Sin duda alguna, el asunto de mayor interés político que ha marcado la semana que termina en Marbella ha sido el polémico proceso de selección de los directores generales del Ayuntamiento, gobernado como saben por el bipartito PP-OSP. El balance tras conocer el resultado de los once elegidos no puede ser más desalentador para todas aquellas personas que con la lógica ilusión, se presentaron ante un tribunal que consideraban “independiente”, ajeno en teoría a los partidos políticos, como ha dicho el portavoz del equipo de gobierno, Félix Romero. Los descartados han visto cómo todos los que se hacen con las plazas, menos uno, tienen relación directa con el Partido Popular o con Opción Sampedreña (ocho con la formación conservadora y dos con el partido de Rafael Piña y Manuel Osorio).
El llamado “proceso de selección” arrancó con la presentación de cerca de 200 aspirantes, número que se fue reduciendo a medida que avanzaban los trámites burocráticos hasta llegar a los 96 de la selección final, mediante entrevistas personales y acabar en 32 para elegir a once (una de las trece plazas convocadas quedó desierta y otra “sobre la mesa”. Serían en total 13 si se tiene en cuenta la del adjunto a la dirección de la Asesoría Jurídica, que ha recaído en un abogado vinculado al bufete Gaona. Se trata del mismo despacho que contrató el PP, por concurso, en anteriores gobiernos para hacerse cargo de la asesoría jurídica externa.
Lo cierto es que más de un aspirante pensará, y con razón, que todo ha sido un simulacro de concurso, un paripé, como le han llamado algunos, que logra colocar en el Consistorio marbellí, con sueldos de 54.000 euros, a la mayoría de quienes ya eran cargos de confianza de PP y OSP desde la llegada a la Alcaldía de Ángeles Muñoz en su tercer mandato, a partir de agosto de 2017, tras la moción de censura contra el socialista José Bernal.
Tratar de rodear de normalidad el resultado de este proceso, como han hecho algunos, y no precisamente vinculados a la política, bajo el argumento de que el equipo de gobierno busca a las mejores personas de su confianza para que trabajen a su lado resulta inaudito, por no decir que atenta contra la inteligencia. Tal argumento sería válido si estuviéramos ante unos nombramientos a dedo. Sin embargo, conviene recordar que los cinco integrantes del tribunal seleccionador son funcionarios municipales.
Si entramos a la composición del citado tribunal de selección conviene saber que entre sus integrantes está Ana López Márquez, abogada en Urbanismo, exjefa de gabinete de Alcaldía de Ángeles Muñoz y hermana del concejal del PP Diego López. Sería aventurado presuponer, a bote pronto, que esta persona, funcionaria que obtuvo su plaza bajo gobierno de la actual alcaldesa, vaya a poder influir en los cuatro componentes restantes encargados de decidir. No obstante, al menos dos de ellos habrían obtenido también sus plazas de funcionarios bajo gobiernos del PP, extremo aún por confirmar oficialmente. En ello estamos… De los dos restantes funcionarios nada que objetar, a priori, si se tiene en cuenta que ambos atesoran una larga trayectoria en la Casa Consistorial, anterior incluso a la llegada de Jesús Gil.
El pasado lunes Marbella Confidencial adelantaba en una primera información los nombres de los once elegidos y, en una segunda noticia posterior, fruto de una investigación periodística propia, no exenta de complejidad pero asentada en documentos oficiales, este medio digital desvelaba que Carmen Pallarés, la persona elegida para ser directora general de Recursos Humanos, había sido una destacada miembro de Nuevas Generaciones y concejala del PP por un municipio de Almería, tras ser candidata a la Alcaldía. A lo anterior se sumaba el hecho de que también fuera como ‘número 8’ en la lista de los ‘populares’ por Almería al Parlamento Andaluz en 2004.
Como casi siempre hay excepciones, conviene recordar, como ya hicimos en este medio de comunicación, que el periodista Hugo Simón, cargo de confianza del PP como jefe de prensa y ahora elegido director general de Comunicación, ha dado muestras de su acreditada independencia como profesional de la información, alejado de sigla política alguna. De hecho, ha trabajado en administraciones públicas tanto para el PP (en el Ayuntamiento de Benalmádena), como en la Junta de Andalucía (a las órdenes de la exdirigente del PSOE Susana Radío). No es frecuente que un periodista que toma un camino laboral con un partido lo alterne con otro, por eso es digno de elogio y tendría que ser algo habitual en España, cuando lo que se exige es profesionalidad y eficacia, al margen de cualquier carné político.
El caso de la gerente del CIT
Si se analizan de forma pormenorizada los entresijos de este mal llamado “proceso de selección”, también es destacable el hecho de que la gerente del CIT Marbella (patronal empresarial), Begoña Castillo, se presentara para concurrir a la plaza de directora general de Turismo y poco después, tras darlo a conocer este medio digital, renunciara a presentarse a la entrevista de trabajo, lo que acarreaba su intrínseca renuncia al puesto.
No menos relevante resulta la entrada en escena de Laura de Arce, exdirectora del Palacio de Congresos de Marbella, con Muñoz como alcaldesa, que tras denunciar un despido improcedente, arremeter contra la regidora en los tribunales y lograr ser indemnizada es elegida para la dirección general de Turismo, una plaza para la que sonaba la mencionada Castillo, con el apoyo del CIT, que iba a dejar de tener gerente y podía ahorrarse el consiguiente sueldo, no precisamente bajo, sino todo lo contrario.
La frustración de una candidata de sobra preparada
Especialmente frustrada se sentirá Rocío del Corral Sánchez, una aspirante al cargo de directora de Derechos Sociales en San Pedro que ha visto, atónita, cómo la plaza quedaba desierta, curiosamente cuando otra aspirante a tal cargo, Belén Villalobos (cargo de confianza de OSP) no tenía el currículum necesario para ocuparla y el tribunal opta por dejar vacante la plaza.
Del Corral, que estaba llamada a ocupar tal puesto si los criterios de igualdad y méritos hubiesen primado, frente a cualquier componenda política, es funcionaria de carrera, concretamente del subgrupo A-2 desde hace más de una década; directora de la Oficina de Prestaciones de San Pedro (SEPE) desde 2009, y licenciada en Derecho por la Universidad de Granada.
Para concluir, y siguiendo con la llamada “cuota OSP” que Piña y Osorio aspiraban a colocar en el Ayuntamiento, hablemos de la nuera del teniente de alcalde de San Pedro, Soledad Mena, actual cargo de confianza por enchufe directo de su suegro, y que aspiraba a ocupar la rimbombante dirección general de Promoción Comercial, Turística y de Eventos en San Pedro Alcántara. Qué casualidad que la elección del cargo para esta plaza ha quedado “sobre la mesa”, al parecer la novia del hijo de Piña no reunía los requisitos necesarios.
Todo este relato de hechos debería mover a la reflexión ciudadana, mas allá del derecho que tienen los partidos de la oposición en cuanto a acudir a los tribunales para impugnar este “proceso de selección”. Muchos se preguntarán lo siguiente: ¿Qué pintan los funcionarios en un tribunal de selección de personal municipal si, al final, quienes deciden son los políticos?. Ahí lo dejo…
VIVA EL LIBERTINAJE