El exedil del PA Carlos Fernández (primero drcha) en una imagen de septiembre de 2005 junto a los dos exconcejales del mismo partido, María José Lanzat y Pedro Pérez ‘Chotis’, que fueron condenados por cohecho a penas de prisión en el ‘caso Malaya’. FOTO/ JESÚS DOMÍNGUEZ
Mucho se ha escrito sobre el número de causas pendientes con la Justicia española que tenía Carlos Fernández, prófugo desde 2006 por el ‘caso Malaya’, cuando fue detenido en Argentina el 15 de septiembre de 2017, tras once años de fuga. Marbella Confidencial ha tenido acceso, en exclusiva, al Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia, conocido en el ámbito judicial como SIRAJ, dependiente del Ministerio de Justicia, para ser consultado por jueces y fiscales. En estos archivos se hacen constar las causas judiciales de un reo que llevan aparejadas órdenes de detención, busca y captura, personación, además de averiguación de paradero (la más leve).
Oficialmente constan en el SIRAJ un total de seis causas contra el exedil del GIL y del PA con sus correspondientes requisitorias por parte de seis jueces órganos judiciales distintos. Sobre el prófugo recaían una decena de causas pendientes en junio de 2006, cuando decidió poner tierra de por medio y fugarse de España, pero no todas ellas llevaban aparejadas órdenes de busca y captura y menos internacional, esta útima, a través de Interpol, sólo dictada en los casos ‘Malaya’ y ‘saqueo 2’.
Este medio digital accedió a los archivos del SIRAJ el pasado 22 de septiembre, en el marco de una investigación periodística que ha llevado a cabo para tratar de reconstruir las cuentas pendientes con jueces españoles que dejó atrás el conocido expolítico andalucista. Se trataba de conocer cuántas órdenes de busca y captura, así como otras medidas cautelares fueron dictadas contra el exedil andalucista en estos once años fugado en Argentina, país donde recaló con su propio pasaporte en junio de 2006. No tuvo dificultad alguna para ingresar por el aeropuerto bonaerense de Ezeiza, porque el entonces juez instructor del ‘caso Malaya’, Miguel Ángel Torres, no dictaría la orden internacional de busca y captura contra Fernández hasta octubre de 2006, cuatro meses después de su salida de España.
La causa contra Fernández por el ‘caso Malaya’ no figura en los archivos del SIRAJ
Lo que más llama la atención del documento de cuatro páginas de extensión, que reproducimos para nuestros lectores, es el hecho de que las diligencias del ‘caso Malaya’, por las que se dictó una orden internacional de busca y captura contra Fernández en octubre de 2006, no aparecen en los archivos del Ministerio de Justicia. De hecho, ni siquiera consta la orden nacional de busca y captura, ni la europea, que debió dictar previamente Torres. Así lo han corroborado jueces y fiscales con quienes esta redacción ha contrastado estos archivos. Las fuentes citadas han mostrado su sorpresa y extrañeza, al ver que la causa que se siguió en el Juzgado de Instrucción 5 de Marbella no aparece en el SIRAJ.
El único caso de Fernández vinculado al Juzgado de Instrucción 5 de Marbella que aparece en el SIRAJ (ver folio 3 de 4) es otro, bien distinto a ‘Malaya’, y con orden de búsqueda, detención y presentación ante la autoridad judicial cursada el 6 de mayo de 2009. Se trata del procedimiento abreviado 116/2006 por el que, precisamente, el titular de dicha sede judicial, Sergio Ruiz Martín, solicitó días atrás al Gobierno español la extradición del exconcejal y dictó un auto de prisión incondicional.
La citada causa guarda relación con delitos urbanísticos en vinculación con licencias de obras irregulares, otorgadas por el equipo de gobierno de Marisol Yagüe, en el que se integró Fernández (PA) entre 2003 y 2005, cuando fue destituido por la entonces regidora por otro caso de presunta corrupción en las delegaciones andalucista, ya juzgado y en el que no se enjuició al exedil por estar fugado.
Tampoco aparece en el SIRAJ la requisitoria dictada por la Sección Tercera de la Audiencia de Málaga contra Fernández, en el marco de una orden nacional de busca, captura e ingreso en prisión, firmada por el presidente de la Sala, Andrés Rodero, en octubre de 2007, (publicada por Marbella Confidencial el 25 de septiembre pasado) para que comenzara a cumplir los dos años de condena de cárcel por el llamado ‘caso jugadores’.
Archivo del Ministerio de Justicia (SIRAJ) donde constan todas las requisitorias contra Carlos Fernández
En los citados archivos del Ministerio de Justicia aparecen las diligencias previas 1.180/2008 del Juzgado de Instrucción 3 de Marbella, que tutela Gonzalo Dívar, por delitos de “malversación” y “usos ajenos a la función pública”. Dívar curso orden (nacional) de búsqueda, detención y personación contra Fernández por este caso el 29 de octubre de 2014.
