El ministro de Justicia, Rafael Catalá, durante un acto del Partido Popular, en imagen de archivo. FOTO/ web PP nacional
El Ministerio de Justicia ha rechazado ofrecer su versión acerca de por qué el Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia, conocido como SIRAJ, no refleja las órdenes de busca y captura dictadas contra el prófugo del ‘caso Malaya’ Carlos Fernández durante los once años que estuvo fugado de España, tras asentarse en Argentina. Hasta allí huyó en junio de 2006, cuatro meses antes de que el juez instructor de la macrocausa contra la corrupción municipal marbellí, Miguel Ángel Torres, cursara una requisitoria internacional, a través de Interpol.
En respuesta al correo electrónico enviado por Marbella Confidencial, el gabinete de prensa que dirige el periodista Daniel Hidalgo, exsubdirector de Informativos de TeleMadrid y actual director de Comunicación del ministro Rafael Catalá, alega que “el SIRAJ es un sistema de registros NO PÚBLICO” (sic), así como que cualquier acceso al mismo “fuera de los supuestos expresamente tasados en el RD 95/2009, de 6 de febrero, constituyen una infracción perfectamente regulada”.
El Ministerio de Justicia invoca el RD 95/2009, de 6 de febrero, que regula en su capitulo II el acceso a la información contenida en los Registros “siempre con el objetivo de dar apoyo a la actividad de los órganos judiciales y del Ministerio Fiscal, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Cuerpos de Policía de las CCAA, con competencias plenas en materia de seguridad pública, y a otros órganos administrativos en el ámbito de las competencias delimitadas en el citado Real Decreto”, reza el correo electrónico fechado este miércoles 18 de octubre.
Desde el departamento de Catalá aclaran que, al margen de las administraciones e instituciones citadas anteriormente, “únicamente el propio interesado [Carlos Fernández] puede acceder a los datos relativos a su persona que consten en el Sistema, bien mediante la oportuna certificación, bien mediante exhibición”.
Así pues, inciden desde el gabinete de prensa de Justicia, que “cualquier otro acceso con una finalidad distinta de las anteriores, así como la vulneración del deber de guardar los datos relativos a infracciones penales, constituyen infracciones tipificadas y sancionadas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal”.
La repuesta concluye de la siguiente forma: “Con carácter urgente se ha solicitado una auditoría relativa a los accesos acaecidos al historial penal de D. CARLOS FERNÁNDEZ GÁMEZ, (sic) al objeto de depurar las responsabilidades oportunas”.
Información obtenida de forma lícita, a través de fuentes que han facilitado el soporte de papel
Como director de Marbella Confidencial aprovecho estas líneas para aclararles a los responsables del gabinete de prensa del Ministerio de Justicia, cuyo director es Daniel Hidalgo, que este medio de comunicación ha accedido a los documentos del SIRAJ reproducidos en su integridad el pasado 16 de octubre de forma absolutamente lícita, a través de fuentes que han facilitado la documentación en soporte de papel y cuya identidad no voy a revelar, obviamente, acogiéndome al secreto profesional que me ampara.
Diversas fuentes jurídicas y judiciales consultadas por esta redacción, con quienes se contrastó la documentación in situ en su momento, han mostrado su sorpresa ante la airada reacción del Ministerio de Justicia tras una petición formal de información que, más allá de que el SIRAJ sea un registro “no público”, tiene un gran interés informativo, al tratarse de de un prófugo de la Justicia española que ha permanecido asentado en Argentina durante los últimos once años.
El Ministerio de Justicia, apuntan las citadas fuentes, parece más interesado en aclarar cómo llega esta información sobre el historial penal de Carlos Fernández, de evidente interés público, a un medio de comunicación, en lugar de arrojar transparencia sobre los motivos que propiciaron que las órdenes judiciales cursadas para su captura en el ‘caso Malaya’ no consten en el SIRAJ.
Subrayan, además, que la investigación periodística publicada ha posibilitado conocer que el SIRAJ, en esta ocasión, “no ha servido de apoyo a los organismos judiciales, en contra de la función para la que fue creado, al no recoger todas las requisitorias que debían constar contra Carlos Fernández”.
De hecho, la ausencia de datos sobre ‘Malaya’ en tales archivos no es la única. Tal y como informó este medio digital tampoco están en el SIRAJ otras requisitorias dictadas, como la orden nacional de detención e ingreso en prisión, dictada por la Sección Tercera de la Audiencia de Málaga en 2007, tras la firmeza de la sentencia condenatoria por el ‘caso jugadores’.
De un total de, al menos diez causas pendientes contra Fernández, el Ministerio de Justicia reflejó en el SIRAJ requisitorias correspondientes a sólo seis sumarios.
Catalá propuso sancionar a medios por publicar información bajo secreto sumarial y luego rectificó
La pretensión del ministro Catalá de intentar responsabilizar, mediante sanciones, a los medios de comunicación por la publicación de determinadas informaciones no es nueva. En abril de 2015 el titular de Justicia se vio envuelto en una gran polémica, después de que propusiese sanciones para los medios que publicasen filtraciones bajo secreto sumarial
Tal anuncio ministerial provocó la airada reacción de las asociaciones de la prensa: “¿Qué periodismo de investigación se puede realizar si te cortan todas las alas?”, señaló entonces la presidenta de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España (FAPE), Elsa González.
Días después de sus declaraciones iniciales, tras la tormenta de reacciones generadas, Catalá rectificó y dijo que no proponía sancionar a medios. Explicó que “aludía a un debate en la Eurocámara” sobre presunción de inocencia.
El ministro aclaró que el Gobierno no tiene “ninguna propuesta en torno a la sanción de medios medios de comunicación”.
