Bolardos en la terraza de uno de los locales de Puerto Banús ubicados en la vía cuya propiedad ha originado el enfrentamiento entre empresarios y la concesionaria. FOTO// M.C
Empresarios que explotan locales en Puerto Banús han denunciado que la concesionaria de uno de los enclaves de mayor afluencia turística les somete a “medidas mafiosas” desde que, en diciembre, rechazaran asumir nuevas cláusulas contractuales acordadas, dicen, de forma unilateral.
Entre las nuevas condiciones que, aseguran, trata de “imponerles” la concesionaria destacan los incrementos “abusivos” de los precios de los locales -que en algunos casos, sostienen, rondan el 700 por ciento-, o la obligación de entregar, cada seis meses, los balances de los negocios para calcular, a partir de ellos, las tarifas de explotación.
Entre las medidas de presión que ha impuesto la concesionaria del recinto portuario para forzarles a aceptar las cláusulas, los empresarios denuncian la anulación de las tarjetas de acceso al puerto o la colocación de bolardos frente a diversos locales para impedir a los empresarios utilizar las terrazas.
Los empresarios aseguran que el objeto de la polémica radica en determinar a qué administración le corresponde gestionar el espacio entre la zona de concesión -trece metros de distancia desde el muro marítimo del muelle- hasta el área de titularidad municipal. Los empresarios aseguran que disponen de estudios elaborados por abogados y arquitectos que determinan que esa zona es de titularidad municipal mientras que la concesionaria la considera “privativa” y está en su derecho de explotarla.
Los empresarios piden al Ayuntamiento que medie y que se pronuncie sobre qué administración es la titular de la zona. Tras reiteradas peticiones, el Equipo de Gobierno no les ha facilitado una respuesta convincente, señalan los empresarios, que también se han dirigido a la Agencia Pública de Puertos de Andalucía, que depende de la Junta.
Subida según el IPC
La concesionaria de Puerto Banús ha asegurado, a través de una nota de prensa, que es la titular de los derechos de explotación de las terrazas que se ubican dentro del perímetro de la concesión y propietaria de las terrazas situadas en terrenos de propiedad privada -zona que queda entre la de concesión y la de gestión municipal- desde la década de los años 70.
Ha señalado también que 20 de 170 locales intentan generar “de forma interesada” confusión sobre cuál ha sido el incremento de las rentas de las terrazas “con el objeto de dañar la imagen de nuestra compañía” y que mantiene una relación “cordial, pacífica y de confianza” con las marcas de lujo afincadas en el recinto. “Tanto es así, que muchas de ellas están aumentando su presencia y la dimensión de sus tiendas en Puerto Banús”, ha agregado.
Según la concesionaria, el incremento de los alquileres para las terrazas concesionales y las terrazas privadas para el 2019 ha sido de un 1,7%, en línea con el IPC y que las terrazas privadas se han alquilado históricamente a un precio sustancialmente inferior al de mercado. “La intención por parte de nuestra compañía es reequilibrar esta situación en el futuro”, ha advertido la compañía. “En algunos casos, propietarios de locales comerciales están subarrendando directa o indirectamente, nuestras terrazas, de forma no autorizada, a un precio sustancialmente superior al de mercado, perjudicando, tanto a los inquilinos, como a nuestra compañía”, ha agregado.
Respecto al acceso en vehículo a la zona de concesión, Puerto Banús ha asegurado que ha vetado la entrada a ” titulares que no están al corriente de pago o se encuentran explotando nuestras terrazas sin la correspondiente autorización”; y sobre la instalación de bolardos de cemento, ha señalado que “nuestra compañía ha decidido instalar ciertos elementos de mobiliario urbano en aquellos terrenos cuya posesión se ha recuperado judicialmente con el objetivo de evitar que volviesen a ser de nuevo ocupados de forma ilícita”.
“Nuestra compañía no dudará en dar respuesta a cualquier reclamación que ponga en duda sus derechos, reservándose cuantas acciones legales sean oportunas en defensa de sus derechos, su reputación y su honorabilidad”, ha avisado en la nota.
Entre las nuevas condiciones que, aseguran, trata de “imponerles” la concesionaria destacan los incrementos “abusivos” de los precios de los locales -que en algunos casos, sostienen, rondan el 700 por ciento-, o la obligación de entregar, cada seis meses, los balances de los negocios para calcular, a partir de ellos, las tarifas de explotación.
