El teniente de alcalde Miguel Díaz (IU) este miércoles en rueda de prensa al presentar el Código de Buen Gobierno. Foto/ Marcel Vidal
Los concejales de la Corporación municipal de Marbella tendrán que firmar un código de Buen Gobierno Local que les obligará a respetar un conjunto de normas, orientadas a garantizar el interés público por encima del personal.
La normativa será de obligado cumplimiento para los ediles que la firmen. Los concejales podrán rehusar a suscribirla, aunque “quedarían retratados”, según Díaz.
Las limitaciones afectarán también a los habilitados nacionales del Ayuntamiento y a los cargos directivos. Estos últimos tendrán que respetar un período de carencia de dos años de duración antes de ejercer algunas actividades privadas que se concretarán en el proceso de elaboración del código.
El código, inspirado en las recomendaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP, se aprobará en la próxima Junta de Gobierno Local, que se celebra los martes, y se elevará a Pleno en febrero para que la Corporación municipal lo respalde de forma inicial. Posteriormente permanecerá durante un mes a exposición pública para que los colectivos sociales puedan aportar mejoras y, previsiblemente, en la Asamblea de abril se aprobará de forma definitiva.
Dìaz ha asegurado que la finalidad del código “no es poner a nadie bajo sospecha, sino dignificar la función pública”. El teniente de alcalde de IU sostiene que “cuando estamos en la función pública tenemos que volcarnos al cien por cien. No podemos dedicarnos a actividades públicas y privadas, que generan un lucro. Esto es algo que ha ocurrido en este Ayuntamiento”, ha indicado Díaz.
El régimen de incompatibilidades se complementará con otras medidas para fomentar la participación de los vecinos en asuntos públicos, como los presupuestos.
