Imagen de archivo del vertedero, cuando se produjo un incendio. Foto/ Marbella 24 Horas
El Gobierno local sellará en un mes una instalación de la que el portavoz municipal, Miguel Díaz, ha destacado su “ilegalidad y su pretendido carácter ambiental”.
El recinto albergaba “una actividad contraria a cualquier normativa ambiental y criterio de sostenibilidad o de protección del medio ambiente. Es uno de los puntos negros en materia medioambiental que sufre el municipio en los últimos años”, ha señalado.
Las ilegalidades en las que incurre la instalación han llevado a la Junta de Andalucía a abrir un expediente sancionador por “la práctica muy grave de utilizar un vertedero irregular” y por el que podría reclamar al Consistorio hasta dos millones de euros, según ha reconocido Díaz.
Sin embargo, el Gobierno local confía en que el cierre del vertedero exima al Ayuntamiento de “la amenaza” de pagar la multa.
El vertedero, que entró en funcionamiento en 1998, carece de las autorizaciones medioambientales que permiten su instalación y de las licencias administrativas pertinentes para tratar los residuos.
Las malas condiciones en las que se encuentran las instalaciones han provocado en los últimos años la aparición de “recurrentes incendios”, especialmente en temporadas de altas temperaturas.
Entre los residuos “enterrados literalmente” en el vertedero destacaban los muebles que los vecinos depositaban en los contenedores de recogida de las calles y que eran el origen de la mayor parte de los incendios.
El teniente de alcalde de Sostenibilidad, Miguel Díaz (IU), este martes en rueda de prensa. Foto/ marbellaconfidencial.es
Desde septiembre, los muebles en desuso se trasladan a una planta de tratamiento que la empresa concesionaria de la recogida de residuos tiene en Casares.
“El objetivo del vertedero era almacenar escombros de obras, pero con el paso del tiempo se han ido vertiendo otros elementos”, ha indicado.
El Ejecutivo municipal pedirá a la Delegación de Urbanismo que en el futuro PGOU se contemplen suelos para construir un centro de tratamiento de residuos.
Los terrenos, ha apuntado Díaz, “tendrán que cumplir los condicionantes necesarios para poder promover de forma legal y con todas las garantías ambientales una nueva instalación”.
El Gobierno local tratará de lograr fondos comunitarios con los que financiar el sellado del vertedero, la única salida posible para el recinto y cuyo coste ronda los dos millones de euros, según Díaz.
“Vamos a defender los valores medioambientales y el cumplimiento de las buenas prácticas sostenibles. Y también la legalidad”, ha indicado Díaz.
El portavoz ha asegurado que el cierre de la instalación no alterará “el día a día” del servicio de recogida de los residuos, ya que los objetos inservibles se trasladarán a las instalaciones de Casares.
Otro de los “déficit” del municipio son los puntos limpios. El portavoz ha asegurado que el municipio carece de estos emplazamientos en los que depositar materias orgánicas, como los restos de las podas.
“Primero terminaremos con las prácticas irregulares y luego sentaremos las bases para cubrir los déficit con nuevos equipamientos”, ha concluido.
