El juez Gonzalo Dívar, sale de los Juzgados de Marbella, en una foto de archivo.
Los tres altos cargos del PP en el Ayuntamiento de Marbella que han declarado este martes como imputados, en el marco de la ronda de comparecencias previstas por el caso de supuesto ‘enchufismo’, se han negado a declarar ante el juez instructor, Gonzalo Dívar, tras acogerse a su derecho constitucional. Se trata de Francisco Ramos Sánchez, Carlos Augusto Puertas Cuéllar y Manuel Fernández Mejías.
El abogado de los tres comparecientes es Enrique Sánchez, a su vez miembro del equipo jurídico de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, como integrante del despacho Guerrero Palomares.
Sánchez es miembro del Comité Ejecutivo del PP local y fue jefe de la asesoría jurídica externa del Ayuntamiento, bajo mandato de la actual regidora, entre 2007 y 2015. Además, también representa a la actual directoral general de Turismo, Laura de Arce, que se encuentra entre los 10 imputados. Muñoz es la principal denunciada, pero al ser aforada, como senadora, el instructor no puede investigarla ni citarla.
Según ha podido saber Marbella Confidencial, la excusa de los tres comparecientes de este martes para no contestar a las preguntas, se ha basado en una serie de escritos presentados por las defensas, días atrás.
Frente al argumento de la acusación que ejerce el grupo municipal del PSOE, sobre que Ángeles Muñoz, como alcaldesa, contrató a una serie de personas sin concurrencia ni publicidad, en fraude de ley, por lo que se habría vulnerado el derecho a la participación de otras personas que optaran a las plazas, las defensas sostienen que se trata de algo “muy matizable”, al ser contratos en sociedades mercantiles y organismos autónomos, por lo que tendrían distinta regulación.
Según fuentes jurídicas consultadas, las defensas han esgrimido el artículo 48.3 de la Ley de Autonomía Local de Andalucía, dedicado a las sociedades mercantiles, en el que se argumenta que, cuando no son altos cargos, se necesita publicidad y concurrencia. Sin embargo, los investigados concurrían a las plazas como altos cargos, en este caso del PP.
A los diez altos cargos del PP imputados en esta denuncia, por presunta malversación de caudales públicos y prevaricación, se les contrató como tales por medio de un Real Decreto de 1985. Se trata de una normativa que la defensa reconoce como “bastante desfavorable” con los trabajadores, porque el despido es muy flexible y la indemnización es más baja que la de un trabajador normal.
De hecho, cuando se contrató a los imputados, entre los años 2009 y 2011, la línea jurisprudencial sostenía que al ser altos cargos se podían hacer esos contratos, han alegado las defensas en sus escritos ante el juez Gonzalo Dívar.
Las defensas se aferran a un caso ocurrido en el Ayuntamiento de Estepona
Los abogados defensores han puesto como ejemplo para reforzar sus tesis un caso que ocurrió en el Ayuntamiento de Estepona. Hubo varios recursos en relación con contrataciones y la Sala de lo Social del TSJA dictaminó que eran altos cargos. Después, tras los recursos al Supremo, el alto tribunal cambió de criterio y para proteger a los trabajadores falló que el Real Decreto de 1985 no se aplicaba a cualquier cargo intermedio, o alto cargo, sino al que dirige la empresa, tiene poderes y puede contratar bienes y servicios con todos los poderes.
En base a lo anterior, siempre según los escritos de las defensas, casi ninguno de los investigados que fueron contratados por la alcaldesa tenía los amplios poderes anteriormente mencionados.
Los letrados defensores admiten que sus representados organizaban, dirigían y daban instrucciones, “pero ni compraban ni vendían”. Alegan, además, que tampoco contrataban personal y, en ese sentido, “no eran altos cargos” a quienes se pudiera aplicar el citado Real Decreto de 1985.
Tal cúmulo de argumentos, con una gran carga técnica y jurídica, ha motivado el silencio de los acusados ante el juez, para que todo quedase reflejado en los escritos de sus abogados.
Bernal se muestra satisfecho con las comparecencias judiciales
Desde el PSOE su portavoz municipal, José Bernal, ha difundido un comunicado en el que ha dicho mostrarse “satisfecho” con las comparecencias que han tenido lugar en el Juzgado de Instrucción 3 de Marbella este martes.
“Los trabajadores se han acogido a su derecho a no declarar, por lo que reconocen los hechos que recogen las sentencias del orden Social que les permitieron reintegrarse en el Ayuntamiento de Marbella como trabajadores públicos fijos sin ningún tipo de proceso de selección”, afirma Bernal.
Cabe destacar, prosigue el exalcalde, que “la totalidad de los contratos fueron firmados por la alcaldesa, Ángeles Muñoz, por lo que intentar derivar su responsabilidad a otras personas, carece de sentido”.
A juicio de Bernal “esta estrategia recuerda a la que ha seguido la defensa de Muñoz en el caso PGOU hasta la fecha, intentando que toda la responsabilidad se centre en terceros”, en alusión al exvisecretario municipal que fue denunciado e imputado, posteriormente fallecido.
En opinión del también candidato socialista a la Alcaldía, el hecho de que “muchos” de los investigados hayan elegido como abogado a Enrique Sánchez, exjefe de servicio del área jurídica del Ayuntamiento, bajo el mando de Muñoz desde 2007 a 2015, “refuerza” la estrategia de desviar a terceros la responsabilidad de la alcaldesa, denuncia el edil opositor.
Diego Martín Reyes, abogado de otro cargo del PP
Se da la circunstancia de que el expresidente de la Comisión Gestora del Ayuntamiento, Diego Martín Reyes, es el abogado de otro de los imputados. Así pues, es la segunda ocasión en la que este relevante exdirigente del PSOE participa en la defensa de encausados en un procedimiento en el que está denunciada la alcaldesa, tal y como ocurrió en el ‘caso PGOU’, cuando defendió al fallecido exvicesecretario municipal Javier de las Cuevas.
Versión del abogado Enrique Sánchez en respuesta al PSOE
La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, junto al exjefe jurídico del Ayuntamiento, Enrique Sánchez, actual miembro del bufete Guerrero Abogados, en imagen de archivo
Tras las alusiones de Bernal al letrado Enrique Sánchez, Marbella Confidencial se ha puesto en contacto con él para recabar su versión. El jurista ha negado que sus clientes, al no declarar, hayan reconocido nada de forma implícita: “no declaran porque hemos presentado unos escritos y porque es un asunto muy jurídico para que dieran explicaciones”.
Sánchez asegura haber esgrimido ante el juez que el grupo municipal socialista de Marbella “no tiene personalidad jurídica” para personarse como acusación. Todo ello, a pesar de que el juez Dívar admitió la personación mediante fianza y no puso reparos al PSOE.
“Tiene que personarse alguien que tenga personalidad jurídica y eso lo tienen las personas jurídicas o físicas, pero no el grupo municipal socialista”, ha insistido Sánchez, a pesar de que la citada acusación también figura así personada en el ‘caso PGOU’.
“Se persona Javier Porcuna en un notario, dice que representa al grupo municipal socialista y emite un poder a favor de procuradores y abogados. No creemos que sea lo correcto”, enfatiza el defensor de altos cargos del PP.
