La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, junto al director general de Urbanismo,Mario Ruiz, también desimputado
Los abogados del inversor libanés Reda Alaywan, querellante contra la alcaldesa de Marbella y otros dos altos cargos municipales de confianza, Mario Ruiz y Enrique Sánchez, ultiman ya el recurso de apelación que interpondrán ante la Audiencia de Málaga. Lo hacen tras conocerse este viernes el auto de la jueza Beatriz Fernández, que acordaba “dejar sin efecto” la imputación de los tres citados, por presunta estafa y prevaricación, entre otros delitos.
Manuel Sanchís, abogado que lleva la dirección letrada de la querella, ha calificado de “inusual en Derecho” que una misma jueza, que acuerda una imputación y una admisión a trámite de una querella, “luego acuerde que esos indicios ya no existen, con argumentos posteriores que sólo podrían esgrimirse después de tomar declaración a los imputados”.
En declaraciones a marbellaconfidencial, el penalista granadino insiste en lo “inusual” del proceder de la magistrada y va aún más lejos en sus apreciaciones: “me hace pensar que estamos en presencia de un auto más político que jurídico, lo cual me crea mucha inquietud”.
Recuerda que “en el momento que se admitió a trámite la querella, la alcaldesa aún no había sido designada como candidata a las próximas elecciones y alguien ha debido creer oportuno que vamos a retrasar esto al menos un poco”, porque-acota-“lo que realmente dice el auto es que más adelante sí se podría imputar si se ofrecen nuevas pruebas y nuevos indicios”.
Suspensión de la declaración horas antes de ser nominada a la Alcaldía
Con tales afirmaciones, Sanchís llama la atención ante el hecho de que la titular del Juzgado de Instrucción 4 de Marbella, Beatriz Fernández, suspendiera la comparecencia de Ángeles Muñoz como imputada menos de 24 horas antes de producirse y tan sólo tres horas antes de que fuera nominada de nuevo a la Alcaldía, el pasado 9 de septiembre.
“Si ya de por sí es inusual que se estimen los recursos de reforma en los juzgados, en este caso frente a una providencia de citación como imputados, más inusual aún es reconvertir un auto de admisión a trámite de una querella, sin practicar una sola diligencia, en un auto de inadmisión a trámite por vía de recurso de reforma”, argumenta el querellante.
“Es tan raro como que llevo 34 años de ejercicio profesional y es la primera vez que lo veo, pero aquí hay más razones políticas que jurídicas”.
En el marco de lo que representa el citado recurso de apelación, los querellantes han querido dejar claro que se van a encargar, tanto en el juzgado, como ante la opinión pública, “de demostrar que la alcaldesa sobradamente conocía a Reda Alaywan y que él era el titular de la concesión”. Pese a tales hechos-lamenta Sánchís- “la señora alcaldesa resuelve la concesión con una persona vinculada al GIL, ya que nos acusa a nosotros de estar vinculados a ese partido”.
Insiste el abogado en que Ángeles Muñoz conoce a Reda Alaywan “de relación personal y profesional”, así como de “numerosas reuniones en el Ayuntamiento, donde se sabía sobradamente quién era el titular de la concesión administrativa y, pese a ello, se la han expoliado tanto por los técnicos, como los políticos y el principal querellado, José Miguel Villarroya”.
Respuesta a las declaraciones del portavoz del PP, Félix Romero
Sobre las declaraciones del portavoz del equipo de gobierno, Félix Romero, diciendo que es “la segunda vez que esta querella se archiva”, Sanchís ha desmentido tal extremo “no sé a qué archivo se refiere, porque no hay ni primero ni segundo archivo. La querella sigue adelante porque los hechos son delictivos y la jueza lo reconoce.
“Aquí ni se archiva ni se sobresee absolutamente nada. Se dice que los hechos son delictivos y que no se ha probado que la alcaldesa y los otros dos técnicos tuvieran conocimiento de que realmente lo que se ha hecho es quitarle una concesión a su legítimo propietario, a través de unos actos que serían prevaricadores”, subraya Sanchís.
El letrado granadino recuerda que el Ayuntamiento de Marbella está personado como acusación particular y acusa a esta administración local de “confundir a la opinión pública y falsear la realidad”, algo que, en su opinión, “es normal en los políticos”.