Del Juzgado de Instrucción 3 marbellí también dimanó el procedimiento abreviado 207/2008, que pasó a ser enjuiciado en el Juzgado Penal 8 de Málaga por delitos contra la ordenación del territorio. Se trata del llamado ‘caso Obarinsa’, por el que la Fiscalía también ha pedido la extradición de Fernández. Ahora el juez Dívar debe pronunciarse. Fue el 11 de mayo de 2009 cuando se dictó una orden nacional de búsqueda, y personación (no detención) contra Fernández, al tiempo que le declaraba en rebeldía.
Por lo que respecta al Juzgado de Instrucción 1 de Marbella aparecen las diligencias previas 2178/2005 (pasaron luego al juzgado de lo Penal 7 de Málaga en lo que atañe al resto de exediles imputados por delitos contra la ordenación del territorio). El 17 de febrero de 2009 se cursaba una orden nacional de búsqueda, detención y personación contra el exteniente de alcalde del PA.
También en el Juzgado de Instrucción 1 de Marbella aparece contra Fernández el procedimiento abreviado 136/2007, que luego pasó al Juzgado de lo Penal 14 de Málaga, también por delitos urbanísticos y prevaricación. Fue el 7 de octubre de 2007 cuando se dictó una orden nacional de búsqueda, detención y presentación contra el ahora encarcelado en Argentina.
La orden nacional por ‘saqueo 2’
En el SIRAJ figura, además, la causa por el ‘caso saqueo 2’ que Fernández tiene pendiente con la Audiencia Nacional (AN) por malversación de caudales públicas, (ya juzgada en lo que respecta al resto de procesados. En este procedimiento penal hay cursada ya una petición de extradición al Gobierno español por parte de la Sección Tercera del citado tribunal que preside Alfonso Guevara, pero no figura como tal en el SIRAJ la orden internacional de detención cursada en 2014.
No obstante, en el SIRAJ sí consta que la AN dictó el 10 de julio de 2009 una orden de averiguación del domicilio de Carlos Fernández, así como su paradero. Así pues, de los archivos de Justicia se desprende que el tribunal del ‘saqueo 2’ comenzó a interesarse por averiguar el paradero de Fernández, sin ordenar su detención, cuando llevaba ya tres años fugado y pesaba contra él ya una orden internacional de busca y captura por ‘Malaya’
Ya el 8 de enero de 2013, cuatro meses antes de que se iniciara el juicio oral por el ‘caso saqueo 2’, el tribunal que presidía Alfonso Guevara dictó una orden nacional de búsqueda, detención e ingreso en prisión, como así consta en el SIRAJ.
Carlos Fernández custodiado por dos agentes de la Policía Federal Argentina tras su detención. FOTO/ Policía Federal Argentina
Este medio digital se ha dirigido por escrito a Ministerio de Justicia y está a la espera de recibir una versión oficial sobre los motivos por los que las diligencias 4796/2005 (caso Malaya) no figuraban en el SIRAJ a fecha 22 de septiembre pasado, ni tampoco la correspondiente orden de busca y captura internacional, dictada por el juez Miguel Ángel Torres en octubre de 2006 contra Fernández.
La visión de juristas expertos en el SIRAJ
Fuentes jurídicas consultadas, conocedoras del sistema SIRAJ, han apuntado que las órdenes internacionales pueden no recogerse en tales archivos si previamente constan las nacionales, como es el caso de lo que atañe a Fernández en ‘saqueo 2’. Por tal motivo inciden en su extrañeza ante la ausencia de rastro sobre ‘Malaya’ en SIRAJ y también les sorprende que en lo que respecta al ‘caso jugadores’ no se recogiera tampoco la orden nacional de busca y captura para ingresar en prisión con condena firme.
Por lo que respecta al procedimiento de extradición que se sigue entre Argentina y España, como ya informó Tiempo de San Juan el 25 de octubre es la fecha límite fijada por el juez federal Leopoldo Ramo Gallo para que las autoridades españolas reclamen a Carlos Fernández.
Ante la posibilidad de que vencido dicho plazo España no se hubiera dirigido al país austral resultan claves los autos de prisión incondicional, dictados por algunos jueces españoles, para que a Fernández no se le conceda la libertad condicional a la espera del juicio por extradición que debería celebrarse ante el Juzgado Federal 2 de San Juan.
Hasta el momento se acumulan tres peticiones oficiales de jueces ante el Gobierno español (dos del Juzgado 5 de Marbella y una de la Audiencia Nacional) y hay al menos otras cuatro peticiones de Fiscalía que tienen que resolver jueces de instrucción marbellíes. Todas irán, por separado, al Consejo de Ministros, cuyos miembros, con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tienen la última palabra a la hora de dirigirse al Ejecutivo argentino.
