La presidenta del PP de Marbella, Ángeles Muñoz, interviene en el Comité Ejecutivo Local.
El PP ocultó la sentencia en la que el Tribunal Constitucional (TC) anuló el artículo que empleó la Junta de Andalucía para retirar al Ayuntamiento de Marbella las competencias urbanísticas por el tiempo que transcurrió desde que 68 diputados del PP en el Congreso presentaron el recurso de inconstitucionalidad, en 2006, hasta que el alto tribunal dictó el fallo, en el verano de 2015, según ha señalado este viernes la concejal y presidenta del PP, Ángeles Muñoz.
“Es una sentencia que, en el caso de Marbella, desgraciadamente, viene diez años después. Ya se habían devuelto las competencias urbanísticas (desde la Junta al Ayuntamiento) y no tenía ningún efecto práctico. El TC nos da la razón diez años después, pero nos la tendría que haber dado antes”, ha explicado.
La demora en la resolución del recurso del PP hace que la sentencia tenga valor jurídico, pero no práctico ya que la Junta devolvió al Consistorio las competencias en Urbanismo en 2007, un año después de que las asumiera, ha explicado Muñoz.
Una resolución inmediata del TC habría evitado que la Junta “usurpara de forma ilegal” las competencias urbanísticas de Marbella. “Si la Junta no estaba de acuerdo con que se estableciera una comisión gestora (tras la disolución de la Corporación municipal, en 2006) y que ésta asumiera las competencias urbanísticas se tendrían que haber convocado elecciones”, ha señalado Muñoz, que accedió a la Alcaldía en los comicios locales de 2007.
La exregidora ha asegurado que era “cien por cien” partidaria de que las competencias municipales en Urbanismo las mantuviera el Consistorio y ha calificado de “atropello” que las asumiera la Junta. “Lo digo yo y lo dice la ley”, ha añadido.
La Junta acaparó “a la carta” las atribuciones urbanísticas para poder contratar al equipo redactor que elaboró el PGOU de 2010 (anulado por el Tribunal Supremo a finales de 2015) y que “se lo devolvió hecho al Ayuntamiento junto con las competencias en la materia”, según la también senadora.
Muñoz conocía el contenido del fallo
La exregidora ha asegurado que conocía el contenido de la sentencia a pesar de que éste no ha trascendido hasta un año y medio después de ser dictado y que “lo comentamos” con terceras personas. “Desgraciadamente, es una pena que (la sentencia) llegara tan tarde”, ha lamentado.
Los diputados del PP impulsaron el recurso para que el alto tribunal se pronunciara sobre la legalidad de varios artículos de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, entre los que se encontraba el que utilizó la Junta para atribuirse la capacidad de retirar las competencias en Urbanismo de los consistorios andaluces. El fallo es, por ello, un “varapalo importante” a la política urbanística de la Junta y una “muestra más” de los errores del Ejecutivo regional. “La sentencia no habla sólo de Marbella. Le da un varapalo importante a la actuación de la Junta, a su ámbito competencial y a su Ley del Suelo”, ha agregado.
La formación conservadora se opuso a la retirada de competencias, anunciada por el entonces presidente del Ejecutivo autonómico, Manuel Chaves, desde que el exdirigene socialista anunciara el inicio del expediente, el 29 de noviembre de 2005, en una multitudinaria rueda de prensa, como secretario general del PSOE andaluz, celebrada en el Hotel Fuerte Miramar de Marbella
Cabe recordar que la posición de la entonces concejala del PP Ángeles Muñoz fue muy crítica, con respecto a que la Junta retirara las competencias urbanísticas a un gobierno presidido por exgilistas, tránsfugas del PSOE (los dos ediles del PA ya habían sido expulsados).
El PP, contrario a la retirada de las competencias
Fue el 18 de marzo de 2006 cuando la Junta ejecutó formalmente el inicio del expediente. En ese momento aún regía el Consistorio la alcaldesa Marisol Yagüe, marioneta de Juan Antonio Roca. Ambos, junto a otros munícipes, constructores y promotores, serían detenidos doce días después, en la primera fase de la llamada ‘operación Malaya’, contra la corrupción municipal.
Desde el inicio del expediente de retirada de competencias los actos del PP, contrarios a tal medida, confluyeron con los de los gobernantes gilistas. De hecho, el exministro de UCD Manuel Clavero Arévalo, en representación del Ayuntamiento de Marbella gobernado por el alcalde accidental Tomás Reñones (GIL) –detenido días después en ‘Malaya’– interpuso un recurso de reposición frente a la Junta, previo al que luego interpondrían 68 diputados del PP en la Cámara Baja, capitaneados por Ignacio Astarloa, exsecretario de Estado con Aznar.
Tanto Ángeles Muñoz, como Javier Arenas, fueron muy críticos en todo momento con la actuación de la Junta, que alegó el rescate del urbanismo ante el caos y la corrupción que imperaban en la ciudad. Todo ello conllevó que en abril de 2006 se disolviera el Consistorio que presidía Tomás Reñones, ahora condenado en ‘Malaya’.
