La actual concejal de Derechos Sociales, Victoria Morales, y su antecesor en el cargo, Manuel Cardeña, dialogan durante el Pleno de noviembre. FOTO// marbellaconfidencial.es
La concejal de Derechos Sociales, Victoria Morales, ha instado este lunes a la agrupación local de Ciudadanos a que aclare los términos de la investigación que solicita para depurar posibles responsabilidades en el supuesto desvío de afectados por desahucios desde los servicios municipales a bufetes de abogados privados. “Tendría que aclarar el propio Ciudadanos a qué se refiere con una investigación”, ha señalado la edil.
La edil, de IU, ha asegurado que si Costa del Sol Sí Puede (CSSP), la marca local de Podemos, o Ciudadanos consideran que el supuesto desvío de afectados, que reveló la formación morada mediante diferentes testimonios, es un hecho “punible” pueden ponerlo en conocimiento del “estamento que corresponda”, en relación a la Justicia. “Si ellos consideran que debe hacerse una investigación lo que debe quedar claro es que no es una investigación política. En todo caso habría que informar al Departamento de Personal. No sé si lo que ellos pretenden es que se emprendan acciones contra una empleada municipal”, ha señalado.
“Desde que yo estoy en la Delegación de Derechos Sociales no se ha dado ninguna orden ni recibido ninguna información por parte de ningún usuario ni de la Plataforma Stop Desahucios de que haya existido esa mediación de personas”, ha agregado.
Cambios de empleados y de funcionamiento en la Delegación
La edil ha asegurado que, durante el año y medio que lleva al frente de la Delegación de Derechos Sociales, ha introducido cambios en la estructura de personal del servicio de intermediación hipotecaria que recibió del PP. Inicialmente, ha indicado, el Departamento de Vivienda Social e Intermediación estaba integrado por un inspector de viviendas, dos trabajadores sociales y una abogada. En la actualidad, el servicio lo prestan un inspector de vivienda y una psicóloga. Las labores de ambos se complementarían desde hace tres meses con la asesoría jurídica de un abogado externo al Ayuntamiento, después de que los dos trabajadores pasaran a desempeñar tareas que antes prestaban dos empleados jubilados y la abogada reforzara, a petición propia, la Unidad de Contratación del Consistorio a finales de verano.
Los cambios en la estructura de empleados se ha complementado con modificaciones en el funcionamiento del servicio. Con el PP, ha indicado Morales, los usuarios se dirigían directamente a la oficina de la vivienda, mientras que en la actualidad se entrevistan con trabajadores sociales que les derivan al servicio de intermediación hipotecaria.
“Hay una estructura totalmente distinta a la que heredé y la forma de trabajo en el propio departamento también ha cambiado”, ha indicado. Además, las prestaciones del servicio bajo el mandato ‘popular’ se reducían a un “asesoramiento legal”, distinto a las labores de “acompañamiento” que, según Morales, ofrece hoy la oficina de intermediación hipotecaria a los vecinos amenazados con perder sus viviendas.
La pretensión del Equipo de Gobierno, ha señalado la edil, sería hacer una oferta pública de empleo para contratar a un asesor jurídico en lugar de externalizar el servicio, iniciativa que “las leyes del PP” impiden hacer. “Con el actual personal de la Delegación es difícil cubrir ese servicio. Va más allá de lo que es un mero asesoramiento que, quizá, pudiera hacer el Ayuntamiento”, ha agregado.
El PP desmiente los desvíos de afectados
Morales ha asegurado que desconoce si en el mandato del PP se desviaban a afectados por desahucios desde la Delegación de Asuntos Sociales hacia abogados privados, o si había “orden” de hacerlo. Bajo su mandato, que comenzó hace año y medio, “no se ha dado ninguna orden al respecto, ni tengo conocimiento que me haya llegado informándome de que se haga ese tipo de prácticas”, ha asegurado.
El exresponsable de Asuntos Sociales durante el segundo mandato del PP, Manuel Cardeña, bajo cuya gestión se habrían producido los desvíos de afectados según los testimonios recabados por Podemos, ha asegurado que “nunca” se recondujeron a usuarios hacia abogados privados.
El edil del PP ha pedido al Gobierno local a través de las redes sociales que refuerce el personal del servicio de intermediación hipotecaria con trabajadores municipales incorporados desde otras áreas del Ayuntamiento o que se contraten empleados “como se ha hecho en Urbanismo”, en alusión a la incorporación de 17 técnicos a la Delegación que dirige Isabel Pérez, entre ellos siete arquitectos o tres arquitectos técnicos.
