El concejal del PP Cristóbal Garre, durante su intervención. FOTO// marbellaconfidencial.es
Marbella fue el único gran municipio de la Costa del Sol en el que cayeron las viviendas visadas en 2016, según ha indicado este miércoles el concejal del PP Cristóbal Garre. El municipio registró un descenso del 64,8 por ciento al pasar de las 492 viviendas visadas de 2015 a las 173 que se supervisaron el año pasado, según ha apuntado el edil, que ha elaborado las estadísticas con datos del Colegio de Arquitectos de Málaga. Garre ha asegurado que también ha consultado información procedente de otras fuentes especializadas como Tinsa Transacciónes Inmobiliarias, el Colegio de Economistas de Málaga y decretos aprobados por el tripartito en Junta de Gobierno.
La caída del porcentaje de viviendas visadas en Marbella contrasta con el incremento del dato en municipios aledaños como Estepona, que registró un aumento del 1891,6 por ciento (pasó de 24 residencias supervisadas en 2015 a 478 en 2016), Benahavis, con una subida del 272 por ciento (de 61 viviendas en 2015 a 227 en 2016), Mijas, con un 168 por ciento, o Fuengriola (143 por ciento). La capital, Málaga, cerró el 2016 con un aumento del 23 por ciento tras pasar de 712 viviendas registradas en 2015 a 878 en 2016. En el resto de la provincia destacan Vélez-Málaga y Rincón de la Victoria con subidas por encima del 70 por ciento.
Además, el 59 por ciento de las licencias de obras que el tripartito aprobó en Juntas de Gobierno durante 2016 se debieron a inversiones que se decidieron antes de que José Bernal fuera investido alcalde, a mediados de 2015, según los datos de Garre. El valor de estos permisos de obras rondaron los 53 millones de euros, frente a los 37 millones de euros que sumaron las licencias impulsadas por el tripartito el pasado ejercicio.
Garre ha atribuido la “quiebra del urbanismo” a diferentes factores, entre los que ha destacado la “nefasta” gestión de los trabajadores de la Delegación del ramo que dirige la edil socialista Isabel Pérez. “Se inició el mandato con el despido de seis arquitectos municipales alegando que no se podían hacer contrataciones. Un año después, contrataron a 17 personas”, ha señalado el concejal ‘popular’, que ha asegurado que las licencias de obra se conceden hasta año y medio después de solicitarla.
Garre ha señalado también los “distintos intentos fallidos” para remodelar la Delegación de Urbanismo, lo que ha provocado que los trabajadores no supieran a qué instancias dirigir los informes, lo que, ha señalado, redunda en el retraso de los expedientes. La última reestructuración, ha indicado Garre, se realizó al margen de la ley lo que conllevó que el grupo municipal del PP y los sindicatos recurrieran la medida.
“Se ha dado una duplicidad en los servicios de Urbanismo por no estar planificado. Debido al pacto con OSP se ha creado una oficina de Urbanismo en San Pedro que ha duplicado los costes para los ciudadanos y no ha resuelto ningún problema”, ha agregado.
“Intranquilidad” en el sector del urbanismo
Garre se ha referido también al retraso en la licitación del PGOU que tendrá que sustituir al de 2010, anulado por el Tribunal Supremo a finales de 2015, lo que, ha señalado, genera “intranquilidad y desconfianza” entre los inversores. “En Vigo o Gijón, a los 18 años de la anulación de sus Planes ya habían licitado los nuevos”, ha comparado. Otras dificultades han sido problemas que, según Garre, afectan a la adaptación del PGOU de 1986, al que el tripartito ha recurrido tras la suspensión del de 2010, a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía. El ajuste a la norma autonómica no se culminará hasta “marzo o abril”, según el edil. El concejal del PP ha añadido también el fraude de ley en el que el tripartito incurrió en el proceso de elaboración de las normas urbanísticas, el “paso básico” para dar tranquilidad al sector, según Garre.
“La Junta de Andalucía también ha hecho una gestión nefasta del urbanismo de Marbella. Se han declarado nulas la retirada que hizo de las competencias urbanísticas al Ayuntamiento y le han anulado el PGOU de 2010 y el Plan de Ordenación Territorial de la Costa del Sol. La Junta ha puesto muchas trabas para ordenas el urbanismo del municipio”, ha concluido el edil.
