La plataforma ‘Ni un metro de Marbella para otra población’ ha anunciado este lunes que trasladará a Fiscalía el nombre de los concejales que voten a favor del cambio de los límites territoriales con Benahavís, moción que el grupo municipal popular defenderá en el pleno de julio y que la Corporación celebra el viernes. “Denunciaremos a aquellos concejales que voten en contra de su propia ciudad por tomar una resolución injusta a sabiendas de su injusticia. Todos los ciudadanos son los dueños de su ciudad, no sólo los que tienen suelo para construir”, ha señalado el portavoz del colectivo Juan Luis Mena.
La plataforma ha dado por descontado que los grupos municipales del PSOE, IU y Podemos votarán en contra del cambio de lindes, pero duda de que lo hagan los ediles del PP y OSP. “Imaginamos, ojalá nos equivoquemos, que los concejales del PP, pese a conocer la legalidad y el daño a la ciudad, votarán a favor“, ha apuntado.
Mena ha destacado que, según la ley, la alcaldesa “con fuertes intereses económicos” en la zona del deslinde, tiene que abstenerse de la votación y del debate en el pleno. “No sabemos si los concejales de OSP votarán a favor o en contra, pero es necesaria una mayoría absoluta y ellos tienen la llave para que 200.000 metros cudrados de Nueva Andalucía y San Pedro no se pierdan”, ha señalado.
A juicio de Mena, una posible aprobación del cambio de lindes en el pleno “no tendrá ningún recorrido y se parará en los tribunales, pero ver a tus propios concejales votar por el saqueo a Marbella es una imagen para no olvidar”.
El exconcejal socialista ha indicado que el PGOU es un documento que ordena el suelo del municipio y no tiene competencias para fijar las lindes, sino que se ajusta a las oficiales. “Ya se lo dijo el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía a Marbella en una sentencia de febrero de 2015”, ha agregado.
Un cambio valorado en 30 millones de euros
Mena ha señalado que el cambio de lindes que propugna el PP “no es inocente” ya que “con un cambio de la raya en el plano, los terrenos que son rústicos devienen urbanizables en Benahavís, lo que vale unos 30 millones de euros”. “En esos suelos está la mansión de la alcaldesa, que deja de estar construida de forma ilegal en suelo rústico (en Marbella) para pasar a estar en suelo urbano, es decir, legal (en Benahavís)”, ha señalado Mena, que ha destacado que la vivienda de la alcaldesa se encuentra a la venta.
El portavoz del colectivo ha acusado al PP de querer “darle un bocado” al término municipal de Marbella a través de una modificación de errores del Texto Refundido del PGOU de 1986 que el grupo popular elevará al Pleno del viernes después de que el concejal de OSP y teniente alcalde de San Pedro, Rafael Piña, le diera su apoyo en la Comisión Informativa de Urbanismo del pasado viernes. “Ni el procedimiento de corrección de errores es legal ni un PGOU puede cambiar las lindes. Eso lo sabemos todos, pero hay 30 millones de euros en juego, 30 millones para la alcaldesa y su familia, entre otras personas”, ha agregado.
Según Mena, ante 30 millones de euros, “la ley claudica y ocurre lo nunca visto, que un alcalde vote a favor de quitarle territorio a su municipio para dárselo al vecino”.
La plataforma organiza una concentración el próximo jueves, el día antes del pleno, a las 20:30 horas en la plaza José Agüera de San Pedro para protestar contra “el bocado” al núcleo de población.