La sentencia firme del Supremo por el ‘caso Malaya’, sigue generando numerosas reacciones, la mayoría de descontento. Este jueves el consejero de Justicia de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, ha anunciado que el Ejecutivo autonómico solicitará formalmente al Gobierno centra que las multas que recaude el Estado por el citado procedimiento penal sean destinadas al Ayuntamiento de Marbella. La cifra fijada en sentencia se eleva hasta los 550 millones de euros.
De Llera hizo estas declaraciones tras reunirse con el alcalde de Marbella, José Bernal, y el delegado de la Junta en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, en dependencias de Alcaldía. El consejero considera que el Gobierno de Rajoy debería “mostrar su solidaridad con Marbella” para que el dinero de las multas “se traduzca en una indemnización por responsabilidad civil debido a los daños sufridos por el erario público del municipio”.
Previamente, durante su visita a Málaga, el titular de Justicia había reclamado “un ejercicio de solidaridad” hacia Marbella, por parte del Gobierno, en declaraciones a los periodistas.
El alto cargo autonómico, fiscal de carrera, contempla como “algo razonable y lógico” que el Estado “atienda esta petición”, después del varapalo que ha supuesto para la administración municipal la negativa del Supremo en cuanto a que las multas fueran destinada al pago de la deuda con Hacienda y la Seguridad Social que mantiene el Ayuntamiento de Marbella con la administración central.
“Marbella ha sufrido daños patrimoniales muy serios y el Gobierno de la Nación deber ser solidario con la ciudad”, ha manifestado De Llera, quien ha mostrado su compromiso a impulsar la petición formal ante el Estado.
Por su parte, el primer edil ha asegurado que “es una satisfacción que el máximo responsable de la Justicia en Andalucía se posicione a favor de nuestra ciudad como siempre lo ha hecho y haya mantenido la acusación ante el Supremo”.
Ha lamentado que el anterior Gobierno municipal del Partido Popular no siguiera personado en la causa porque “estoy seguro que tendríamos más beneficios para Marbella” y ha señalado que, aunque la sentencia se ajusta a Derecho, lo justo sería que buena parte de esas multas llegarán a Marbella”.
“El origen de la corrupción y del blanqueo fue el desfalco del patrimonio de Marbella y como administración tenemos el derecho y la obligación de reclamar que buena parte de esas multan repercutan en inversiones en la ciudad”.
Cabe recordar que el Supremo ni siquiera contempla para Marbella la indemnización de 1,3 millones de euros que fijaba la Audiencia de Málaga, en concepto de responsabilidad civil, por el convenio de Vente Vacío, al no apreciar el delito de malversación de fondos públicos. El equipo de gobierno de Ángeles Muñoz ni siquiera recurrió la sentencia del tribunal malagueño, cuando el propio fiscal había pedido una indemnización para las arcas locales de 4 millones de euros.