Nuevo capítulo del ya conocido como ‘caso PGOU’ en el que se investiga la alteración de 22 planos del Plan General de Ordenación Urbana de Marbella en 2009. En un escrito remitido el pasado 7 de febrero al juez instructor, Gonzalo Dívar, el director general de Urbanismo de la administración autonómica, Alejandro Márquez, informa al magistrado de que no se acordaron cambios de última hora con el equipo redactor del Plan, en contra de lo que sostiene la exalcaldesa Ángeles Muñoz.
En el citado documento, hecho público este martes por el PSOE marbellí, personado en el caso como acusación popular, se señala que el 27 de julio, a las 17:00 hora, se celebró la “última de estas reuniones técnicas” previas a la Aprobación Provisional del PGOU que tuvo lugar en el Pleno de Marbella el 29 de julio.
El alto cargo de la Junta que se dirige por escrito al juez Dívar remite a la sede judicial un informe del jefe del Servicio de Planeamiento Urbanístico de la Junta, Antonio Becerra, en el que éste sostiene que a la citada reunión asistió en representación del Ayuntamiento de Marbella el entonces coordinador general del PGOU, Juan Carlos Fernández Rañada, a quien se le entregaron “unas notas técnicas”por parte de la Consejería.
“De esta forma se trasladaba al Ayuntamiento que no procedían dichos cambios; bien por la necesidad de una nueva información pública, bien por alterar el esquema general que sirve de sustento al PGOU, o bien porque algunos de ellos podían ser corregidos en simple subsanación, tras la aprobación definitiva [del PGOU] y con el correspondiente procedimiento que se señalaría en la resolución sobre la aprobación definitiva”, reza el escrito remitido al Juzgado de Instrucción 3 marbellí.
El director general de Urbanismo explica al magistrado que en dichas reuniones “no se elaboraban, ni se elaboran actualmente actas de las mismas”. Las partes reunidas “analizaron unas propuestas municipales de posibles modificaciones a introducir, o no, en el citado documento sobre algunos cambios”.
De hecho, la Junta aclara que “parte de estas propuestas municipales se incluyeron posteriormente por el Ayuntamiento de Marbella en el expediente administrativo de la tramitación del PGOU y que consta en este Servicio”.
Entre la modificaciones que nunca fueron consensuadas con el Consistorio marbellí y, por tanto, no autorizadas por la Junta estaba “el reflejo en el Plan de los límites municipales de Marbella”, en alusión a la polémica modificación de planos relativos a la segregación de terrenos a Benahavís.
El PSOE pide declaraciones testificales de Rañada y el equipo redactor del PGOU
El secretario general del PSOE de San Pedro, Ricardo López, ha acusado este martes a la exalcaldesa Muñoz de “inventarse una reunión” entre la Junta y el equipo redactor del PGOU para justificar la alteración de 22 planos.
Asimismo, López ha anunciado que los socialistas pedirán la comparecencia como testigo de Juan Carlos Fernández Rañada, para que aclare si advirtió a Muñoz de que no podía llevar a cabo los cambios. Otra testifical que solicitará esta acusación popular es la de todo el equipo redactor del PGOU, con el arquitecto jefe Manuel González Fustegueras al frente.
Los socialistas pedirán que ambas partes declaren como testigos para que estén obligadas a “decir la verdad” ante el titular del juzgado de instrucción número 3 de Marbella, Gonzalo Dívar, que investiga el caso.
“Eso nos garantiza que lo que vayan a decir ante el juez sea la verdad y, por tanto, poner más claridad en este tipo de cuestiones”, ha indicado López.
El secretario de los socialistas de San Pedro ha indicado que la solicitud de ambas comparecencias se hace “al objeto de que puedan, de esa manera, decir qué pasó, ya que son ellos los que saben qué pasó”, informa Europa Press.
López ha exhibido el informe en el que el jefe de servicio de Planeamiento Urbanístico de la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, Antonio Becerra, admite que, de mayo a julio de 2009, la Dirección General de Urbanismo celebró “algunas” reuniones con el equipo redactor o con el Ayuntamiento para abordar aspectos del PGOU.
Becerra, señala en el escrito, acudió a las citas en sustitución del director general de Urbanismo, cuyo puesto estaba vacante y no se ocupó hasta el 1 de septiembre de 2009.