La edil del PP y senadora, Ángeles Muñoz, este miércoles durante una reunión con trabajadores y clientes del mercado municipal de Divina Pastora. FOTO// marbellaconfidencial.es
Ángeles Muñoz ha asegurado este miércoles que el director general de Urbanismo del Ayuntamiento durante el proceso de elaboración del PGOU de 2010, Juan Carlos Fernández-Rañada, no estuvo en la reunión en la que, según la Junta de Andalucía, se introdujeron en el planeamiento las modificaciones que investiga la Justicia. “El señor Rañada no estuvo en esa reunión. No fue a la reunión”, ha indicado.
Según la Junta, aquel día se organizó la última de las reuniones técnicas antes de que el Pleno sancionara el PGOU en primera instancia. En la cita, al que acudió Fernádez-Rañada, se trataron diferentes propuestas de modificación que el Ayuntamiento quería introducir en el PGOU. La Junta, según la versión de ésta, se negó al entender que “no procedían dichos cambios”. Entre las alteraciones que quería introducir el Consistorio figuraba la de la “corrección del límite del término municipal” de Marbella, a lo que la Junta respondió que la modificación dependía de un dictamen que el Consejo Consultivo de Andalucía, que depende del Gobierno autonómico, aún no había elaborado.
La resolución del ente regional, según el relato de la Junta, se produjo el 15 de enero de 2010, casi seis meses después de la reunión. Cuatro días más tarde, el 19 de enero, la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta, solicitó al Director General de Administración Local, órgano también del Gobierno regional, que iniciara “de oficio” el procedimiento de alteración del término municipal de Marbella con Benahavís, “de conformidad con el dictamen citado del Consejo Consultivo”.
El encuentro del 27 de julio se celebró, ha señalado la también senadora ‘popular’, entre el equipo redactor del PGOU, Territorio y Ciudad, y la Junta, “tal y como el equipo redactor informó por Registro de Entrada del Ayuntamiento”, en referencia al escrito elaborado el 28 de julio por un miembro de la oficina de urbanistas y presentado en el Consistorio al día siguiente para dar cuenta de la reunión.
Un error en las fechas
Muñoz ha atribuido el equívoco sobre la, según ella, presencia de Fernández-Rañada en la reunión a un posible error del técnico de la Junta que informó al juez, el jefe de Servicio de Planeamiento Urbanístico, Antonio Becerra. “No hay actas de esas reuniones y es posible que se haya confundido en las fechas. Estoy convencida de que el señor Becerra no se acordará exactamente de las fechas porque el señor Rañada no fue a esa reunión”, ha señalado.
Becerra señala en el escrito con el que traslada al juez la versión de la Junta que tuvo que acudir a”algunas” reuniones que el Gobierno regional mantuvo en Sevilla con el equipo redactor o el Ayuntamiento entre mayo y julio de 2009 ya que el cargo de director general de Urbanismo de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio estaba vacante. El puesto fue ocupado el 1 de septiembre, fecha a partir de la cual Becerra dejó de asistir a los encuentros.
Muñoz ha calificado de “ridículo e incongruente” que la agrupación local del PSOE, personada en la causa, proponga que los integrantes del equipo redactor declaren como testigos sobre lo que aconteció en la reunión del 27 de julio al mismo tiempo que el Ayuntamiento, gobernado por en coalición por los socialistas, OSP e IU, se niegue a facilitar al juez la información necesaria que les pueda citar.
“El Ayuntamiento está al servicio del PSOE en una causa que es política. El PSOE hace el ridículo cada vez que da una rueda de prensa. Lo que tendría que hacer es dejar trabajar a la Justicia. Queremos que, cuanto antes, se esclarezcan los hechos”, ha concluido.
