Viñeta a modo de caricatura de Carlos Fernández publicada en el diario Tiempo de San Juan (Argentina) que escenifica una charla del prófugo como coach en la que prohibe que le vean o fotografíen
El llamado ‘caso Fernández’, como así se conoce ya el proceso judicial que se sigue para la extradición de Carlos Fernández, prófugo del ‘caso Malaya’, afincado en Argentina durante once años, arroja una serie de lagunas, en forma de incógnitas, que deberían ser aclaradas por autoridades judiciales y gubernamentales españolas.
Llama poderosamente la atención el hecho de que en el Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia (SIRAJ), dependiente del Ministerio de Justicia y donde deberían recogerse todas las reclamaciones judiciales contra el fugado –archivos publicados en exclusiva por Marbella Confidencial tras una investigación periodística– no haya ni rastro de las famosas diligencias 4796/2005 que dieron lugar al ‘caso Malaya’.
El primer juez instructor de ‘Malaya’ Miguel Ángel Torres, extitular del Juzgado de Instrucción 5 de Marbella, dictó dos órdenes (nacional e internacional) de busca y captura contra Fernández en 2006. La segunda de ellas, a través de Interpol, cuatro meses después de que en junio de aquel año el exedil del PA recalara en Argentina. Sin embargo, ni quisiera la orden nacional aparece en el SIRAJ, sistema que sólo recoge seis requisitorias de distinta índole, por diversas causas judiciales pendientes que nada tienen que ver con la trama de corrupción municipal cuyo cerebro era Juan Antonio Roca.
La ausencia de orden judicial alguna sobre ‘Malaya’ en el SIRAJ, donde deberían estar los requerimientos del juez Torres para buscar a Fernández, ha dado alas a la teoría de quienes sostienen que el también exconcejal del GIL era una especie de garganta profunda, o confidente, que colaboró con el juez, el fiscal y la Policía. Aclaro que nunca he compartido tal tesis, ni antes ni ahora.
Tampoco aparece en los citados archivos del Ministerio de Justicia la orden nacional de busca, captura e ingreso en prisión que dictó en 2007 el presidente de la Sección Tercera de la Audiencia de Málaga, Andrés Rodero, (publicada en este medio digital el 25 de septiembre), cuando el Supremo hizo firme la condena de dos años de prisión contra Fernández por el llamado ‘caso jugadores’. De nuevo otra laguna por aclarar.
Carlos Fernández custodiado por dos agentes de la Policía Federal Argentina tras su detención. FOTO/ Policía Federal Argentina
En el marco de todas estas incógnitas está también el hecho de que la Policía Federal Argentina contara en su poder con dos órdenes internacionales de busca y captura contra Fernández, cursadas por Interpol con código rojo (dictadas en 2010 y 2014 respectivamente) sin que aún se haya explicado a qué hechos obedecía la primera de ellas. Todo ello si se tiene en cuenta que la de ‘Malaya’ fue dictada en 2006 y la de 2014 corresponde al ‘caso saqueo2’ de la Audiencia Nacional.
Por tanto, si el juez Torres dictó la orden internacional contra Carlos Fernández en octubre de 2006, alguien debería aclarar este interrogante: ¿A qué caso pertenece la orden internacional de 2010 con la que contaba la Policía Federal Argentina, al margen de la cursada por la AN en 2014?
Ya en medios argentinos como el diario Tiempo de San Juan, provincia donde residía Fernández, se destacó tras una serie de indagaciones periodísticas que en el país austral el primer reclamo contra el fugado datara de 2010 y no de 2006
La Audiencia Nacional ordenó en 2009 averiguar el paradero de Fernández, pero no su busca y captura, cuando ya llevaba tres años fugado y en ‘Malaya’ sí se había dictado contra él una busca y captura internacional, en octubre de 2006
El presidente de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, Alfonso Guevara, durante el juicio por el conocido como ‘caso saqueo 2’, en el que no pudo ser enjuiciado Carlos Fernández debido a su fuga.
En en el SIRAJ consta que la AN dictó el 10 de julio de 2009 una orden de averiguación del domicilio de Carlos Fernández, así como su paradero. Ya el 8 de enero de 2013, cuatro meses antes de que se iniciara el juicio oral por el ‘caso saqueo 2’, el tribunal que presidía Alfonso Guevara dictó una orden nacional de búsqueda, detención e ingreso en prisión. Así pues, de los datos del SIRAJ se desprende que el tribunal del ‘saqueo 2’ comenzó a interesarse por averiguar el paradero de Fernández, sin ordenar su detención, cuando llevaba ya tres años fugado y pesaba contra él una orden internacional de busca y captura por ‘Malaya’ desde octubre de 2006.
Fuentes judiciales relacionadas con la tramitación de procesos penales contra Fernández, consultadas por este medio digital, hablan de “reinos de taifas” entre las distintas sedes judiciales, también de “compartimentos estancos” entre sí, en relación con lo que realmente tendría que representar el SIRAJ, creado para que jueces, fiscales y Cuerpos de Seguridad del Estado conozcan las causas pendientes de un reo en las que está reclamado por algún motivo y exista la coordinación deseable.
El Ministerio de Justicia rechazó ofrecer su versión
Como ya saben nuestros lectores, el Ministerio de Justicia ha rechazado ofrecer su versión de por qué no aparecen la órdenes de busca y captura contra Fernández relativas a ‘Malaya’, el principal caso por el que se le buscaba. Basan su negativa en que se trata de un archivo “no público”, en respuesta a este periódico digital. Alegan que los archivos publicados no son públicos.
A tenor de la beligerancia con la que ha contestado el gabinete de Comunicación del departamento que dirige Rafael Catalá, sus responsables parecen más interesados en conocer cómo conseguimos los archivos de Fernández que en explicarle a la opinión pública la citada ausencia de datos, en el marco de un caso que ha hecho correr ríos de tinta a ambos lados del Atlántico y que despierta, sin duda, un gran interés informativo.
