A menos de 30 días de las elecciones municipales el equipo de gobierno del PP, con el mandato de Ángeles Muñoz prácticamente vencido, ha anunciado este martes la regularización de 300 edificaciones, la mayoría viviendas, que actualmente se encuentran en suelo no urbanizable. La medida no deja de ser sorprendente, si se tiene en cuenta que la alcaldesa invoca una normativa, de la Junta de Andalucía, fechada en 2012.
Así pues, de forma inesperada, la regularización de estos suelo se ha colado en la presente precampaña electoral, mediante una nueva modificación del PGOU, que dejó fuera de ordenación las construcciones que ahora se pretenden legalizar.
Muñoz, que ha comparecido en rueda de prensa junto al teniente de alcalde y delegado de Obras, Javier García, ha dado a conocer el inicio del procedimiento de alteración del Plan General, con el objetivo de regularizar 296 edificaciones, entre viviendas, naves y aperos.
Muñoz ha invocado el decreto 2/2012 de la Junta de Andalucía para “dar solución” a una situación que afectaba principalmente a las zonas de Los Molineros, ubicada por encima del Hospital Costa del Sol, y Fuente del Espanto en San Pedro Alcántara.
Concretamente, se van a ver afectadas por esta medida 114 edificaciones en Los Molineros, otras 73 en Fuente del Espanto y un total de 97 en el resto del término municipal.
“Entre otras ventajas, este procedimiento permitirá a estos inmuebles, naves y almacenes de aperos acceder a servicios básicos y otorgará garantías para realizar reformas, entre otras actuaciones”, ha detallado la regidora.
El PSOE tacha la medida de “electoralista”
La respuesta del PSOE no se ha hecho esperar. La edil Isabel Pérez, arquitecto de profesión, ha tachado de “electoralista” el anuncio de la alcaldesa.
Pérez ha lamentado que el Partido Popular “no haya atendido la normativa durante dos años”, para anunciar ahora la regularización de 300 viviendas diseminadas.
La también integrante de la lista electoral que encabeza José Bernal ha recalcado que la regularización, hecha pública por la alcaldesa,“la exige la legislación”.
Asimismo, Pérez ha criticado que “en dos años la alcaldesa ha hecho caso omiso a esta normativa, con la única finalidad de no dar los servicios básicos que necesitan estas viviendas”.
Según el comunicado difundido por la edil opositora “durante mucho tiempo” los citado diseminados “no han contado con lo necesario, pese a que contribuían pagando IBI y otros impuestos municipales”.
Pérez ha insistido en que, pese a que la normativa se aprobó “hace dos años” no ha sido hasta ahora, a menos de un mes de las elecciones, “cuando la alcaldesa se acuerda de regularizar su situación”.
Debe estar aterrada. Ha quemado sus naves y no sabría a donde ir, si pierde.
Hay que tener cuidado, ¡a ver que otra cosa se modifica del PGOU!