Una nueva sentencia anula acuerdos laborales del PP en 2014 El texto hace referencia a las relaciones de puestos de trabajo que propuso el que fuera el coordinador general de Hacienda y Administración Pública, Carlos Rubio, y cuya aprobación tuvo lugar en la Junta de Gobierno Local del 18 de febrero de 2014 ;La demanda la interpuso el sindicato Unión de Trabajadores (UT), argumentando que el Consistorio no tenía competencias para la materia y que en el proceso no hubo negociación colectiva ;El magistrado considera que la resolución que sacó adelante el gobierno de Ángeles Muñoz era contraria a derechoEl texto hace referencia a las relaciones de puestos de trabajo que propuso el que fuera el coordinador general de Hacienda y Administración Pública, Carlos Rubio, y cuya aprobación tuvo lugar en la Junta de Gobierno Local del 18 de febrero de 2014 ;La demanda la interpuso el sindicato Unión de Trabajadores (UT), argumentando que el Consistorio no tenía competencias para la materia y que en el proceso no hubo negociación colectiva ;El magistrado considera que la resolución que sacó adelante el gobierno de Ángeles Muñoz era contraria a derecho

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Javier Porcuna y Daniel Pérez comparecen tras la Junta de Gobierno Local para informar de la sentencia judicial. Foto: Cecilio Galdón

El Ayuntamiento ha recibido en estos días otra sentencia en contra que anula acuerdos laborales del anterior gobierno del Partido Popular (PP) en el ejercicio 2014. Es la segunda en menos de una semana, lo que ha hecho saltar las alarmas en el tripartito, que no ha dudado en denunciar lo que consideran un caso de “herencia recibida” difícil de gestionar.

El texto legal hace referencia a las relaciones de puestos de trabajo presentadas por el anterior coordinador general de Hacienda y Administración Pública, Carlos Rubio, que la Junta de Gobierno Local aprobó en una resolución del 18 de febrero de 2014.

Este acuerdo ahora impugnado creaba y amortizaba plazas de funcionario y puestos de trabajo en el Ayuntamiento, además de valorar y modificar aspectos como las escalas y categorías profesionales o los complementos de destino.

Los funcionarios y empleados públicos se consideraron excluidos, ya que entendían que durante el proceso no hubo negociación colectiva. Y por ese motivo, el sindicato Unión de los Trabajadores interpuso la denuncia contra el Ayuntamiento. Una demanda de la que ahora han salido victoriosos.

Y es que el magistrado considera que la aprobación de dichos acuerdos laborales era contraria a derecho. Además de la necesidad de buscar una solución rápida y efectiva al conflicto, el Consistorio marbellí es condenado a pagar las costas.

“Política de desprecio” y “herencia recibida”

El portavoz municipal, Javier Porcuna, y el responsable del Área de Personal del Ayuntamiento, Daniel Pérez, han explicado que el fallo judicial del Contencioso Administrativo número 3 de Málaga da la razón al sindicato. Y al estimar su recurso, queda anulado el acuerdo laboral.

Porcuna se ha referido al asunto como un ejemplo de la “política de desprecio del PP, en este caso a los sindicatos que representan a los trabajadores municipales”.

“El anterior gobierno aprobó un acuerdo sin un proceso de negociación con los principales interesados”, ha continuado el concejal socialista, a la vez que ha lamentado que el actual equipo de gobierno de nuevo tendrá que “solucionar una nefasta herencia y una gestión irresponsable del Partido Popular en ocho años de gobierno”.

Habrá negociación con los sindicatos

Para solucionarlo, Porcuna ha asegurado que el actual ejecutivo local “va a iniciar un nuevo proceso de negociación con los sindicatos”, que es precisamente el paso que considera que el PP debió dar en su momento, y que lo hará en todo momento “con optimismo y trabajo”.

Por su parte, Pérez, como experto abogado laboralista, ha insistido en que era necesario negociar con los sindicatos antes de alcanzar un acuerdo oficial en el Ayuntamiento y se ha mostrado convencido de que durante el mandato del PP hubo “falta de voluntad”.

Se esperan más sentencias en contra

Además, tanto él como Porcuna han apuntado a la más que probable posibilidad de que “lleguen más sentencias en esta misma línea. Porque tienen razón, se les excluyó”.

Eso sí, por último han tranquilizado a los empleados municipales al asegurar que la seguridad jurídica de sus puestos de trabajo “está garantizada”.

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