La consejera de Justicia de la Junta de Andalucía, Rosa Aquilar, ha anunciado este jueves, en el Parlamento de Andalucía, que el Ejecutivo que preside Susana Díaz ha llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de Marbella, gobernado por PP y OSP, para que la administración municipal ceda a la institución judicial autonómica el edificio a medio construir, propiedad del cerebro del ‘caso Malaya, Juan Antonio Roca, enclavado junto al Hospital Costa del Sol de Marbella.
Se trata de una vieja aspiración del colectivo judicial y que comenzó a impulsar en su momento, concretamente en noviembre de 2017, el parlamentario de Ciudadanos por Málaga Carlos Hernández White, al mantener diversas reuniones con abogados, jueces y magistrados en torno a una plataforma que demandaba este espacio, ante las graves carencias de la planta judicial marbellí, muy esparcida por distintos inmuebles, por lo que se pretende reagruparla por completo.
Meses atrás la propia alcaldesa anunció esta posibilidad, durante su intervención en un foro periodístico, para que este inmueble, que sirve como indemnización compensatorio para el Ayuntamiento de Marbella, por parte de Roca para satisfacer sus responsabilidades civiles por el delito de blanqueo de capitales, pudiera albergar finalmente la futura Ciudad de la Justicia.
Rosa Aguilar ha detallado durante su comparecencia que la Consejería de Justicia firmará un protocolo de actuaciones, junto al Ayuntamiento de Marbella, para habilitar por completo el inmueble, actualmente a medio hacer por dentro.
“Es un momento de enorme satisfacción para esta consejería, porque supone un avance clave, imprescindible, para que una ciudad de la importancia de Marbella pueda contar, por fin, con las instalaciones judiciales que necesita”, ha señalado la consejera.
El grupo de Ciudadanos en el Parlamento de Andalucía ha destacado en una nota de prensa, recogida por Europa Press, que ha sido el diputado Carlos Hernández el que ha elevado la cuestión a la comisión de Justicia y en cuya respuesta la consejera ha anunciado el acuerdo entre la Junta y el Ayuntamiento.
Según Hernández, el grupo parlamentario de la formación naranja y la agrupación de Marbella han solicitado desde octubre a la Junta que busque una solución para la situación en la que se encuentran los juzgados de Marbella y el coste de 500.000 euros al año por el alquiler de las dependencias, al que se suman los gastos de seguridad o limpieza.
Hernández y miembros de la agrupación local de Ciudadanos se reunieron en octubre con el juez decano de Marbella, Ángel Sánchez Martínez, quien les trasladó, según la formación naranja, las carencias de un partido judicial que atiende a una población de 250.000 personas.