El delegado del Gobierno de la Junta en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha querido trasladar a la ciudadanía de Marbella un mensaje de tranquilidad, tras conocerse este miércoles que el TC anuló en 2015 el artículo de la LOUA que permitió al Gobierno que presidía Manuel Chaves, en 2006, retirar las competencias urbanísticas al Consistorio marbellí entonces en manos de una trama de corrupción municipal, liderada por el cerebro de ‘caso Malaya’, Juan Antonio Roca.
Tras mostrar su extrañeza ante el hecho de que el PP ocultara el fallo judicial que le daba la razón y nunca lo hiciese público, transcurridos 17 meses, algo que a Ruiz Espejo “le parece poco lógico y no se da habitualmente”, ha señalado que, “en la práctica parece que no hay efecto, porque las competencias se devolvieron al Ayuntamiento, porque es sobre un articulado de la ley”.
A preguntas de este medio digital el delegado del Ejecutivo autónomico ha asegurado también que él personalmente desconocía hasta ahora la resolución de la citada instancia judicial silenciada por los conservadores y que fue publicada en el BOE.
“En aquel momento cuando se retiró era plenamente vigente la norma por tanto no debe tener ningún tipo de efecto”, ha señalado Ruiz Espejo, al tiempo que ha insistido en que “creemos que no tiene efecto ni debe tenerlo en la práctica”, recordando que cuando se normalizó la situación se devolvieron dichas competencias.
“Se actuó de forma diligente y en la manera que había que haberlo hecho”, ha afirmado, reiterando que “lo que estamos conociendo ahora en los distintos juicios se ve que no era situación lógica, desde el punto de vista de la política ni administrativa y, por tanto, las distintas administraciones tenían que tomar decisiones y llegaron a estas que estamos diciendo, como es la disolución y la retirada de competencias urbanísticas”.
Por último, ha incidido en que “lo más importante es mirar hacia el futuro y así se está trabajando, de forma colaborativa y ordenada como se está haciendo por parte de los servicios técnicos de la Consejería de Medio Ambiente y por parte de Urbanismo de Marbella para normalizar, después de la sentencia del TS, lo antes posible toda la situación urbanística y hacerlo de una manera que pueda dar estabilidad”.