Imagen área del festival Starlite de Marbella que se celebra en la cantera de Nagüeles. Foto/ blog somostuacceso.wordpress.com
Al hilo de la querella de la Fiscalía de Medio Ambiente contra las dos sociedades que explotan el festival musical veraniego Starlite y el administrador de las mismas, el empresario Ignacio Maluquer, conviene hacer una serie de reflexiones, partiendo de una premisa: desde Marbella Confidencial no estamos en contra de lo que representa este modelo de promoción internacional para la ciudad, siempre que se cumpla la ley y se garantice la seguridad de las miles de personas asistentes. También debe respetarse el derecho al descanso de quienes han soportado un mes entero la música, hasta las 6 de la madrugada, sin que la discoteca habilitada tuviera licencia para tal cometido.
Es precisamente de los vecinos molestos con el ruido de quienes partieron una serie de denuncias, desveladas en su día por este medio digital, que desembocaron en el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), cuyos agentes, no contentos del todo con el grado de colaboración que recibían desde el Ayuntamiento a la hora de recabar documentos, dirigieron finalmente sus actuaciones a la Fiscalía de Medio Ambiente. Fue entonces cuando el fiscal Fernando Benítez envió una querella, por presuntos delitos contra la ordenación del territorio y desobediencia grave a la autoridad, que actualmente se instruye en los Juzgados de Marbella.
Conviene no olvidar que el llamado ‘caso Starlite’ generó un agrio enfrentamiento entre el concejal delegado de Seguridad e Industria, entre otras áreas, Javier Porcuna, y el entonces jefe de la Policía Local de Marbella, José Andrés Montoya.
Podría incluso afirmarse, sin género de dudas, que la voluntad de Montoya en cuanto a hacer cumplir la ley sobre horarios a los organizadores del festival y las acusaciones de Porcuna hacia él por lo que entendía como excesivo celo, desembocaron en que la comisión de servicio del responsable policial no fuera renovada, al cumplirse un año, y fuera enviado de nuevo a la Jefatura de Vélez-Málaga.
El Seprona ha investigado las irregularidades durante casi un año y ahora son un juez y un fiscal los encargados de hacerlo. Hay demasiados agujeros negros, incógnitas, y preguntas sin resolver en torno a este evento que atrae la atención de las televisiones nacionales e internacionales cada verano.
Las actas de denuncia cuyo destino y resolución se desconoce
Resulta asombroso que Porcuna, diez meses después de interponerse una serie de denuncias contra Starlite, por parte de la Policía Local, que fueron remitidas a la delegación de Industria, diga que no sabe qué destino siguieron los expedientes y si finalmente hubo multas. Su silencio ha motivado la reacción de un sindicato policial, que le pide aclaraciones.
Los agentes policiales recogieron en las actas de denuncia que el responsable de dirección del festival les dijo que tenían “autorización verbal” de Porcuna para prolongar sus horarios. El edil dice que “nunca” ha dado tales permisos, pero no desmiente al directivo expresamente, a pesar de que son varias las actas de denuncia donde se habla de tales autorizaciones.
La última versión del brazo derecho del alcalde es acogerse a que hay una investigación judicial en curso para no aportar información en la comparecencia semanal de los martes ante los periodistas.
“Hemos actuado sobre Starlite con discreción”
Porcuna sostiene que desde el tripartito han querido llevar el asunto de Starlite, y los expedientes abiertos, “con discreción” por la promoción que supone para la ciudad. Mientras tanto, otros empresarios nocturnos de la ciudad contemplan perplejos la intensa y rápida actividad sancionadora contra ellos en cuestión de ruidos y horarios.
En este medio también hemos publicado días atrás documentos como el firmado por el concejal delegado de Hacienda, Manuel Osorio, el 15 de julio de 2016, un día después de comenzar Starlite, en el que el edil de OSP instaba a sus responsables a abstenerse de continuar la actividad si no solucionaban los riesgos de desprendimientos detectados por las propia Bendeus S.L., administrada por Maluquer.
Ante el citado documento de Osorio la respuesta que ha ofrecido Porcuna ha sido la de culpar al mensajero, en este caso el medio de comunicación, al asegurar que “ustedes tienen las fechas mal”. Se trata de un documento oficial, con registro de salida del 15 de julio de 2016 y con la hora incluida.
¿Si todo estaba en regla el 13 de julio de 2016, por qué Osorio remitió tal comunicación a Starlite para que actuara de forma urgente? Ante esta pregunta, no respondida por Porcuna, el alcalde, José Bernal, a quien tuve oportunidad de entrevistar el jueves en nuestro programa semanal de Onda Luz TV, sostiene que el documento firmado por el concejal de Hacienda “ha podido tener una salida después de la trazabilidad desde que comienza a elaborarse, posterior a cuando ya hubieran entrado los estudios que se hubieran requerido previamente”. Lo que algunos han llamado, tras ver y escuchar al regidor, “un documento, o advertencia, en diferido”.
Para Bernal lo que él mismo ha llamado “baile en las fechas” de los documentos no tiene mayor importancia, más que “un documento haya entrado o salido antes, o después” y su versión apunta a que se actuó antes de la fecha del documento de Osorio.
Por muy rápido que fuera toda la tramitación de urgencia para Starlite mucha prisa se debieron dar desde el 13 de julio, fecha del informe de Patrimonio y Bienes para que el 14 estuviera todo en regla, si se tiene en cuenta que el presupuesto de los trabajos que aportó Starlite superaba los 36.000 euros y era necesaria una licencia de obras municipal para atajar los desprendimientos.
Todavía hay muchos interrogantes sobre un evento que hasta ahora ha tenido un canon anual irrisorio de 7.000 euros, una cantidad que puede facturar en pocas horas, por no decir minutos. Al menos en el nuevo convenio que se va a firmar entre el Consistorio y Starlite, para ampliarlo un año, la cantidad podría superar los 100.000 euros.
