“Prioridad absoluta”. Este es el mensaje que ha transmitido este lunes el consejero de Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, con respecto a la importancia máxima que otorga el Ejecutivo que preside Susana Díaz para tratar de buscar soluciones tras la reciente anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2010, por parte del Tribunal Supremo.
Tras su visita a Marbella y una vez celebrada una reunión bilateral, Ayuntamiento-Junta, el consejero ha comparecido junto al alcalde, José Bernal, para agradecer la “coordinación” del primer edil “desde el primer momento”, una vez que se conocieron las sentencias que “tumbaban” el PGOU de Marbella.
El consejero habla de un “contratiempo” par referirse a la anulación del Plan General de 2010
“Nos vamos a tomar este contratiempo como una oportunidad para racionalizar el urbanismo y hacer un trabajo ímprobo”, ha expuesto Fiscal durante la multitudinaria rueda de prensa celebrada en Alcaldía. El titular de Ordenación del Territorio ha anunciado, además, que los servicios jurídicos de la Junta estudian interponer lo que se denomina como “incidente de ejecución de sentencia”, para aclarar así “todas las dudas surgidas” en torno al fallo judicial, inapelable y que tendrá que ser ejecutado por el tribunal de primera instancia, es decir el TSJA.
En el orden de prioridades que tiene la Junta al iniciar este proceso para solucionar el entramado urbanístico marbellí el consejero ha puesto como primer asunto buscar una “normativa transitoria”, basada en el PGOU del 86. No ha querido adelantar plazos, pero será la primera medida antes de elaborar un nuevo Plan General.
“El día a día urbanístico está garantizado”
“Efectivamente el día a día urbanístico está garantizado, porque hay un PGOU en vigor del 86 que se estuvo aplicando hasta 2010”, ha recalcado José Fiscal.
Al ser reguntado sobre si el Ejecutivo autonómico va a buscar una normativa con rango de ley para solventar por completo la problemática surgida en Marbella, tras quedar fuera de ordenación más de 16.000 viviendas, José Fiscal ha respondido que “ese será uno de los primeros objetivos”. De hecho, ha reconocido que ” hay incluso dudas en la aplicación de la sentencia”, de ahí la importancia de un incidente de ejecución de la resolución judicial.
“Todas las decisiones serán conjuntas, compartidas y serán tomadas al unísono”, ha expuesto el representante de la administración autonómica sobre la llamada ‘Mesa Técnica’, creada entre la Junta y el Consistorio marbellí.
Respuesta sobre los terceros de buena fe
Sobre la petición del PP para que la Junta arbitre alguna solución sobre los llamados terceros de buena fe, que adquirieron sus viviendas ahora a legales, el consejero José Fiscal se ha referido a que se trata de “preguntas demasiado prematuras” porque, ha añadido, “todavía ha dudas” que si no existieran “no haría falta crear una comisión tan amplia”.
La Junta ha querido enviar también un mensaje para “tranquilizar a los ciudadanos”, porque, al igual que ha dicho el alcalde, José Bernal, “el día a día en el urbanismo de Marbella está garantizado” y, ha apuntado el regidor, “no volvemos a un urbanismo de hace treinta años”, sino al tiempo previo a que se aprobara el PGOU de 2010.