticipo existe una cantidad disponible para que otro trabajador se beneficie de ese derecho. “Como hay mucha demanda, hay una gran cola para cobrarlos”, recalcan.
Así pues, afirman sobre la funcionaria expedientada que “para que ella hubiese dispuesto legítimamente, cosa algo difícil, de otro anticipo en enero de 2017 tendrían que darse 2 condiciones: la primera, que lo hubiese amortizado completamente y la segunda, que no hubiese ningún otro compañero pendiente de recibir”, algo que estas fuentes califican de “inverosímil”.
En base a todo lo anterior, y tras haber contrastado esta documentación con las fuentes citadas, éstas aseguran que resulta “completamente ilícito” que la funcionaria responsable de estas irregularidades obtuviese otros cinco anticipos en 2017 por un total de 9.975 euros; otros 8.000 en 2018 y 4.000 en 2019.
Supuesta responsabilidad “in vigilando”
Los sindicalistas consultados coinciden al afirmar que para que esta sucesión de desvíos de fondos a la cuenta de la funcionaria ocurriese “ha existido una culpa in vigilando del superior o superiores jerárquicos”. La implicada es auxiliar administrativo y por encima tiene jefes de Negociado de Nóminas que, a juicio de las fuentes, “tendrían que haber supervisado su trabajo”.
Este tipo de anticipos de los que disfruta la plantilla del Consistorio marbellí están sujetos al control de Intervención y Tesorería. Por tales motivos, los consultados se preguntan cómo es posible que cuando alguien en los citados departamentos ha consignado el anticipo no haya detectado que había otros sin devolver, en el marco de unas irregularidades que arrancaron en 2016 y que no se han detectado hasta el 23 de enero de 2019, por parte del Servicio de Recursos Humanos, de forma rutinaria en el marco de una auditoría de “procesos de gestión”, como la califica la directora del área, Carmen Pallarés, en su informe.
En relación con lo que el informe recoge acerca de la “ocultación de saldos pendientes”, por parte de la implicada en estos hechos, las fuentes citadas muestran también su extrañeza ante el hecho de que en el Ayuntamiento no llamara la atención, durante tres años, que un mismo perceptor (la funcionaria autora del desvío) haya cobrado dos anticipos reintegrables de 4.000 euros en un intervalo de dos meses (julio y septiembre de 2018).
También les sorprende a los funcionarios con los que ha hablado este medio digital, conocedores de cómo se lleva a cabo este procedimiento, el hecho de que “no se haya tipificado la infracción” cometida por la funcionaria. En este punto recuerdan que el Art. 95 del Real Decreto Legislativo 5/2015, que establece las faltas graves, “contiene al menos desde la a) hasta la p), sin que se haya siquiera concretado la falta que se le imputa”.
Imagen del Registro de Entrada del Ayuntamiento de Marbella, donde se encuentra adscrita ahora la funcionaria presuntamente implicada. FOTO/ JAVIER MARTÍN
Decreto de traslado a petición de la funcionaria
Se da la circunstancia de que en un decreto de la directora de Recursos Humanos, al que también ha tenido acceso este medio (reproducido con el resto de documentos) Carmen Pallarés acepta trasladar a la implicada desde el departamento de Personal al Registro de Entrada, pero porque la funcionaria afectada lo solicita personalmente, no porque se trata de una medida disciplinaria.
Recuerdan que, en otras ocasiones, “se han adoptado medidas provisionales por la gravedad de los hechos”, en alusión a otros funcionarios que incluso fueron suspendidos en sus funciones de forma cautelar.
Los hechos no se habrían puesto en conocimiento de la Fiscalía
Por otro lado, a pesar de que en un primer momento todo apuntaba a que el equipo de gobierno había puesto en conocimiento de la autoridad judicial estos hechos, de la versión ofrecida por el portavoz gubernamental, Félix Romero, se desprende que no. Sin embargo, fuentes policiales sostienen que estarían obligados a ello. En primer término, quienes tendrían que dirigirse a Fiscalía son el instructor del expediente, que es el interventor, así como la secretaria del mismo, Eloisa de Juan, secretaria del procedimiento y jefa de Servicio de Tesorería.
El artículo 33 del Régimen Disciplinario que cita la directora de Recursos Humanos recoge lo siguiente:
1. Iniciado el procedimiento, la Autoridad que acordó la incoación podrá adoptar las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer.
2. La suspensión provisional podrá acordarse preventivamente en la resolución de incoación del expediente y durante la tramitación del procedimiento disciplinario, en los términos y con los efectos señalados en los artículos 47, 48 y 49 de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado.
3. No se podrán dictar medidas provisionales que puedan causar perjuicios irreparables o impliquen violación de derechos amparados por las Leyes.”
