El juez Gonzalo Dívar, sale de los Juzgados de Marbella, en una foto de archivo.
El movimiento ciudadano ‘Ni un metro de Marbella para otra población’, más conocido como ‘Antideslinde’ por su oposición a que se alteren los límites entre el municipio y Benahavís, ha cuestionado abiertamente la actuación del juez instructor del ‘caso PGOU, Gonzalo Dívar, titular del Juzgado 3, tras haber archivado el procedimiento penal en el que la Fiscalía denunció a la alcaldesa, Ángeles Muñoz, así como al vicesecretario municipal, Javier de las Cuevas.
A los miembros de la plataforma, que se reunieron por espacio de unas dos horas este jueves, “no nos entra en la cabeza” que el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella, Gonzalo Dívar, archivara de forma provisional el caso ‘PGOU’, ha indicado la abogada Cristina Falkenberg. “No entendemos cómo un señor tan culto y con tanta experiencia no sea capaz de ver lo que un niño de cinco años y que diga que es una cuestión menor y decrete su sobreseimiento provisional y archivo”, ha explicado.
“Tampoco entendemos que todos los pleitos que parecen afectar al PP y a Ángeles Muñoz caigan en el mismo juez. Este señor lleva cinco asuntos seguidos, lo que es de una probabilidad matemática del 0,00032 por ciento. Esa es la probabilidad de que cinco asuntos seguidos caigan en el mismo juzgado”, ha apuntado.
El colectivo teme que el regreso del PP al Gobierno local suponga “una vuelta a las andadas” en el caso ‘PGOU’, en el que se investigan supuestas irregularidades en la tramitación del plan urbanístico de 2010.
El colectivo, que ha mantenido este jueves la primera reunión pública desde que Ángeles Muñoz sustituyera a José Bernal en la Alcaldía, denuncia que la intención del equipo de gobierno es promover la declaración de suelo urbano consolidado para el recinto en el que se edifica el Centro Comercial La Cañada. El cambio de catalogación conllevaría unas consecuencias financieras “muy favorables” para el propietario del centro comercial, el empresario Tomás Olivo, que evitaría tener que entregar suelos al Ayuntamiento y costear obras de urbanización y obligaría al Consistorio a asumir el mantenimiento de la parcela, según ha señalado la abogada y portavoz del colectivo, Cristina Falkenberg, a Marbella Confidencial.
“También hemos observado que se ha puesto en marcha lo de las lindes en contra de los intereses de la ciudad. Hemos visto que se falsificó el PGOU (de 2010) y que siguen intentando sacar y dar ventajas de aquella falsificación y que no se acabó de hacer a gusto de todo el mundo. Uno de los pleitos de Olivo se debió a que le habían puesto cargas urbanísticas”, ha agregado la abogada.
A la cita de este jueves en un céntrico hotel acudió la edil de Costa del Sol Sí Puede, Victoria Mendiola. La concejal de la marca local de Podemos era miembro del movimiento ‘Antideslinde’ antes de su llegada a la escena política “y está personada a título personal en la defensa de los intereses de Marbella y en contra de las reclamaciones de Muñoz y su entorno”, ha señalado Falkenberg.
