Imagen del banquillo de los acusados en el juicio por el ‘caso Malaya’ celebrado durante dos años en la Audiencia de Málaga. Foto/ Europa Press
Varios condenados en el caso ‘Malaya’, sobre la trama de corrupción en Marbella (Málaga), han presentado incidentes de nulidad frente a la sentencia del Tribunal Supremo, que confirmó las condenas y subió, en algunos casos, las penas impuestas por la Audiencia malagueña. Entre ellos, están el principal acusado Juan Antonio Roca, la exalcaldesa Marisol Yagüe y la que fuera primer teniente de alcalde Isabel García Marcos.
Así lo han señalado a Europa Press fuentes del caso, que han apuntado que, además de los anteriores, al menos otra docena de acusados, sobre todo exediles o condenados por delito de blanqueo de capitales a los que se les ha agravado la pena, han presentado escritos en este sentido, en los que piden la nulidad de la sentencia firme, al alegar vulneración de derechos fundamentales. Esto es un paso previo al recurso de amparo ante el Constitucional.
La condena a Roca pasó de los 11 a los 17 años
El Supremo emitió el pasado 29 de julio su sentencia de casación, en la que confirmó la mayoría de las condenas dictadas por la Audiencia de Málaga, aunque agravó alguna de ellas a instancias de la Fiscalía, como fue el caso de Roca, cuya pena pasó de 11 a 17 años de prisión, al atribuirle un nuevo delito de fraude fiscal y agravar las condenas por cohecho y blanqueo de capitales.
Asimismo, también subió las penas impuestas por el delito de cohecho a los exresponsables públicos del Ayuntamiento marbellí, pasando de dos años a tres y medio de prisión, tras estimarse uno de los puntos del recurso del fiscal, sobre dicho tipo delictivo. Éste fue el caso de Yagüe y de García Marcos, las cuales, no obstante, vieron reducida su pena total, al ser absueltas por el delito de alteración de precios en subastas o concurso público.
La Fiscalía reconoció un error en el caso de cinco exediles condenados
En lo que respecta a cinco exediles, como son Belén Carmona, María José Lanzat, Emilio Jorrín, José Luis Fernández Garrosa y Rafael González Carrasco, ocurrió lo mismo y el Alto Tribunal les subió la condena a tres años y medio de cárcel por el delito de cohecho, pero, tras una petición de aclaración de una de las defensas, la Fiscalía reconoció que se había producido un error y había solicitado más pena que la pedida inicialmente.
Por esto, el Supremo ha corregido recientemente la sentencia, a través de un auto, y les ha impuesto dos años y medio de cárcel por este delito. Cabe recordar que la Audiencia de Málaga condenó a los exconcejales por cohecho por acto injusto no realizado, pero que el Alto Tribunal determinó que esos actos injustos sí habían sido ejecutados, por lo que elevó las penas.
Ahora, en sus incidentes de nulidad, las defensas señalan que se ha producido vulneración de derechos fundamentales a la presunción de inocencia, a la tutela judicial y a un proceso con todas las garantías; así como por haberse aplicado normas penales en redacción y que perjudican a los acusados, entre otros argumentos expuestos en los escritos.
